Tener
la dignidad para comprender los reclamos de la ciudadanía
Se
observa que el propósito del gobierno no tiene otro sentido que el de
controlar. Incluso quienes adversan las posiciones del ministro, consideran que
hay que revisar algunos asuntos, pero denuncian que la normativa constituye un
atentado contra la igualdad y que además de introducir elementos ideológicos,
discrimina en ciertos contenidos.
Mientras
el funcionario demuestra estar dispuesto a imponer su proyecto a como dé lugar,
las calles esbozan una realidad distinta. Existe un sentimiento en el que
profesores y alumnos salen a manifestar contra una normativa que cercena
cualquier principio de equidad.
La
calle bullía de descontento, pero el ministro era firme a su idea y se ufanaba
de contar con apoyos irrestrictos, muchos de ellos vinculados al partido de
gobierno.
Finalmente,
con una situación de crisis, al funcionario no le quedó otra medida que
presentar su renuncia, la cual al cabo de unos días fue aceptada por el Poder
Ejecutivo.
Humberto
García Arocha presentó su dimisión del despacho de educación el 9 de junio de
1946, indicando entre otras razones que su Decreto-Ley 321 que regulaba las
"Calificaciones, Promociones y Exámenes en Educación Primaria, Secundaria
y Normal" no había sido respaldado por la Junta Revolucionaria de Gobierno
y las presiones habían llevado a suspenderlo. El cuerpo colegiado que regía
Venezuela acotó que la actitud no había sido vacilante, sino responsable, pues
no era prudente tomar decisiones apresuradas.
Cuando
uno se pregunta el porqué de las actuaciones de García Arocha y de Rómulo
Betancourt, observa que ambas figuras eran estadistas. Pero además de ello,
tenían dignidad para comprender los reclamos de la ciudadanía, virtud que
tristemente le falta en demasía a otros funcionarios.
luisdalvarezva@hotmail.com
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