HUMBERTO GARCÍA LARRALDE, LA ABOLICIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA AUTÓNOMA

El presente conflicto universitario es distinto a los anteriores. Si bien presenta reclamos similares de parte de profesores, empleados y estudiantes –sueldos bajísimos, insuficiencia presupuestaria, dotación insuficiente de servicios, violación del régimen autonómico- se distingue por poner a descubierto de manera clara e irrefutable que el verdadero propósito de la contraparte oficial es la liquidación de la universidad autónoma. 

La bajísima remuneración de profesores, empleados y obreros, así como la ridícula asignación para becas estudiantiles, aglutinan la atención principal del conflicto en los actuales momentos, pero la ofensiva contra estas universidades no se para ahí.

Los universitarios exigíamos un 100% de incremento retroactivo al comienzo de 2013 como base para negociar ajustes futuros. En el caso de los profesores éstos deberían ser conforme a lo dispuesta en las Normas de Homologación vigentes. La oferta de aumento escalonado es, por tanto, una burla, pues para cuando termine de ejecutarse ya la inflación se habrá comido la mayor parte. Para mayor provocación, el ministro se niega a reunirse con la Federación de Asociaciones de Profesores universitarios de Venezuela (FAPUV), con más de 40.000 afiliados, para negociar una supuesta Convención Colectiva Única con una federación fantasma que no representa a nadie. Más aun, se intenta meter de contrabando en ese adefesio de contratación, normas que confiscan atribuciones de los Consejos Universitarios en materia de ingreso y ascenso de profesores y empleados, así como otras potestades administrativas que les consagra la Constitución y la Ley de Universidades, y para imponer el “socialismo” como norte de los procesos de transformación universitaria. La negativa a atender las justas aspiraciones salariales de los universitarios y la pretensión de controlar sus carreras buscan quebrarle el espinazo al recurso más preciado de estas instituciones, su talento, para acabar con su resistencia a los designios totalitarios del oficialismo, de una vez por todas.

Luego está la asfixia presupuestaria progresiva que, cual tragavenado, va privando a la institución de su aliento vital al negarle las partidas para reponer los cargos de los que se jubilan; los recursos para la compra de equipos e insumos y para mantener adecuadamente la infraestructura existente; la dotación de divisas para enviar becarios al extranjero, asistir a simposios y congresos académicos internacionales para estar al día con los avances del conocimiento; y las providencias para sostener satisfactoriamente los servicios de apoyo estudiantil. El Gobierno busca forzosamente convertir a las universidades autónomas en una especie de gran liceo que forme el personal técnico que requiere los planes oficiales, dedicados al cómo resolver lo que el gobierno decide, pero negándoles la potestad de indagar sobre el que y el por qué de ello, labor cardinal en la prosecución del saber. A pesar de que seguirían en pie los edificios, progresivamente deteriorados, y profesores mal pagados continuarían dictando clase, cada vez con mayor desgano, esto ya no podría llamarse Universidad.

En tercer lugar, se arremete contra las universidades con una batería de artificios jurídicos y leguleyos que socavan la autonomía universitaria y obligan a éstas a adoptar decisiones que desnaturalizan su propósito, para ponerlas a disposición de los dictados de la secta política actualmente en el poder. Es el caso de la primitiva y retrógrada Ley Orgánica de Educación, instrumento legal que en vez de plantear cómo enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento, reivindica “saberes ancestrales” para enfrentarla. El artículo 34 de esta ley pretende que las universidades autónomas se hagan un hara-kiri y acuerden un reglamento electoral para que voten profesores, empleados, estudiantes y egresados con el mismo peso, una persona un voto. Con ello se desconoce el fin académico de este proceso electoral y la ponderación que en él deben tener profesores y estudiantes; pone en manos de los egresados, los que ya no hacen vida en la universidad, la decisión sobre quienes deben ocupar sus cargos de dirección. Con base en este exabrupto, el TSJ ha impedido la realización de las elecciones que, por ley, deben realizarse en cada universidad autónoma para reponer sus autoridades, alegando que éstas deben hacerse conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo 34. Luego, con el mayor cinismo y desfachatez, acusan al equipo directivo de “querer perpetuarse en el cargo” (¡!) Adicionalmente, están las medidas cautelares que suspenden la colocación de puertas para resguardar el recinto universitario de la UCV contra la acción de bandas delincuenciales dedicadas a destruir sus instalaciones y atemorizar a la comunidad, y que revierten procesos de sanción reglamentaria al más conspicuo de estos facinerosos, Kevin Ávila.

En cuarto lugar se ampara y se le da beligerancia a estas hordas fascistas para que, armadas y validas de bombas lacrimógenas, agredan a estudiantes y profesores, incendien vehículos y destruyan obras de arte y estructuras universitarias. Son 61 agresiones de este tipo denunciadas por las autoridades de la UCV ante el CICPC y la policía en los últimos 5 años, con apoyo de videos y testimonios de testigos, que siguen impunes. Estos fascii di combattimento promueven el terror para atemorizar y desmoralizar a los universitarios, y destruir su disposición y valentía de hacerle frente a la violencia sólo con las armas de la razón. El mundo al revés, pues. El propio Kevin Ávila fue transmutado de malandro en héroe por el mismísimo presidente Chávez, quien le alzó la mano en un acto público como “ejemplo de lucha revolucionaria” (¡!). Éste mismo delincuente, luego de agredir salvajemente a estudiantes y a un profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la UCV el pasado miércoles 12 de junio, es recibido por sus partidarios en la Asamblea Nacional para denostar contra esta Casa de Estudios. ¡Y todavía quieren hacernos creer que los oficialistas no respaldan la violencia y las acciones vandálicas contra la institución!

Por si faltara algo en este arsenal de destrucción, se criminaliza a la protesta desde los más altos cargos del Gobierno. El ministro Rodríguez Torres, de Interior y Justicia, tuvo el tupé de acusar a los estudiantes de “acciones desestabilizadoras promovidas por la extrema derecha” (¡!), para convalidar la represión en su contra, como la de la Guardia Nacional en Lara. Peor aun, quien se ganó limpiamente el apodo de “Mentira Fresca” en las pasadas elecciones y que hoy ocupa ilegítimamente la Presidencia, ese mismo que se ufanaba de reuniones de trabajo con un presidente que estaba más allá que de acá y quien “le había estrechado vigorosamente la mano”, el mismo que se la pasa inventando conspiraciones en su contra sin presentar la más mínima prueba, este señor con credibilidad en el subsuelo tiene la desvergüenza de acusar a la Rectora de la UCV de mentir con relación a la insuficiencia presupuestaria (¡!). Haciendo gala de la técnica Goebbeliana de repetir hasta el cansancio una falsedad hasta convertirla en “verdad”, invoca la manida falta de transparencia de la UCV en el manejo de sus recursos, siendo que es la institución más auditada por los poderes públicos que se haya conocido en Venezuela.

El oficialismo no acepta la existencia de instituciones que por su prestigio, servicios a la nación, conocimientos, ascendencia intelectual y ética bien ganada, y defensa inquebrantable de la pluralidad del pensamiento, constituyen el baluarte más eficaz contra sus pretensiones de imponer un régimen totalitario. 

El fascismo no tolera la conciencia crítica e independiente, pues anula sus propósitos por afianzar un pensamiento único que legitime, a través de la manipulación maniquea de símbolos caros a la nación, su perpetuación en el poder. Requiere blindarse con mitos que alienten pasiones ancestrales que activen el nosotros contra los enemigos –ellos-, los que piensan diferente y no aceptan que se les coarte su libertad. 

En dos platos, el fascismo se nutre de la ignorancia, del oscurantismo sectario, de visiones estrechas y distorsionadas de la realidad. De ahí que sean las universidades autónomas el mayor obstáculo para sus ansias de poder. De ahí la ridícula aseveración de que quienes buscan el saber en un ambiente de contrastación de ideas, donde se alienta a la pluralidad y se autogobierna democráticamente, representa la “extrema derecha” (¡!). 

De ahí la necesidad de injuriar a quienes ocupan posiciones de liderazgo en la institución, en primer lugar a la rectora García-Arocha, profesora íntegra y universitaria a carta cabal, como al equipo que la acompaña, y alentar la barbarie: ésta no puede imponerse sin rebajar la civilidad, la dignidad, el respeto, la decencia y la cultura de respeto en democracia.

Pero se equivocan. Los valores de la libertad, del progreso, del ejercicio creativo del pensamiento, del respeto por el Estado de Derecho, más temprano que tarde se impondrán a las fuerzas de la ignorancia, la arbitrariedad y el atraso. Ahí están los valerosos estudiantes, haciendo uso de una movilización creativa para defender su futuro y el del país, y arriesgando incluso su salud en huelgas de hambre para que el gobierno entienda lo que está en juego. Sabrá la universidad autónoma, en nombre de estos valores, hacer suya la fuerza de la dignidad y del coraje esgrimida por el rector Miguel de Unamuno en su respuesta a la barbarie militar del General falangista Millán Astray, quien irrumpió en el claustro de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936 en plena Guerra Civil española gritando “¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!:

“Este es templo de la inteligencia. Y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. (...) Venceréis pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: la razón y el derecho en la lucha”.

La diferencia está en que, en la Venezuela actual, no vencerán.

humgarl@gmail.com

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