martes, 26 de febrero de 2013

JOSE FELIX DIAZ BERMUDEZ, EL GOLPE DE ESTADO DEL 23F EN ESPAÑA

La imagen de soldados apuntando con sus armas a los representantes del pueblo, disparando en el sitio donde sólo debía escucharse la voz de la Nación y de la ley
ANTONIO TEJERO MOLINA 
La historia política hispanoamericana registra el 23 y el 24 de febrero de 1981 un hecho singular: el fallido golpe de Estado realizado en España cuando un grupo de guardias civiles encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero, irrumpieron de manera violenta en las cortes durante la designación de un nuevo presidente, secuestrando así a los integrantes del poder legislativo y ejecutivo. La nueva democracia española, luego de la dictadura del general Francisco Franco, enfrentaba la amenaza del militarismo, so pretexto de defender la unidad del país.
La imagen de soldados apuntando con sus armas a los representantes del pueblo, disparando en el sitio donde sólo debía escucharse la voz de la Nación y de la ley, ha quedado grabada como uno de los más penosos actos del autoritarismo en el siglo XX.
Horas de gran incertidumbre se vivieron en España. En la madrugada del día 24, el Rey don Juan Carlos I, responsable del mando supremo de las Fuerzas Armadas, efectuó un histórico pronunciamiento: “La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum”. Asumía de esa manera la defensa de la democracia vilmente atacada. Igualmente, millones de ciudadanos se abalanzaron a las calles, testimoniando su determinación política de no regresar a la época dictatorial. El franquismo (1939-1975) impuso un gobierno de represión y violencia política de orientación fascista, luego de una dramática guerra civil.
No obstante la gravedad de los sucesos, el Consejo Supremo de Justicia Militar dictó penas insuficientes contra los implicados, las cuales fueron ampliadas por el Tribunal Supremo.
Don Adolfo Suárez, expresidente del gobierno, figura civil determinante en el proceso de transición de España hacia la democracia, reclamó el ejemplar castigo a los culpables, y advirtió:
 “…La crisis de la democracia implica necesariamente la crisis de todas las instituciones españolas (…), que sólo en el orden democrático que el pueblo español, en el ejercicio legítimo de su soberanía, se ha dado a sí mismo encuentra su verdadero sentido y fundamento”. “(…) una crisis de este tipo abriría paso al miedo como factor determinante de la política española. (…) No hay libertad bajo el miedo, no hay derechos ciudadanos bajo el miedo, no se puede gobernar bajo el miedo. (…) el miedo traería consigo la involución de la vida española”. “Con la involución viene el separatismo institucional, (…), cuyas consecuencias la historia por desgracia nos ha mostrado”.
 “Atentar contra este hecho es subvertir el orden institucional, hacer prevalecer la fuerza contra la legitimidad, tratar de usurpar la jerarquía cívica en aras de una presunta disciplina que se podría ejercer contra los supremos intereses del pueblo”. “Es preciso dejar muy claro que en España no existe un poder civil y un poder militar. El poder es sólo civil”, aseguraba Suárez, con rectitud histórica y consecuencia democrática.
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