La dirigencia política sigue de cerca las
desventuras de los presos y exilados políticos, de los perseguidos, de los
sometidos al acoso físico e institucional por los ejecutores de la violencia y
de la represión del régimen.
Es necesario. No desmayar en el seguimiento, ni
descansar en la denuncia dentro y fuera del territorio, es un deber imperativo
que no podemos descuidar. Lamentablemente la insensibilidad oficial deja sin
efecto los esfuerzos que se hacen. Tal cosa sólo es explicable porque se trata
de una política estudiada y definida para atemorizar, desmoralizar y, con ello,
paralizar unas voces disidentes cada día más criminalizadas penalmente.
Pero en esta ocasión, debemos abordar,
nuevamente, el tema de los mal llamados presos “comunes”. Ciudadanos sin
dolientes de mayor importancia, provenientes de familias poco conocidas y sin
relación con sectores poderosos. Tienen dificultades para sostener sus causas
en los tribunales y hasta para llegar a ellos. La mayoría está sin debido
proceso y sin esperanza de un mañana mejor. No pertenecen a la categoría del
crimen organizado fuera de los sitios de reclusión, aunque algunos quizás hayan
prestado algún servicio y luego, abandonados a su propia suerte. Normalmente
quienes permanecen en las estructuras del crimen organizado, están vinculados a
sectores poderosos de la vida nacional, incluidos el alto gobierno y grupos
económicos, sociales y militares que gozan de la total impunidad garantizada
por el régimen.
Quienes carecen de semejantes recursos,
fácilmente caen en manos de pandillas de autodefensa en los sitios de
reclusión. Están dirigidas por los llamados “pranes” y progresivamente logran
tener contactos importantes con el crimen organizado, llegando a disponer de
recursos económicos y materiales tales que, por la vía de las complicidades con
las autoridades internas y externas, se garantizan un mínimo de seguridad. Esto
se mantiene hasta que las diferencias internas, los pases de factura y las
tensiones con quienes los proveen de armas e impunidad, provocan
enfrentamientos con saldos de decenas de muertos y centenares de heridos en
cada confrontación.
El caso Uribana es un ejemplo dramático.
Hasta el domingo había 62 muertos y 120 heridos registrados. Van 723 desde que
Iris Valera fue nombrada ministra del ramo. Nadie da la cara. Reinan el
disimulo y la mentira. La vida no vale nada en las cárceles, ni en la calle.
oalvarezpaz@gmail.com
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En lo único que le voy a contradecir, es en que aunque el gobierno trate de anular todo el esfuerzo que la oposición, ya sea de la MUD, o independiente, no nos, ni los deja sin efecto.
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