miércoles, 9 de mayo de 2012

JOSE ERNESTO PONS BRIÑEZ, EL PROGRESO COMO POLITICA DE ESTADO.

Me interesa hacer una breve reflexión sobre las “políticas de estado”.  Se entiende por política de estado, aquellas políticas que forman parte de las estrategias centrales de un país.  Son políticas que no varían a pesar del color político-ideológico de cada gobierno. Estando en gran parte reflejas en los ejes constitucionales, áreas que queden fuera o líneas no muy claras se deberán establecer también en este contexto.

Encontrar consenso para el establecimiento de políticas de largo plazo no es tarea fácil, sino se conciben tal cuales son. Si bien hay temas que deben guiar el norte de tales PE como, la redistribución equitativa de la riqueza, la justicia social, el combate sobre el hambre y la pobreza, la promoción de las economías regionales, el crédito accesible para las unidades productivas pequeñas y medianas, el fortalecimiento de las cadenas de valor en industrias estrategias en función del desarrollo ecológico, económico y social, la educación pública, la salud, entre tantas otras, sean políticas de estado.

El problema es que especialista y otros conocedores del área no coinciden, sostienen que las políticas de desregulación (encubiertas o explícitas) de distintos mercados tienen que ser políticas de estado. Deberemos entenderla para diferenciarlas de las acciones de gobierno en pro del bienestar del colectivo, enmarcadas en políticas de estado que tendrán la responsabilidad de la continuidad de fondo, siendo las formas, la que se conciban bajo la administración del momento.

Por otra parte, el hecho y las realidades afectan el establecimiento de estas políticas. Primero los gobiernos no ha logrado establecer la construcción institucional que consolide el largo aliento de varias de estas medidas por lo cual aún es difícil clasificar estas estrategias como políticas de estado. Por otra, la volatibilidad del consenso político hace altamente probable que futuros gobiernos no acuerden con esta recopilación (ya sea en todo o en parte).

Lo cual nos obliga a redoblar el paso de establecer este marco del progreso dentro de las líneas de acción y que respondan a un plan de políticas de estado que coincida con tales acciones. Deberemos urgentemente “poner la carreta en la misma dirección de los caballo que la tiran”. Es por ello que bajo estas condiciones de la Venezuela de hoy, hay que optar por la inclusión y la amplia base de un gobierno que se basa en el Progreso para accionar los cambios.

Coincidiendo con la óptica de Hache. El caso venezolano es diferente a otros en Latinoamérica. A veces da la impresión de que el Estado Venezolano actual, es tratado y así se considera como tal, un ente todopoderoso que se puede conducir sin política. En la suposición de que los burócratas administrativos del estado que tienen vinculación partidista con las formas del gobierno, realizan sin resultados alguno estas “política de estado”;  el problema para la implementación como resultado,  no logran “cuajar” en el hecho de ofrecer respuestas cónsonas a las circunstancias.

Hasta la fecha se ha notado una ausencia manifiesta de políticas de estado, en términos de fortalecer los estándares de vida de la ciudadanía. La estabilidad de una política gubernamental es deseable, porque ofrece a la población una sensación de seguridad en el ámbito económico, social; permitiendo mejorar las expectativas de los actores sociales a corto, mediano y largo plazo. Lo cual sumado a las irregularidades de la administración han creado un profundo caos cultural y económico en la nación.

De forma resumida podemos inferir, que las políticas de estado deben proveer espacios dentro de los cuales puedan vislumbrarse diversidad de criterios, pues esto flexibiliza el espectro de participación y direcciona los procesos comunicacionales, en forma tal de acoger acciones compactas, respetadas por todos los actores participantes e involucrados, que sean duraderas en el tiempo, con modificaciones o transformaciones según requieran las circunstancias de cada país, para contrarrestar la acción de factores exógenos o endógenos.


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EDDIE A. RAMÍREZ S., ¿OTROS APONTE?

En el siglo pasado se ordenaban detenciones y otras medidas punitivas sin fórmula de juicio, ya que no era necesario guardar apariencias. Hoy, las declaraciones del corrupto coronel y Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte avalan lo que era evidente: el teniente coronel dictador siglo XXI sí requiere guardar formulismos y para ello exige la sumisión de jueces y fiscales. En este artículo solo nos referiremos a algunos casos relacionados con los trabajadores ilegalmente despedidos de Pdvsa.

Caso desalojos de viviendas y atropellos en Campo Petrolero de Los Semerucos, Estado Falcón: La ocupación de esas viviendas  estaba regida por  las relaciones contractuales y cuando se produjeron los violentos e ilegales desalojos esa relación de trabajo no estaba legalmente terminada. Recordamos las agresiones a niños, ancianos, mujeres y hombres en horas de la madrugada por parte de los chacales del Destacamento 44 de la Guardia Nacional.  En este caso intervinieron Camilo Hurtado, Juez Cuarto Civil; Marcos Rojas, Juez Superior Civil, Libeta Valbuena, Juez Municipio Carirubana; Isabel Angulo, Juez Titular de Ejecución del Municipio Carirubana y la abogada Carnevali, Fiscal de Protección del Niño y del Adolescente.

Caso Punta de Mata, Estado Monagas: Los jueces Zoraida Gofre y José Tomás Barrios ordenaron los desalojos ilegales, los cuales ejecutó la juez María Zambrano. Caso San Tomé, Estado Anzoátegui: El desalojo lo ordenó Ramón Guevara, Juez de Cantaura y los ejecutó la juez Mayra Millán. En Anaco la juez Ejecutora fue María Bolívar. 

El 26 de febrero 2003 el Fiscal José Benigno Rojas acusó a ocho de nuestros miembros de Gente del Petróleo por el paro cívico del 2 de diciembre, entre ellos a Horacio Medina, Juan Fernández, Edgar Paredes, Edgar Quijano, Lino Carrillo y Juan Santana; la Juez  Belky Cedeño dictó privativa de libertad. Posteriormente la Sala Constitucional dictaminó que el proceso era nulo y ordenó reiniciarlo y el 21 de diciembre del 2004 volvieron a dictarles privativa de libertad a pesar de que se habían presentado a todas las audiencias. 

Esta denegación de justicia los obligó a exiliarse. Hay que agregar que tanto los Tribunales Laborales, como los Inspectores del Trabajo rechazaron los alegatos de los casi 23.000 despedidos, a pesar de que algunos estaban de vacaciones o de reposo médico. 

Por otra parte, Omar Mora y otros jueces negaron  jubilaciones aprobadas y con derecho adquirido. Como somos afectados, no podemos afirmar que la verdad está de nuestro lado, por lo que solo solicitamos se investiguen estos casos, ya que hay muchos  otros Aponte.

Como en botica: Hay asesinatos  y fugas en las cárceles, cortes de electricidad y escasez de gasolina, pero el régimen sostiene que son inventos de los medios.   El deseo de retirase  de la CIDH es inconstitucional y una señal de  que seguirán violando los derechos humanos. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados! 

eddiearamirez@hotmail.com

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ALFONSO MOLINA, EL SECRETO COMO FORMA DE GOBIERNO,

En los últimos doce meses Venezuela ha vivido en la incertidumbre. La enfermedad del Presidente era un secreto hasta que lo inevitable se reveló en junio pasado. Pero el lugar donde tiene el cáncer sigue siendo un secreto y el tipo de operaciones que le han practicado y los tratamientos que le han aplicado son secretos a medias. 

Hoy nadie sabe cuál es su estado de salud real. Es secreto. Como secreta fue hasta hace pocos días la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (esa larguísima LOTTT), aunque los miembros de la comisión de expertos venezolanos que la “elaboró” declararan públicamente sus bondades. Ni ellos mismos la conocían. 

Es un ley que esconde sus verdaderos alcances con una retórica obrerista. Los cumple casi en secreto. Tampoco  nadie sabía que el Presidente iba anunciar la creación del Consejo de Estado. También era un secreto. Diosdado, Jaua y Maduro se quedaron de piedra cuando la anunció. 

Estamos ante el secreto como método de gobierno. Es decir, la incertidumbre, la sospecha, las medias verdades, las mentiras absolutas, “lo más seguro es que quién sabe”. 

Pero lo más interesante es que los secretos se piensan, crean y difunden desde La Habana. El Consejo de Estado venezolano es muy parecido al Consejo de Estado cubano, aunque allá sí tiene funciones de gobierno. La LOTTT se expresa a través de la retórica del Código del Trabajo cubano, en una clara transición hacia el socialismo, sin la participación del sector privado. 

En ambos instrumentos jurídicos la palabra empresa no existe sino “entidad de trabajo”. Y desde Cuba se maneja el secreto de la enfermedad de Chávez. Desde allá se oculta la verdad. Los venezolanos no tenemos derechos a saber lo que pasa sino solo escuchar rumores y mentiras acomodaticias. ¿Qué otros secretos tenemos? Muchos, pero aún no los sabemos. Son secretos.

@almolina

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EPABLO AURE, ¡HASTA CUÁNDO! , JUNTA MÉDICA YA

En la calle cada día son menos los que piensan que el presidente no está enfermo. Se han dado cuenta de que no es un ardid publicitario el asunto del cáncer presidencial. Que va, el hombre ciertamente está demasiado mal, pero los comunistas buscarán sacarle provecho y exprimir hasta más no poder la figura populista de Hugo Chávez. Lo esconden de vez en cuando y lo sacan en ciertas ocasiones como para decirle a la gente: ¡Chávez respira! Ese es por ahora el jueguito que a control remoto manejan desde La Habana. Veremos hasta cuándo.

Sabemos que no tenemos al frente de las instituciones a gente creíble. De acuerdo con la Constitución se impondría que el Tribunal Supremo de Justicia nombrara una junta médica para que certifique el estado de salud del presidente. No basta decir que la enfermedad y sus pormenores forman parte de un derecho a la vida privada del paciente, porque su bienestar o malestar en este caso afecta directamente el presente y el futuro de todo un pueblo.

No es igual votar por un ciudadano cuyas expectativas de vida sean muy pocas que votar por alguien sano.

Recordemos que a esta fecha no tenemos una información calificada de qué es lo que afecta al presidente. Casi un año tratando de enterarnos sobre el verdadero padecimiento de Hugo Rafael y nada serio y confiable se conoce. La falta de sinceridad oficial es lo que desata los rumores y nos hace estar pendientes de tuiteros que dicen tener informantes cercanos al equipo médico que vela por la salud de Chávez. Por ejemplo Nelson Bocaranda, que por cierto el sábado recibió una absurda crítica de parte de la Sra Marisabel Rodríguez, ex esposa del presidente, quien calificó a Bocaranda de “necrófilo” sin saber, ni remotamente lo que significa esa palabra. Bueno, andamos dando cabezazos por falta de un parte médico.

El artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos habla de las faltas absolutas del presidente, y una es la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia con la aprobación de la Asamblea Nacional. Más que un capricho de la oposición, es un deber del Poder Judicial y Legislativo esclarecer la verdad de la situación.

El 7 de octubre son las elecciones presidenciales y aunque Henrique Capriles sea mi candidato, reconozco sin apasionamiento que Chávez tiene posibilidades de triunfar. Siendo esto así, debemos preguntarnos: ¿qué ocurriría en el caso de que Chávez gane y a los pocos meses fallezca? De acuerdo al artículo 233 debe procederse a una nueva elección dentro de los 30 días consecutivos siguientes, y mientras esto sucede se encargaría de la presidencia el vicepresidente.

En la práctica, Venezuela desde hace tiempo dejó de tener presidente, porque Hugo Chávez ha permanecido en el lecho de enfermo y fuera del país sin dejar encargado al vicepresidente como lo ordena la CRBV. Más que una curiosidad es una necesidad saber el verdadero estado de salud de Hugo Rafael, y eso solo puede aclararlo una junta médica.

Las elecciones van el 7 de octubre

Por algún tiempo pensé que las elecciones presidenciales pudieran ser suspendidas, pero hoy, he cambiado de opinión. Dado al deterioro de la salud de Chávez, el oficialismo sería el menos interesado en posponer el acto electoral. Desde luego pondrá todo su empeño en mantener respirando a Chávez por lo menos hasta el 7 de octubre. Él es el único que pudiera representar una opción de triunfo frente a la oposición. Ningún sustituto le ganaría a Henrique Capriles. Chávez pudiera ganar hasta postrado en una cama, porque sin dudas es un astuto encantador de serpientes sin escrúpulos para usar los recursos públicos en su campaña y aprovecharse de los más bajos resentimientos del ser humano, pero otro ejemplar así no existe.

Vuelve el debate de la tarjeta única

A estas alturas del partido y dada la debilitada salud de Chávez, pensamos que la tarjeta única beneficiaría tanto a la oposición como al oficialismo. Una sola tarjeta, una sola foto del candidato, una sola campaña y un solo resultado.

Aunque no he escuchado a ningún miembro del Gobierno promoverla, sí he visto cómo desde la oposición la vienen promoviendo incluso quienes antes la desechaban. Hay que entender que no es lo mismo una elección presidencial que una elección parlamentaria donde los partidos deben mantener vigencia para no deslegitimarse, y la selección interna suele ser traumática.

Voluntad Popular, en el año 2009, fue la primera organización política que se manifestó públicamente a favor de la tarjeta única y su propuesta no tuvo aceptación. Ahora las cosas cambian. Una tarjeta única daría una demostración de verdadera unidad, tanto del candidato como de su plataforma. Un solo nombre, una sola cara y una sola tarjeta.

Muchos sostienen que eso sería contraproducente porque estaríamos en desventaja frente a Chávez que llenaría la boleta electoral con una sopa de letras y todas con la misma foto, mientras nosotros, solamente tendríamos una única tarjeta quién sabe en qué sitio de ese inmenso tarjetón. Pero también pudiera ser también desfavorable al oficialismo si a pocos días antes del 7 de octubre Chávez muere. Ustedes se imaginan en el tarjetón ese poco de tarjetitas con la fotografía de un muerto, frente a una sola tarjeta con la cara de Capriles Radonski. La selección no sería nada difícil.

Las elecciones no pueden suspenderse por la muerte de un candidato, ya que esa eventualidad no está prevista legalmente como causal de suspensión. Según la Ley orgánica de procesos electorales (artículos 62 y 63) al oficialismo no le quedaría otra que sustituir su candidato muerto. Ya no habrá tiempo para reemplazar su cara ni su nombre. Esto quiere decir que entre tantas caras de un muerto y una sola de un vivo la gente preferirá votar por el vivo que garantice gobernar. Cosa distinta sería presentar una sola tarjeta del oficialismo. Sería menos aparatoso y quizá hasta más entendible su sustitución. Y si es por alguien con el apellido Chávez el cambio pudiera ser aceptado por los que todavía están envenenados con el discurso oficialista.

@pabloaure
pabloaure@gmail.com

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LUIS DANIEL ÁLVAREZ V., PRESENTE Y FUTURO,

Llegarán gobiernos de transición que permitirán que en el país se institucionalice la libertad.

Se puede decir que hay dos fechas en la historia contemporánea de Perú que tienen enorme trascendencia: el 9 de julio de 1999 y el 22 de noviembre de 2000. Si bien la primera de ellas constituyó una jornada fatídica, fue uno de los puntos de partida para que la dictadura de Fujimori fuese desplazada por una era de esperanza y progreso, concretada en el segundo episodio con el retorno de Perú a la democracia.

El 9 de julio de 1999, la dictadura de Alberto Fujimori anunció su retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agregando que su salida tenía efectos inmediatos. Aunque el órgano señaló que una medida así no era automática, el régimen mantuvo su posición arbitraria. Si bien llegó al gobierno a través del sufragio, Fujimori persiguió opositores, desconoció mandatos populares, destituyó jueces que no le eran cómodos, violó la Constitución para perpetuarse, manipuló las elecciones y lo más grave, creó una perversa red de corrupción junto a su asesor Vladimiro Montesinos. Meses después el gobierno colapsó y Fujimori renunció desde el exterior, aunque el Congreso terminó destituyéndolo.

Así llegamos al 22 de noviembre de 2000, momento en el que el Congreso peruano juramenta como Presidente encargado a don Valentín Paniagua, figura que logró devolver la institucionalidad, recuperó la democracia y desmontó el aberrante poder del miedo que Fujimori había sembrado. 

Cuando preguntan qué opinamos de los gobiernos que le dan la espalda a los entes multilaterales por el simple hecho de evitar críticas, manifestamos nuestra preocupación, pero sabemos que en el horizonte llegarán gobiernos de transición como el de Paniagua que permitirán que en el país se institucionalice la libertad y se respeten los derechos fundamentales.

luisdalvarezva@hotmail.com


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FEDERICO BOCCANERA, CHAVISMO Y OPOSICIÓN RUMBO A LA ¡ARMONÍA!

En estos días pudimos enterarnos, como consecuencia política principal de la última gentil visita al país de nuestro presidente constitucional, de la activación de un consejo de estado, como organismo consultivo-asesor-auxiliar, para un ejecutivo que no podía seguir quedando bajo la sola égida de una vicepresidencia con autoridad insuficiente, respaldo incierto y sometida a repetidos, prolongados y delicados, períodos de vacío absoluto en la dirección máxima.

Este consejo de estado aparentemente quedó constituido siguiendo una fórmula que, según el parecer de muchos analistas políticos, llama mucho la atención porque debido a los particulares perfiles de sus integrantes, se estima que podría desempeñar un papel muy importante, incluso protagónico en los tiempos que vendrán, pues podría servir de escenario privilegiado para una transición sincronizada entre el chavismo y las llamadas “fuerzas democráticas”, más allá del escenario electoral que podría llegar a materializarse, y posiblemente sea cual sea el resultado de las elecciones.

Aunque las consignas manejadas desde la misma vicepresidencia, en forma tajante descartan que pueda haber tanto transición como pacto con la oposición, lo cual con conmovedora simetría, es lo mismo que sostiene la oposición, aunque ella lo haga en este caso, sin hablar golpeado y con ese lenguaje de dulce viscosidad que es trademark del comando tricolor. Aunque ambos bandos juren que no será transición, sino “trasmisión”, pueden apostar desde ya que los cálculos verdaderos, aquellos que no se trasmiten a la gente no vaya ser que algún día eso mejore su educación política y deje de ser bobalicona, esos cálculos todos apuntan hacia una transición y desde luego hacia una transición pactada, o sea transada, convenida, acordada ¡negociada pues!…

El régimen Chavista necesitaba de una instancia superior que pudiese lidiar también con probables tendencias entrópicas, fuertemente estimuladas por una incertidumbre que no ha cesado de crecer desde el 30 de junio del año pasado, en un sistema de poderes públicos que cedieron toda jerarquía institucional para poder rellenar sus buches, y terminaron por lo tanto en la más abyecta sumisión (y ahora desorientación) al entregar irreversiblemente su dirección –y su destino- a un poder ejecutivo patológicamente hiperdesarrollado y dominado a su vez, y en modalidad prácticamente absolutista, por el comandante-presidente, el cual hizo viable cierta coordinación en la rebatiña, cierto orden en el frenesí saqueador, al fungir a su vez como el inmejorable, e insustituible, dispensador-administrador de concesiones, licencias, territorios, parcelas, cotos, fueros, impunidades y canonjías, función reguladora indispensable si se piensa que estos poderes al mismo tiempo fueron todos colonizados por tribus, pandillas y mafias en convivencia predatoria siempre precaria, coexistencia que al desaparecer el hegemón, podría deteriorarse velozmente y decaer en situaciones difíciles de controlar, es por eso que estimo que este consejo consultivo, podría asumir como mandato crucial, el de negociar no solo con la oposición, sino con las distintas fuerzas enquistadas en esa vasta federación de intereses tanto particulares como intocables, en que se ha convertido el estado-bazar-emporio chavista y sus creaciones sociales más aventajadas y prometedoras: su poderosa boliburguesía de codicia y ambiciones oligárquicas, y sus extensas castas de extracción “hardcore lumpen”, de codicia y ambición pequeño burguesas.

Es más, cuidado y esa es la verdadera función principal que podría terminar por desempeñar este inédito organismo: la de fungir como un factor “cohesionante y adhesivo” que impida resquebrajamientos y pugnas, y una posible escalada que podría degenerar en “ajustes de cuentas” y guerras intestinas, o evolucionar fatalmente hacia una rebelión, especialmente hacia la rebelión más temida, la de algún grupo militar-fundamentalista -loco e inadaptado- proclamando la excentricidad mayor: la recomposición moral de la república. (o sea, igualito que la logia del samán de güere… pero en serio…)

Vamos por lo tanto hacia un posible acuerdo nacional “natural”, en cuanto a que el derrotismo ya casi inherente a gran parte de nuestra clase política y empresarial, y en general a todas nuestras supuestas élites, podría encontrar su expresión más consustancial en este tipo de “contubernios”, con los cuales se podría garantizar esa paz y esa reconciliación que se desea con tanto anhelo, sobre todo para que el reparto rentista no sufra enojosas alteraciones, interrupciones o retrocesos.

De hecho, cierta dinámica relacionada con el desempeño electoral de nuestro candidato opositor, de seguir con la actual tendencia, es posible que precipite esas negociaciones, aunque todavía es un poco temprano, pues aún estamos a más de un mes de alcanzar el ecuador de la campaña electoral.

En todo caso y de prosperar esta “armonía pactada”, hasta el punto de poderla tranquilamente enmascarar o contrabandear como una normal trasmisión de mando en febrero de 2013, y tal y como si aquí no hubiese pasado nada -nada nunca- eso garantizará que el próximo gobierno, sea el que sea, seguirá siendo populista-rentista-paternalista- proteccionista-clientelar-camburero-manguanguista, por lo tanto estará enfilando la ruta hacia una gobernabilidad precaria, a la cual se habrá conchupantemente amarrado, gran parte de nuestra clase política de lado y lado, ergo: vamos inexorablemente hacia una crisis sistémica, una crisis profunda ¿para cuándo? eso si es difícil de predecir, pero el próximo gobierno no llegará al 2019…

Ese día por fin, habremos llegado al final de la cuarta república y de su gemela englobada en ese teratoma al que mientan la “quinta… ”

Ese día a lo mejor una porción discreta de habitantes de este país, posiblemente un estrecho jirón de ciudadanía que inexplicablemente haya logrado sobrevivir, comience a invocar la presencia de verdaderos políticos, de verdaderos líderes, y a solicitar una verdadera alianza, una alianza de emergencia y rescate nacional, sobre la base de una unidad con visión de estado, trascendente, y no esta bolsería que al fin y al cabo sólo le para a lo electoral, una unidad superior que nos permita encarar con responsabilidad finalmente adulta, la real situación del país, y ojalá que el llamado a poner orden en el caos, no nos imponga el tener que renunciar a eso por otro tiempo más.

Mientras tanto y en actitud que raya en la insania, la gran mayoría de este país, sigue embarcada en su crucero turístico en ruta hacia el huracán, contenta y satisfecha con sus candidatos a capitán…

twitter: @FBoccanera
federicoboccanera@gmail.com

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COMUNICADO DEL FRENTE NACIONAL DE ABOGADOS

El Frente Nacional de Abogados, ante las declaraciones públicas del Ex Magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Coronel (R) Eladio Ramón Aponte Aponte, realizadas en el extranjero por el Canal de Televisión SoiTv, en las que dijo, entre otras cosas, que había recibido llamadas tanto del Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales de Acosta, de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, como de otros altos funcionarios del gobierno bolivariano para, según sus propias palabras, “imputar… privar de libertad… hacer los allanamientos…buscara al juez idóneo, para que se realizaran tales actos”, agregando que “…a mí me pedían los favores y yo los ejecutaba,  y ¡ay del juez que se negara a ejecutarlo!”.

El Ex Magistrado Aponte declaró también haber “apoyado” órdenes de remoción a jueces que se negaban a ejecutar las instrucciones recibidas. Citamos sus palabras: “…No solamente la orden, porque la orden no la daba yo directamente, la orden la daba también la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia directamente. Muchas veces la orden la daban directamente los fiscales. Hay un fiscal de apellido Castillo, que ese llamó directamente a los jueces y llegaba hasta amenazarlos”.

En cuanto a la independencia del Poder Judicial, declaró que “…Todos los fines de semana, principalmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la Vice Presidencia Ejecutiva del país, donde se reúnen el Vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Venezuela, con la Presidenta del Tribunal Supremo, con la Fiscal General de la República, con el Presidente de la Asamblea Nacional, con la Procuradora General de la República, con la Contralora General de la República, y unas que otras veces va uno de los jefes de los cuerpos policiales. De ahí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia. O sea, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela”. ¿Es esta la independencia del sistema judicial de la que tanto se ufana el gobierno bolivariano del Presidente Chávez?

En cuanto a los injustamente encarcelados por motivos políticos, el Ex Magistrado habría confirmado las denuncias realizadas por los abogados defensores, así como por organizaciones defensoras de Derechos Humanos cuando también declaró que “existen presos políticos en Venezuela”. 

También dijo que existían bastantes casos manipulados, mencionando entre otros los del Diputado José Sánchez Montiel (Mazuco), respecto del cual dijo que “bueno, el caso fue más o menos un caso que buscaron un preso, lo encapucharon, y lo pusieron como testigo para que dijera que este señor había sido el que dio la orden para que mataran al otro”. El ex Magistrado declaró que la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia le habría solicitado que “avalara” esa situación.

En el caso de los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y de los Policías Metropolitanos, el ex Magistrado dijo que “hay gente que la orden es no soltarlos, principalmente los comisarios… la orden viene de la presidencia para abajo, no nos caigamos en dudas, en Venezuela no se da puntada si no lo aprueba el presidente… ¿Cuál fue la posición de la sala penal? Convalidar todo lo que venía hecho, eso en pocas palabras es, aceptar que esos señores no podían salir pues, y que la justicia ahí, le dio la espalda…”

En el caso de la Juez María Lourdes Afiuni, el ex Magistrado manifestó que era “igualmente un caso muy político y emblemático…y que es una mujer muy valiente y que esos son los juristas que representan bien al sistema judicial”.

En virtud de lo anterior, el Frente Nacional de Abogados, recuerda, que el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional establece lo siguiente: 

“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, por lo tanto, exige al Ministerio Público:

1) Interponer el Recurso de Revisión, de conformidad con el Articulo 285 Numeral 1 de la Constitución Nacional en concordancia con el Artículo 471 Numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, contemplado en el Titulo V de la mencionada Ley adjetiva,  de las sentencias condenatorias tomadas u ordenadas por el Ex Magistrado Eladio Ramón Aponte en los casos de los Comisarios Lázaro Forero, Henry Vivas, Iván Simonovis y de los Policías Metropolitanos Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Pérez, Marcos Hurtado y Héctor Rovain; de los ciudadanos Otoniel Guevara, Juan Guevara y Rolando Guevara, y del Diputado José Sánchez Montiel.

2) Declarar la nulidad absoluta, de conformidad con el Art. 285 Numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los Art. 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, de las actuaciones relacionas con las causas abiertas a la Juez María Lourdes Afiuni,  al Diputado Biagio Pilieri y al Ingeniero Alejandro Peña Esclusa.

Igualmente, el Frente Nacional de Abogados insta a la Inspectoria General de Tribunales y al Tribunal Disciplinario Judicial de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura a iniciar una averiguación disciplinaria de los jueces Fabiola Vezga (Caso José Sánchez), Leivys Azuaje (caso María Lourdes Afiuni, Julio Cesar Rivas y otros), Luis Ramón Cabrera Araujo (Caso Danilo Anderson), Ali Paredes (caso juez Afiuni), Shellys Yadira Bravo, Álvaro Lozada,  Lenin Fernández (caso de Franklin Brito), Rubén Darío Garcilazo (vinculado al caso de la finca Daktari), Marjorie Calderón (caso Comisarios y Policías Metropolitanos), Rafael Osío (caso Álvarez Paz), Florencio Silano (Caso Anderson), Rita Hernández Tineo (caso Anderson), Jesús Orangel (caso Anderson), Samir Richiani (caso Anderson), Deyanira Nieves (caso Mazuco), y Fabiola Colmenares (caso 11 de Abril), algunos de ellos estrechamente vinculados al Ex Magistrado Aponte, y quienes conocieron de las causas de aquellos que, debido al ensañamiento en su contra y de las violaciones a sus derechos, son, sin duda alguna, presos políticos de este gobierno.

El Frente Nacional de Abogados reitera que la independencia judicial está basada en el actuar de jueces autónomos. El juez no debe recibir orden de ninguna persona u órgano, incluyendo a sus superiores jerárquicos y órganos disciplinarios, en su sagrada misión de interpretar la ley. Esta es una de las bases fundamentales de un sistema democrático. Por ello la independencia judicial no es una simple característica de un órgano del Estado, sino una garantía ciudadana, en el sentido de que se decidirá conforme a los hechos probados y al Derecho. Por desgracia este valioso componente de un sistema de Derecho se ha perdido en la Venezuela de hoy. Todos los venezolanos, pero sobre todo nosotros los abogados, debemos esforzarnos en recuperar la dignidad del Poder Judicial.

Caracas, 4 de Mayo de 2012.
Firman:
-Yvett Lugo. Presidente del Colegio de Abogados de Caracas
-Roberto Andery. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Cojedes.
-Pedro Arévalo. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Nueva Esparta.
-Rombet Camperos. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Barinas.
-Luis Calderón Mejía. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Anzoátegui.
-Luz Marina Álvarez. Presidente de la Delegación Caroní del Estado Bolívar.
-Jesús Ramos. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Monagas.
-Omer Figueredo. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Delta Amacuro.
-Enrique Romero. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara.
-Orlando Velázquez. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Sucre.

Abogados  Alonso Medina Roa, Claudia Mujica, Gonzalo Himiob, Tamara Sujú, Alfredo Romero, Jackeline Sandoval, Haydee Deutsch, Enrique ter Horst, Jorge Rosell, Alberto Arteaga, Carlos Nieto, Elinor Montes, Tamara Adrián, Rafael Marcano.        

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