miércoles, 9 de mayo de 2012

COMUNICADO DEL FRENTE NACIONAL DE ABOGADOS

El Frente Nacional de Abogados, ante las declaraciones públicas del Ex Magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Coronel (R) Eladio Ramón Aponte Aponte, realizadas en el extranjero por el Canal de Televisión SoiTv, en las que dijo, entre otras cosas, que había recibido llamadas tanto del Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales de Acosta, de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, como de otros altos funcionarios del gobierno bolivariano para, según sus propias palabras, “imputar… privar de libertad… hacer los allanamientos…buscara al juez idóneo, para que se realizaran tales actos”, agregando que “…a mí me pedían los favores y yo los ejecutaba,  y ¡ay del juez que se negara a ejecutarlo!”.

El Ex Magistrado Aponte declaró también haber “apoyado” órdenes de remoción a jueces que se negaban a ejecutar las instrucciones recibidas. Citamos sus palabras: “…No solamente la orden, porque la orden no la daba yo directamente, la orden la daba también la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia directamente. Muchas veces la orden la daban directamente los fiscales. Hay un fiscal de apellido Castillo, que ese llamó directamente a los jueces y llegaba hasta amenazarlos”.

En cuanto a la independencia del Poder Judicial, declaró que “…Todos los fines de semana, principalmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la Vice Presidencia Ejecutiva del país, donde se reúnen el Vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Venezuela, con la Presidenta del Tribunal Supremo, con la Fiscal General de la República, con el Presidente de la Asamblea Nacional, con la Procuradora General de la República, con la Contralora General de la República, y unas que otras veces va uno de los jefes de los cuerpos policiales. De ahí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia. O sea, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela”. ¿Es esta la independencia del sistema judicial de la que tanto se ufana el gobierno bolivariano del Presidente Chávez?

En cuanto a los injustamente encarcelados por motivos políticos, el Ex Magistrado habría confirmado las denuncias realizadas por los abogados defensores, así como por organizaciones defensoras de Derechos Humanos cuando también declaró que “existen presos políticos en Venezuela”. 

También dijo que existían bastantes casos manipulados, mencionando entre otros los del Diputado José Sánchez Montiel (Mazuco), respecto del cual dijo que “bueno, el caso fue más o menos un caso que buscaron un preso, lo encapucharon, y lo pusieron como testigo para que dijera que este señor había sido el que dio la orden para que mataran al otro”. El ex Magistrado declaró que la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia le habría solicitado que “avalara” esa situación.

En el caso de los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y de los Policías Metropolitanos, el ex Magistrado dijo que “hay gente que la orden es no soltarlos, principalmente los comisarios… la orden viene de la presidencia para abajo, no nos caigamos en dudas, en Venezuela no se da puntada si no lo aprueba el presidente… ¿Cuál fue la posición de la sala penal? Convalidar todo lo que venía hecho, eso en pocas palabras es, aceptar que esos señores no podían salir pues, y que la justicia ahí, le dio la espalda…”

En el caso de la Juez María Lourdes Afiuni, el ex Magistrado manifestó que era “igualmente un caso muy político y emblemático…y que es una mujer muy valiente y que esos son los juristas que representan bien al sistema judicial”.

En virtud de lo anterior, el Frente Nacional de Abogados, recuerda, que el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional establece lo siguiente: 

“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, por lo tanto, exige al Ministerio Público:

1) Interponer el Recurso de Revisión, de conformidad con el Articulo 285 Numeral 1 de la Constitución Nacional en concordancia con el Artículo 471 Numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, contemplado en el Titulo V de la mencionada Ley adjetiva,  de las sentencias condenatorias tomadas u ordenadas por el Ex Magistrado Eladio Ramón Aponte en los casos de los Comisarios Lázaro Forero, Henry Vivas, Iván Simonovis y de los Policías Metropolitanos Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Pérez, Marcos Hurtado y Héctor Rovain; de los ciudadanos Otoniel Guevara, Juan Guevara y Rolando Guevara, y del Diputado José Sánchez Montiel.

2) Declarar la nulidad absoluta, de conformidad con el Art. 285 Numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los Art. 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, de las actuaciones relacionas con las causas abiertas a la Juez María Lourdes Afiuni,  al Diputado Biagio Pilieri y al Ingeniero Alejandro Peña Esclusa.

Igualmente, el Frente Nacional de Abogados insta a la Inspectoria General de Tribunales y al Tribunal Disciplinario Judicial de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura a iniciar una averiguación disciplinaria de los jueces Fabiola Vezga (Caso José Sánchez), Leivys Azuaje (caso María Lourdes Afiuni, Julio Cesar Rivas y otros), Luis Ramón Cabrera Araujo (Caso Danilo Anderson), Ali Paredes (caso juez Afiuni), Shellys Yadira Bravo, Álvaro Lozada,  Lenin Fernández (caso de Franklin Brito), Rubén Darío Garcilazo (vinculado al caso de la finca Daktari), Marjorie Calderón (caso Comisarios y Policías Metropolitanos), Rafael Osío (caso Álvarez Paz), Florencio Silano (Caso Anderson), Rita Hernández Tineo (caso Anderson), Jesús Orangel (caso Anderson), Samir Richiani (caso Anderson), Deyanira Nieves (caso Mazuco), y Fabiola Colmenares (caso 11 de Abril), algunos de ellos estrechamente vinculados al Ex Magistrado Aponte, y quienes conocieron de las causas de aquellos que, debido al ensañamiento en su contra y de las violaciones a sus derechos, son, sin duda alguna, presos políticos de este gobierno.

El Frente Nacional de Abogados reitera que la independencia judicial está basada en el actuar de jueces autónomos. El juez no debe recibir orden de ninguna persona u órgano, incluyendo a sus superiores jerárquicos y órganos disciplinarios, en su sagrada misión de interpretar la ley. Esta es una de las bases fundamentales de un sistema democrático. Por ello la independencia judicial no es una simple característica de un órgano del Estado, sino una garantía ciudadana, en el sentido de que se decidirá conforme a los hechos probados y al Derecho. Por desgracia este valioso componente de un sistema de Derecho se ha perdido en la Venezuela de hoy. Todos los venezolanos, pero sobre todo nosotros los abogados, debemos esforzarnos en recuperar la dignidad del Poder Judicial.

Caracas, 4 de Mayo de 2012.
Firman:
-Yvett Lugo. Presidente del Colegio de Abogados de Caracas
-Roberto Andery. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Cojedes.
-Pedro Arévalo. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Nueva Esparta.
-Rombet Camperos. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Barinas.
-Luis Calderón Mejía. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Anzoátegui.
-Luz Marina Álvarez. Presidente de la Delegación Caroní del Estado Bolívar.
-Jesús Ramos. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Monagas.
-Omer Figueredo. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Delta Amacuro.
-Enrique Romero. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara.
-Orlando Velázquez. Presidente del Colegio de Abogados del Estado Sucre.

Abogados  Alonso Medina Roa, Claudia Mujica, Gonzalo Himiob, Tamara Sujú, Alfredo Romero, Jackeline Sandoval, Haydee Deutsch, Enrique ter Horst, Jorge Rosell, Alberto Arteaga, Carlos Nieto, Elinor Montes, Tamara Adrián, Rafael Marcano.        

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