lunes, 3 de diciembre de 2012

MIGUEL BAHACHILLE M., SE ACABÓ LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Más allá de las circunspecciones ideológicas para prescribir la ruta escogida por el régimen para regir el país, debemos enfocar la mira sobre los aspectos domésticos que afligen a la mayoría como por ejemplo los ámbitos relativos al problema de la vivienda. 
Los seis primeros artículos en los veinte apartes que conforman la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, están henchidos de reticencias demagógicas como por ejemplo modelo capitalista explotador, arrendamiento socialmente responsable, fines supremos, etc. 
Y a partir del artículo siete se agregan difusas definiciones para delimitar el carácter de la intervención estatal: vivienda, vivienda estudiantil, habitación, pensión, reparaciones mayores y menores, multiarrendador, pequeño arrendador, etc
En cuanto a la rentabilidad de cada inmueble la reserva neuronal de los ilustrados del régimen parió cada detalle para fijar los cánones de arrendamientos y precios de venta para contener el lucro grosero de los promotores.
La Superintendencia de Arrendamientos ha estipulado nada menos que 256 parámetros para precisar los cánones de arriendos justos de cada caso. No importa la carencia de personal adiestrado para tal tarea; la revolución está por encima de esos detalles. De allí el S.O.S socialista para captar voluntarios express extraídos de los Consejos Comunales, comunas, estudiantes de ingeniería y arquitectura, que con altruismo deseen formar parte de este movimiento social predispuesto a ejecutar esa compleja tarea.

Sería más productivo y de mayor impacto social que los voluntarios contratados se explayaran por todo el país para hacer un censo de huecos de vías urbanas y suburbanas y no someterlos a la complejidad de avalúos inmobiliarios que los inducirá a graves errores y a la propensión de una gigantesca fuente de corrupción.

En 1990, a solicitud del Colegio de Ingenieros de Venezuela, previa consulta y aprobación de la Asamblea del gremio, se modifican los estatutos para establecer la obligatoriedad que los tasadores sean profesionales de la ingeniería, arquitectura, economía, y profesiones afines, debidamente adiestrados como peritos en la materia. A partir de entonces se estructuró La Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela, conocida nacional e internacionalmente como SOITAVE. Hoy la organización, instituida bajo un riguroso itinerario didáctico, cuenta con 2.500 miembros a nivel nacional.

Pero volviendo a la ley, más allá de los necesarios detalles técnicos, se promulga un conjunto de artículos punitivos en los que se desecha el tradicional derecho de propiedad. En lo sucesivo el arbitrio de bienes particulares quedará a merced del funcionario de turno o de los nuevos peritos express seguramente instruidos en las sedes del PSUV.

En otras palabras, en Venezuela tiende a disolverse el derecho a la propiedad privada y por ende de los propietarios a administrarla. Sin duda el régimen está decidido a acabar con la construcción particular de viviendas tanto si son destinadas al arrendamiento o bajo el régimen de propiedad horizontal. De fracasar este aberrado precepto que pretende hacernos más igualitos, como efectivamente fracasará, al régimen le queda el recurso de la confiscación ya experimentado en terrenos e inmuebles particulares.

Es iluso pretender que empresarios del sector arriesguen su inversión so amenaza de ser arrasados por leyes punitivas como estas. Por el contrario se concreta, no de manera tácita sino explícita, el fin de la industria de la construcción para todo ámbito privado. A partir de ahora quedan como códigos muertos lo que al respecto se establece en las leyes especiales y el Código Civil. Así pues se abren nuevos caminos para la corrupción pues los avalúos quedarán al buen criterio de peritos formados en Comunas.

¿Puede alguien dudar que el país está en franco proceso de  degradación moral e institucional? Los frecuentes actos de rebeldía e insurrección de personas o grupos enteros que a diario observamos en nuestras calles, son secuela de las crecientes rupturas de nuestra sociedad incitadas por un régimen que se alboroza dentro de la anarquía. Motorizados, invasores, colectivos, PRANES, conforman un innegable patrón de ruptura urbana buscada por un gobierno irresponsable y anarquizante. ¿Piensa alguien todavía que no vale la pena votar el 16-D?


@MiguelBM29

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