Historia aleccionadora de una patria que nunca ha claudicado su aspiración
legítima de derecho y civilismo, que autoriza aún más el reclamo permanente de
justicia
El 2 de diciembre de 1952 representa
una fecha lamentable en la historia contemporánea de Venezuela, en la cual, una
vez más, se materializó el desconocimiento de los derechos políticos y
democráticos y de la voluntad legítima de los venezolanos.
Ese día un breve telegrama notificó a
las fuerzas civiles lo siguiente: “…
Doctores Ignacio Luis Arcaya y Jóvito Villalba… No basta el desmentido categórico del grave hecho del acuerdo con partidos en la clandestinidad y antinacionales que a ustedes se les imputa, para probar la buena fe de las aseveraciones que ustedes hacen. Las ideas expuestas por oradores de URD en diferentes mítines y la votación de los comunistas y de los acciondemocratistas por la tarjeta amarilla, ha venido a corroborar el hecho señalado. La Institución Armada, tan escarnecida por ustedes, no está dispuesta a admitir que por acuerdos torvos, se vaya a lesionar el prestigio y el progreso de la nación, seriamente comprometidos por el triunfo electoral de Acción Democrática y el Partido Comunista, que URD ha propiciado. Atentamente, Marcos Pérez Jiménez”.
Así el dictador se oponía a la
abrumadora determinación del pueblo que el 30-11-1952, en las elecciones para
la formación de una Asamblea Constituyente, dio un significativo respaldo a los
candidatos a diputados postulados por URD, organización que encarnó el sentir
nacional para que terminase aquel despótico gobierno y se iniciase en el país
un proceso de rescate de la institucionalidad y de las libertades conculcadas
desde 1948.
La promesa de elecciones y de regreso
a la institucionalidad democrática formulada en sus inicios por la Junta
Militar, quedaba definitivamente incumplida, y ya por hecho notorio de fraude
-bajo la excusa no de resultados, sino de imposición autoritaria-, se sostuvo
Pérez Jiménez en el poder.
Don Mario Briceño Iragorri, ensayista,
historiador y diplomático, en su libro “Ideario Político”, denunció que:
“Las elecciones fueron directamente intervenidas por el Ministerio de Relaciones Interiores. A todos los estados se enviaron agentes que cambiasen las actas… Algunos hombres débiles se prestaron a ello; otros, en cambio, resistieron y fueron perseguidos y encarcelados… A poco, sin firma que lo respaldase, se publicó el resultado ‘oficial’ de las elecciones…”.
Se instaló así la espuria Asamblea el
9 de enero de 1953 “la que de un solo tirón nombró todos los poderes, empezando
por la designación de Marcos Pérez Jiménez como presidente “constitucional” de
la república…”, como lo apuntó el historiador Manuel Vicente Magallanes. No
otorgó las “garantías iguales para todos” que exigía el país.
“Si el fraude impera –advirtió un
documento político de URD el 27-9-52-no podrá resistir la rotunda condenación
cívica, democrática de la nación”, que ocurrió al caer la dictadura el
23-1-1958.
Historia aleccionadora de una patria
que nunca ha claudicado su aspiración legítima de derecho y civilismo, que
autoriza aún más el reclamo permanente de justicia y decoro, institucionalismo
y libertades verdaderas en nuestra vida republicana.
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