EGILDO LUJÁN NAVA, UN BALANCE INFELIZ, FORMATO DEL FUTURO…

Todavía no ha cesado el eco que produjo en el país, la electoral frase presidencial fundamentada en la garantía de que los venideros seis años serían un ejemplo de eficiencia gubernamental. Tan comprometedora lució dicha expresión en su momento, que, sin haberse producido todavía el inicio del “nuevo” gobierno, se convirtió en motivo para el nacimiento de un nuevo despacho ministerial. 

Del nacimiento de un “eficientómetro” gubernamental, a cargo de una respetable militar, cuya exclusiva responsabilidad se circunscribe a la identificación de cada caso, obra y hecho público que ponga en duda aquello que rige el espíritu y principio que tiene que normar cada decisión  burocrática: socialismo es sinónimo de administración proba, y eficiencia administrativa es ejemplo de ética revolucionaria.

Lo cierto es que en plena “transición gubernamental”, es decir, de culminación de un período constitucional a cargo de un equipo de funcionarios que mañana ni siquiera necesitarán presentar una declaración de bienes, para seguirse exponiendo a la posibilidad de que un compañero de Gabinete calibre, cuantifique y califique su desempeño administrativo, se dan situaciones que comprometen la promesa pública hecha por su líder, y que obligan a ser cautelosos en lo que dicen y hacen. Se trata, por supuesto, la asunción de decisiones “a riesgo” del ejecutor, y la exhibición de resultados inexistentes, al amparo de la pretendida creencia de que declaraciones y estadísticas sin comprobación, todo lo pueden: hasta construir una falsa verdad.

Hoy nadie está en capacidad de cuantificar, a ciencia cierta, qué es lo que la convalecencia presidencial le está representando a Venezuela y a los venezolanos, teniéndose presente que, a decir del propio Jefe de Estado, nada de lo que sucede en su gobierno le es ajeno, y que no hay decisión que él desconozca. Inclusive, aun cuando existen analistas que se atreven a afirmar que sí se están produciendo decisiones de efectos positivos en la economía nacional, también hay otros escépticos que creen que el país está sometido a un oneroso quietismo administrativo. Pero no sólo porque hay escasez de valentía en lo que implica asumir frontalmente la función de la gobernabilidad, sino también porque hay un extravío de objetivos en el medio de un mar de incertidumbre, y en el cual se opta por chapotear en un momento cuando se hace necesario presentar balances, resultados, demostración de eficiencia en algo.

Por supuesto, en ese sometimiento a “hablar algo de algo”, surgen afirmaciones ministeriales tan sorprendentes, como inevitablemente comprometedoras. Sobre todo cuando se adentran en la valoración de efectos cuya tangibilidad, sencillamente, están cargados de una multiplicidad de características que sólo sirven para apreciar que allí no hay hecho concreto alguno que los respalde, como es el caso de lo que ha sucedido en el país durante los diez años de vigencia de la Ley de Tierras.

¿Qué balance positivo, realmente, puede hacerse de la manera como se ha administrado dicha Ley, cuando los puertos del país se hicieron pequeños ante la avalancha de alimentos importados ante la caída en la producción nacional, y en el campo venezolano no hay un solo rincón en donde los pocos productores que todavía se mantienen en ese sitio, no hablen de inseguridad, improductividad y desamparo gubernamental?.

La obligación de destinar en el año más de 7.000 millones de dólares para atender la demanda alimenticia nacional, mientras se exhibe la expropiación de hasta siete millones de hectáreas productivas como un gran logro político, en respuesta a la reedición de una añeja lucha contra el latifundio, la democratización de la propiedad y la dignificación del trabajo de los campesinos, realmente, ¿puede ponerse en la cartelera que registra lo mejor de lo mejor en favor de la consolidación de la soberanía productiva  y la seguridad alimenticia?.

Bastaría con recorrer visualmente los anaqueles del comercio formal del país, para encontrar la respuesta correspondiente. Y hacer un compendio objetivo de las opiniones que, día a día, emiten los voceros gremiales de los productores a nivel nacional, para detectar la realidad de lo que sucede en el ámbito primario de la producción. Especialmente, cuando se habla de extensión de hectáreas productivas que nadie sabe en dónde están, de cosechas que no incrementan sus volúmenes y rendimientos, y de acusaciones de productores de países vecinos, agobiados por la presencia en sus predios de bienes importados y objeto de triangulaciones, amén de contrabandos impulsados por razones cambiarias.

En otras palabras, no es verdad que la Ley de Tierras ha andado por los campos venezolanos durante diez años provocando una revolución productiva. Tampoco es cierto que, a partir de semejante andanza, Venezuela hoy puede tutearse productiva y competitivamente  con sus nuevos socios del Mercosur. Y, mucho menos, que con la Ley y sus alcances, se pueden avivar esperanzas acerca de que, a corto plazo, ya las venezolanas amas de casa no tendrán que hacer turismo de aventura para comprar un kilogramo de harina precocida de maíz, un kilo de arroz o de café, porque la oferta nacional se habrá multiplicado.

Lo que más se aproxima a la autenticidad de los hechos, de las acciones administrativas y los resultados es que, como en otras áreas de la economía, aquí también hay una gran deuda de atención y dedicación, de cumplimiento con las obligaciones de pago a los propietarios expropiados y de acercamiento con la convicción colectiva, en cuanto a que la lucha contra la escasez se sigue convirtiendo en una obligación de todos los días, ya que el desabastecimiento es una posibilidad inocultable. ¿0 es que hay algún burócrata o un consumidor que en estos días crea en que 2013 no comenzará con mayores dificultades de oferta a lo que ya se ha vivido durante las últimas semanas?.

egildolujan@gmail.com

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