ALBERTO MEDINA MÉNDEZ, REGULACIONES PARA SILENCIAR. DESDE ARGENTINA

Una corriente incontenible viene creciendo en buena parte del mundo. A medida que la política se deforma, envicia y corrompe, buena parte de su esmero apunta a evitar críticas, o al menos en esta etapa, minimizarlas.

En esa línea de acción pretenden controlar el contenido de lo que se expresa en los medios de comunicación. Ya los han elegido como el nuevo blanco de la política. Muchos esfuerzos están puestos allí, de modo sutil algunas veces o de una forma más burda en tantos otros casos.

La trillada estrategia de controlarlo todo, de normar cada centímetro de una actividad para encorsetarla, es la modalidad elegida. Las naciones vienen avanzando en esto de asumir el manejo integral de los contenidos.

Las excusas que se utilizan para darle cierta moralidad a la decisión son múltiples. Muchas de ellas suenan sensatas y hasta parecen atractivas, pero esconden en realidad perversas intenciones más básicas y elementales.

Conceptos genéricos, pero también ambiguos, como la verdad, la objetividad y hasta cierta pretendida calidad de los contenidos, ayudan a instalar la idea de que hay que alentar normas que permitan acotar el margen de maniobra de los que manejan los medios de comunicación.

Los más osados se animan a afirmar que las regulaciones contribuyen a la favorecer el pluralismo, aunque demuestran a diario que solo replican voces idénticas, que dicen lo mismo, desde diferentes espacios y lugares.

Inclusive van más allá, asignándole un rol de “servicio público” a quienes ejercen periodismo, para colocarlos en la jurisdicción del control, y al convertirse en cosa pública, sean sujeto directo de las regulaciones.

La política avanza en este sentido, con cierta complicidad de una sociedad, algo hipócrita a veces. Lo hace por interés propio, porque cree que controlar los medios, le permite manejar el relato, le posibilita instalar una verdad subjetiva de modo masivo y que ese dominio le garantiza permanencia.

En ese esquema, el poder, pivotea entre la idea de regular los medios, que tiene aprobación social, y su necesidad política que le resulta funcional. Pretender que la política deje de intentar su camino de regular a los medios es una aspiración desmedida. Lo harán, y lo seguirán intentando. Precisan acallar a las voces diferentes, silenciar a los periodistas que pueden denuncian hechos de corrupción, y enmudecer a cualquiera que se anime.

Ya no tienen plafón político, para encarcelar personas por su pensamiento, ni torturarlos o quitarles la vida. En estos tiempos, esa estrategia es inadmisible por su inviabilidad política. Por eso eligen este camino, más sutil, aparentemente más amable, pero que busca los mismos fines.

Lo que es difícil comprender es como la gente apoya este tipo de decisiones normativas. Atenta contra su única posibilidad de ponerle limites al poder, de evitar los abusos, la concentración del poder estatal.

En momentos como estos, en los que la republica está jaqueada, y su división de poderes cuestionada, el contrapoder por excelencia, es el de los medios de comunicación, el periodismo y la prensa.

Ahogar esa posibilidad, es casi suicida en términos sociales. Acallar las voces es la peor idea. El disfraz que proponen las regulaciones, combatiendo supuestas posiciones dominantes o configuraciones monopólicas, resulta atractivo para muchos porque suena convincente esto de favorecer a los más pequeños y perjudicar a los aparentemente grandes.

A los monopolios, a los que parecen dominar la escena, se les da la batalla en el mercado, con mejor programación o contenidos más inteligentes, es decir compitiendo con ellos y ganándole en el terreno adecuado. No existe monopolio invencible en esos términos, en todo caso existen mejores y peores medios, periodistas más serios y creíbles, y de los otros, esos que trabajan para el discurso oficial, solo porque reciben una paga a cambio.

Por eso resulta especialmente extraño, que en este contexto, algunos periodistas, digan estar de acuerdo con estas leyes, siendo que son la negación de la libertad de expresión. En esa lista de comunicadores, aparecen quienes adhieren a estos intentos regulatorios, por cierta actitud culpógena con su visión ideológica pasada, cuando no por la compensación económica que implica fijar públicamente esa posición.

Las normas que regulan la actividad periodística, no tienen sentido alguno. Si existe alguna actividad que no precisa regulaciones, es esta, porque hacerlo, implica limitar la libertad de expresión.

Es difícil hallar algún aspecto positivo en este tipo de legislación, no solo en nuestros países, sino en cualquier lugar del mundo. Recorriendo las normas, no se encuentra párrafo alguno que tenga sentido y que merezca ser escrito, menos aun votado masivamente por legisladores oficialistas y de los otros, que siguen creyendo en esta visión de ponerle limite a todos.

Más allá de que muchos de los ingenuos defensores de estas normativas, ciudadanos desprevenidos en su gran mayoría, jamás leyeron el texto jurídico y solo repiten consignas ajenas, elaboradas por la política y los voceros propagandísticos del gobierno, lo cierto es que los impulsa cierta impotencia frente a la libertad. Gente que no tolera el pensamiento diferente, que pretende discurso único, pero no se anima a decirlo abiertamente por cierto pudor democrático.

Si pudieran, si estuviera en sus manos, cerrarían medios, limitarían licencias, impedirían la contratación de ciertos comunicadores. Su cobardía llega hasta allí, ni siquiera se animan a decirlo en público. Parece que aun conservan algo de pudor. No sabemos por cuánto tiempo. Tal vez, muy pronto, intenten dar un paso más y decidan quienes pueden hablar, confirmando esta tendencia, aparentemente irrefrenable, de llevar adelante más regulaciones para silenciar.

albertomedinamendez@gmail.com

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