ADOLFO R. TAYLHARDAT, COLOMBIA Y EL PACTO DE BOGOTÁ

La denuncia del Pacto de Bogotá que ha hecho Colombia es, por supuesto, una decisión soberana. Sin embargo, se trata de un tema de naturaleza internacional que tiene implicaciones que trascienden los límites de Colombia y que interesan a cualquier estudioso del derecho internacional.

Para comenzar, es bueno recordar que el Pacto de Bogotá - Tratado Americano de Soluciones Pacíficas - fue concluido durante la IX Conferencia Internacional Americana (lo que hoy día es la Asamblea General de la OEA) celebrada en Bogotá en abril de 1948.

Mediante ese Tratado las Partes Contratantes reafirman “solemnemente” sus compromisos contraídos mediante instrumentos internacionales anteriores de “abstenerse de la amenaza, del uso de la fuerza o de cualquier otro medio de coacción para el arreglo de sus controversias”. También se obligan a recurrir en todo tiempo a procedimientos pacíficos para solucionar las controversias que pudieran surgir entre ello y que no se hubieran podido ser resueltos mediante negociaciones directas por la vía diplomática

El tratado enuncia los siguientes métodos a los cuales pueden recurrir los Estados involucrados en la controversia: los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación, el arbitraje y el recurso a procedimientos judiciales. Esa enumeración no implica un orden de prelación y las partes pueden escoger el que prefieran.

He dejado de último el recurso a los procedimientos judiciales porque el artículo correspondiente del Pacto establece expresamente que las Partes declaran “como obligatoria ipso facto” la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, disposición que considero superflua e innecesaria porque la obligatoriedad de la jurisdicción de la CIJ emana de la propia Carta de las Naciones Unidas y está contenida en idénticos términos en el párrafo 1 del artículo 93 de la Carta.

Me he detenido en este último aspecto porque inicialmente la denuncia colombiana del Pacto de Bogotá tenía por finalidad excluir a ese país de la jurisdicción de la CIJ como se desprende de la siguiente declaración del Presidente Juan Manuel Santos: “He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica en Colombia, y no por sentencias proferidas por la Comisión (sic) Internacional de Justicia. Por eso en el día de ayer Colombia denunció el Pacto de Bogotá”.

Posteriormente esa posición ha sido corregida por altos funcionarios del gobierno quienes aseguran que la denuncia del Pacto de Bogotá no tiene relación con la jurisdicción de la CIJ. ¿Se trata entonces de una declaración política para tranquilizar a la galería? Sin embargo, lo dicho dicho está.

Por cierto, esa decisión colombiana se parece mucho a la que tomó el repitiente ausente cuando denunció el Pacto de San José (Tratado Americano de Derechos Humanos) como represalia contra la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos sin detenerse a pensar que para retirar a Venezuela de la CIDH tendría que denunciar la Carta de la OEA Si Colombia pretendiera excluirse de la CIJ tendría que denunciar la Carta de las Naciones Unidas.

Considero que el efecto más preocupante de la decisión colombiana es que, si bien es cierto que hay otros instrumentos que imponen la obligación de resolver los conflictos por la vía pacífica (las Cartas de la OEA y de las Naciones Unidas, entre otros), Colombia queda liberada de las obligaciones más constriñentes que le imponía el Pacto de abstenerse del uso de la fuerza para resolver los conflictos y controversias en los cuales se vea envuelta. Esto es así no solamente con respecto de Nicaragua sino con cualquier Estado de la región. A esta preocupación hay que agregar que Venezuela nunca ratificó el Pacto de Bogotá, lo que hace que estos dos países están libres del constreñimiento que impone ese instrumento a su comportamiento en caso de que surgiera una controversia o un conflicto entre ellos.

Gobiernos de otros países y los Secretarios Generales de la OEA y de las Naciones Unidas han manifestado públicamente su preocupación por la decisión colombiana. Según una nota publicada en este diario (EU, 01/11/12, Pág. 1-11) “la rebeldía de Colombia ante una sentencia que considera perjudicial para sus intereses… ha generado preocupación en Chile y Perú” países que deberán comparecer ante la CIJ esta misma semana. La nota agrega que en esos dos países “las declaraciones de Santos se han recibido con inquietud”.

Catedráticos de derecho internacional colombianos y de otros países coinciden en sostener que la renuncia al Pacto, apenas diez días después de conocerse el fallo de la CIJ sobre Nicaragua, envía “un mensaje equivocado” a la comunidad internacional.

Comparto plenamente esta opinión.

adolfotaylhardat@gmail.com

@taylhardat

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