Los venezolanos quedamos sin la necesaria protección
regional en nuestros derechos fundamentales.
Henrique Capriles Radonski como Presidente de
Venezuela retiraría inmediatamente la denuncia que hizo el presidente Chávez de
la Convención Americana sobre Derecho Humanos que conduciría a nuestro país a
salir de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
finalmente estar fuera de la OEA. Para ser efectiva esta denuncia habrá que
esperar un año. Capriles ha insistido, a diferencia del presidente Chávez, en
la necesaria observación internacional y en la participación de Venezuela en
todos los organismos internacionales específicamente la intervención de los
Derechos Humanos por tener este carácter supranacional y porque la Constitución
venezolana así lo consagra.
Nadie en América Latina acompañará al presidente
Chávez en el retiro de la Corte y de la Comisión Interamericana. Estamos
seguros que los venezolanos el próximo 10 de septiembre de 2013 encontraremos a
Venezuela junto a los 24 Estados miembros de la región, aceptando tanto la
función de la Comisión como la jurisdicción de la Corte. Como lo señalara el
Secretario General de la OEA al lamentar la decisión del actual gobierno, la
normativa de la cual quiere sustraerse el presidente Chávez es "uno de los
pilares de la normativa legal que ampara la defensa de los Derechos Humanos en
el continente". Es absurdo, cuando el señor presidente sale garante en
negociaciones para la paz en Colombia entre el Gobierno y las FARC donde uno de
los aspectos fundamentales es la aplicación de los Derechos Humanos en ese
conflicto y especialmente el Derecho Internacional Humanitario, que intente
retirarse del más importante mecanismo en este continente. Quienes han estado
vinculados al mundo del derecho, a la diplomacia, a la docencia universitaria y
al ejercicio parlamentario, nunca dejarían de reprochar y condenar la actitud
gubernamental, cuando se pretende negar el valor que tiene el Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
El instrumento que hoy quiere denunciar Venezuela es
la Convención Americana de Derechos Humanos adoptada por unanimidad en San José
de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en sintonía con la Carta de la OEA,
que en su preámbulo establece obligaciones para todos los Estados en su
compromiso con la democracia, bajo el respeto de los derechos esenciales del
hombre. Esta protección conduce a la responsabilidad del Estado infractor.
Hasta ahora el orden jurídico interno por obligación de la carta debe asegurar
la incorporación de las normas internacionales de derechos humanos a la
Constitución y a las leyes y los Estados están obligados a suscribir las
garantías previstas en la Convención Americana con la efectiva observancia de
estos derechos. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ésta
interpreta y aplica la Convención y otros instrumentos jurídicos propios. Sus
sentencias y resoluciones fortalecen la democracia, protegen a los individuos,
informan, educan y humanizan la labor de las fuerzas armadas y la policía,
además de administrar justicia. Allí están los núcleos fundamentales de los
derechos tantos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales.
A la actual administración venezolana le incomoda el
tener que acatar de manera obligatoria el contenido de las sentencias, con la
vigilancia no solo de la OEA sino de las demás naciones.
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La pregunta es cómo quedaría la vigencia de otros
instrumentos jurídicos vinculados al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
como el Protocolo Adicional a esta Convención de San Salvador (1988), Protocolo
Relativo a la Oposición a la Pena de Muerte (1990), Convención Interamericana
sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1949), la Convención para Prevenir y
Sancionar la Tortura (1985), Convención sobre la Desaparición Forzada de
Personas (1994), Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (1994); el Acuerdo para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999) y tantos otros.
Los venezolanos quedamos sin la necesaria protección
regional en nuestros derechos fundamentales, aunque quedamos bajo la ONU y su
Consejo de Derechos Humanos que funciona en Ginebra y dentro de la competencia
de los tribunales regionales como el Mercosur, reconoce la plena vigilancia de
todo el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. Es una
prueba evidente en América Latina el Dictador Fujimori al retirar a Perú de la
Corte y hemos visto cómo terminó en la historia.
Jcpineda01@gmail.com
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