El 8 de agosto
de 2011, hace exactamente un año, fue presentado ante la Sala Constitucional
del TSJ un habeas data contra el actual ministro de la Defensa, Henry Rangel
Silva, para entonces comandante estratégico operacional (CEOFANB). Sin embargo,
el recurso se mantiene paralizado, dado el control que ejerce el Ejecutivo
nacional sobre el resto de los poderes públicos en Venezuela.
Para ser más
claros, se encuentra en manos del magistrado Arcadio Delgado Rosales, a quien
pedimos audiencia el 17 de enero de 2012, hace más de 7 meses ” a los fines de
manifestar nuestra preocupación por el retardo del caso signado con el número
2011-1022″ del cual es ponente. Le recordamos al referido ciudadano que los habeas
data deben tener el más expedito
tramite de Sala Constitucional, según garantizan la Constitución y las leyes,
cuestión que ha sido incumplida por el máximo tribunal de la Republica,
desvirtuándose de esta manera el amparo que esta institución del derecho otorga
a los ciudadanos.
“Instruir a
jueces y fiscales sobre cómo juzgar es un linchamiento”, estas palabras del
Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Román Duque
Corredor, del 03/01/2010 las hemos vivido y continuamos viviendo en carne
propia algunos venezolanos.
Hace un año
exactamente señalamos ante el TSJ que en la primera Edición Especial de la
publicación oficial Ámbito Cívico Militar, órgano de divulgación del CEOFANB,
se nos identificó como objetivo militar, señalándose además información y datos
erróneos sobre nuestra persona. Allí se indicó expresamente que, conjuntamente
con otras personas: a) Conducíamos un esquema hipotético de ataque direccionado
al Golpe de Estado en Venezuela.
b)
Constituíamos un actor “táctico-operacional” en contra de la FAN. c)
Desarrollamos operaciones psicológicas contra la FAN. d) En nuestra condición
de representante de la ONG Control Ciudadano adelantamos fases de actuación
“…que buscan incidir de manera intrínseca en la promoción de la tesis de
confrontación y Golpe de Estado”. e) Además de ser parte integrante de un nuevo
“EJE” de acción promotor de la sublevación militar.
Todas,
imputaciones graves de delitos realizadas de manera infundada y sin prueba que
se suman a la práctica del Estado a través del sistema nacional de medios
públicos de arremeter contra ciudadanos vistos como críticos del gobierno del
presidente Chávez, lo cual nos convierte en enemigos internos y por ende a
partir del 2011 en objetivo militar. Retrotrayéndonos a prácticas ilegales y
contrarias a los derechos humanos que en las dictaduras latinoamericanas se
desarrollaron contra sus nacionales disidentes, críticos, opositores y
defensores de derechos humanos.
La única
manera de vencer el oprobio de este tiempo para el país es una receta muy
fácil: No tener miedo, no ser cómplice de la barbarie que viene ocurriendo, y
llenarse del coraje necesario para documentar las violaciones a los derechos
humanos de manera de obtener algún día verdad, justicia y reparación. Está visto
que el magistrado Delgado Rosales no tiene una pizca de esto…
rociosm@cantv.net34
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