miércoles, 8 de agosto de 2012

NORMAN PINO, LEGALIDAD DE PLASTILINA E INSTITUCIONES DE PAPEL

¿Qué sucederá cuando se realicen las elecciones presidenciales en Paraguay, asuma un nuevo presidente y el país sea “readmitido” como miembro del MERCOSUR? ¿se hará borrón y cuenta nueva? ¿acaso desaparecerán como por arte de magia las objeciones que el parlamento paraguayo mantiene actualmente? y ¿en qué condición legal quedaría entonces el ingreso de Venezuela al bloque?
OJO BRASILEÑO
La defenestración del presidente de Paraguay, los turbios manejos que ésta desencadenó y la subrepticia entrada de Venezuela al MERCOSUR por la puerta trasera no hacen más que poner de relieve la discrecionalidad y el desdén con los que en buena parte de Latinoamérica se maneja la legalidad y la institucionalidad internacionales.
Haciendo a un lado las consideraciones sobre las ventajas y desventajas de ingresar a ese esquema de integración en este momento, cuando éste pasa por una de sus más serias crisis y se ha destruido la capacidad agroindustrial y exportadora de nuestro país, así como la manera inconsulta como han sido tomadas las decisiones al respecto, es innegable que la legalidad ha sido obviada en razón de ventajas más de orden económico y político de uno y otro lado que por verdaderas razones de interés nacional; en las actuales circunstancias, pareciera que las economías de Brasil y Argentina serían las más beneficiadas, mientras que el régimen venezolano actual piensa obtener réditos políticos de semejante acción.
Antes que nada hay que dejar en claro que la salida de Lugo ocurre mediante un procedimiento ajustado fielmente a la Constitución paraguaya, por decisión casi unánime de un parlamento bicameral y en virtud del mandato soberano que le fuera conferido por el pueblo, el cual por cierto nunca salió a la calle ni a exigir que no se le desalojase de la presidencia ni que se le repusiera en ella. Tal vez nos pueda parecer curiosa o inconveniente la legalidad paraguaya que permite un juicio político sumario al presidente; pero aunque nos parezca dura, esa es la ley. Además, la misma figura existe, con las naturales variantes, en muchos regímenes parlamentarios europeos, en lo que constituye un procedimiento que a nadie se le ocurriría tildar de antidemocrático, donde un gobernante que pierde el apoyo del parlamento, representante al fin de la voluntad popular, simplemente es despojado de su investidura y se procede a elegir a un nuevo mandatario.
Como quiera que la crisis política paraguaya ponía en riesgo las alianzas de los países de la ALBA, se procuró la ayuda y complicidad de los demás miembros del MERCOSUR, primero para tratar de impedir el juicio a Lugo, y ante la imposibilidad de lograrlo, para tratar después de generar una salida de fuerza, como ha trascendido recientemente en diferentes medios. Sin embargo, todo indica que tras haber fallado en su intentona intervencionista los miembros del MERCOSUR y Venezuela encontraron la forma de sacarle provecho a una situación adversa. En efecto, Paraguay, país depositario del Tratado de Asunción que da origen al MERCOSUR, termina siendo “suspendido temporalmente” como miembro del mismo –no se sabe en base a que disposiciones legales- hasta que celebre nuevas elecciones, por haber seguido al pié de la letra el procedimiento constitucional para enjuiciar a su presidente, lo que inmediatamente es aprovechado para dar un golpe a la legalidad y allanar el camino para el ingreso de Venezuela, obviando así las serias reservas que el parlamento paraguayo ha tenido la valentía y sensatez de mantener por varios años.
Y aquí cabría preguntarse: ¿qué sucederá cuando se realicen las elecciones presidenciales en Paraguay, asuma un nuevo presidente y el país sea “readmitido” como miembro del MERCOSUR? ¿se hará borrón y cuenta nueva? ¿acaso desaparecerán como por arte de magia las objeciones que el parlamento paraguayo mantiene actualmente? y ¿en qué condición legal quedaría entonces el ingreso de Venezuela al bloque? Por el momento Paraguay ha señalado que el acceso de Venezuela sin su presencia ni conformidad constituye una grosera violación al Tratado de Asunción, además de un agravio a su dignidad nacional.
Todo ello nos lleva desafortunadamente a concluir que si Venezuela logró entrar al MERCOSUR sin contar con el aval de todos sus miembros, como lo establece su tratado constitutivo cuando señala que la adhesión de nuevos miembros debe ser “objeto de decisión unánime de los Estados Partes”, no debería ahora sorprendernos que también pretenda escabullirse de la vigilancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin necesidad de denunciar la Carta de la OEA.
Que Venezuela se haya prestado a una maniobra política de semejante naturaleza para satisfacer la obsesión de entrar a MERCOSUR no debe extrañarnos; lo sorprendente es que los tres miembros restantes del grupo hayan apoyado sin empacho alguno semejante tropelía por razones políticas y económicas; aunque después del fiasco protagonizado por la diplomacia brasileña en Honduras, generalmente considerada como la más profesional del continente, en donde se violentó abiertamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, no debería asombrarnos la actitud del principal beneficiario de esta decisión.
Definitivamente, parece que vivimos en un continente que dejó hace tiempo de estar gobernado por verdaderos estadistas, en medio de una legalidad de plastilina e instituciones de papel y bajo la mirada pasiva e indiferente de sus “ciudadanos”. Con razón el resto del mundo no termina de tomarnos en serio. Las instituciones, para que sean los verdaderos fundamentos de un Estado, de una sociedad o de una comunidad de naciones, deben obedecer a principios sólidos y estables y gozar del más estricto respeto a la legalidad, de otra manera ni ellas ni sus representantes pueden aspirar a ser tomados en serio por nadie.
normanpino@yahoo.com
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