Durante el
prolongado despotismo de Juan Perón (1946-55), el dictador de marras en aras de
obtener la reelección indefinida modificó la Carta Magna de manera ilegal en
1949. Este atropello incluyó además cambiar la parte dogmática de la
Constitución, la cual contemplaba los derechos individuales. Afortunadamente en
la Convención Constituyente de 1957, a instancias de la Revolución Libertadora,
se derogó esta normativa fascista sancionada ocho años atrás y se retomó a la
versión 1853-60, aunque en esta ocasión se incluyó el artículo 14 bis, que fue
un verdadero injerto demagógico que nada tenía que ver con el espíritu del
articulado original.
Ya en los años
noventa, otra vez el peronismo gobernó de manera prolongada (1989-99) en esta
ocasión bajo la presidencia de Carlos Menem. Nuevamente el afán reeleccionista
forjó la famosa reforma de 1994, en la cual no sólo se contempló la relección
sino que se agregaron una serie de “derechos sociales” colocados a instancias
del extinto demagogo Raúl Alfonsín, a la sazón cómplice y socio de Menem en
aquella sórdida maniobra “institucional”.
La tercera
presidencia prolongada del peronismo indudablemente fue el período del
kirchnerismo (2003-2015), por cuyas características de ejercicio de poder
familiar-matrimonial no resultaba necesario reformar la constitución porque la
pareja gobernante iría alternando el mandato de manera indefinida y con esta
trampa conyugal en marcha, no existía la necesidad de modificar la Carta Magna.
Pero al morir
Néstor Kirchner este ardid se complicó. Se ensayó entonces la idea de apostar
al primogénito Máximo Kirchner como posible heredero dinástico, pero a poco
andar, ya nadie duda de que este último no está a la altura de tales
circunstancias. Aparece entonces, por tercera vez en el peronismo, la
“necesidad de actualizar la Constitución”.
¿Qué enseñanza
nos deja este somero pantallazo?. Pues que en la Argentina el peronismo está
por encima de la Constitución, y es por ello que se da el gusto de cambiarla,
acomodarla o emparcharla cada vez que sus necesidades políticas así se lo
indican. La verdadera constitución de la Argentina no la conforman las normas
escritas tras el pomposo preámbulo, sino las normas que emanan de ese virtual
Estado-Partido que es el peronismo, sea que esta banda se presente bajo la
sigla PJ, Frejuli, Frejufe, FPV o cualquier sello proselitista de
circunstancia.
Pero ahora la
cuestión reformista es muchísimo más grave de lo que se piensa. Ya no se trata
solo de otorgarle a la viuda la reelección indefinida (prerrogativa
antirrepublicana que el matrimonio Kirchner ya había impuesto en Santa Cruz
cuando obraba de amo feudal de esa Provincia), dado que hoy el grueso los
“intelectuales” orgánicos que viven del régimen se encuentran deseosos de
modificar la parte dogmática de la Constitución Nacional, o sea, de cambiar o
desnaturalizar la porción del texto que contempla de manera expresa la libertad
de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de comercio, de navegación,
de contratar, de asociación, o de disponer de la propiedad privada, así como
también el derecho a la intimidad y las garantías jurídicas entre muchas otras
cosas.
¿Para qué
modificar la parte del texto que contempla estos derechos tan nobles entonces?,
no para otra cosa que no sea “reglamentarlos”, es decir, violentarlos,
restringirlos o anularlos según las apetencias o necesidades del/la déspota de
turno y su corte de burócratas, comisarios políticos y emisarios varios.
Para lograr
ese ominoso objetivo, el régimen necesita de determinadas mayorías especiales
(2/3 de los miembros de ambas cámaras). ¿Tiene el kirchnerismo tamaño consenso
en su bloque?, pues no, pero el problema reside en que muchos Diputados y
Senadores “opositores” o son fácilmente comprables o son fácilmente adheribles
a estas aventuras ideológicas, dado que los bloques “disidentes” están formados
en gran parte por radicales, socialistas, “peronistas federales” y derivados.
En suma, gran parte de la oposición ostenta
una preocupante mentalidad dirigista y estatista, y por ende no vería
con malos ojos pulverizar las libertades individuales en aras de entelequias y
declamaciones tales como “el bien común”, “la razón de Estado”, “la
solidaridad” o “los intereses supremos de la sociedad”.
Con una
oposición tan fuertemente influenciada por estas supersticiones colectivistas,
el kirchnerismo no tendría que hacer un esfuerzo titánico para convencer a sus colegas
en que los apoyen con esta endemoniada embestida reformista.
El riesgo
entonces no es tanto la peligrosidad ideológica y metodológica del oficialismo
sino la endeblez política y filosófica de muchos quienes fueron votados y
elegidos para oponerse y frenar sus oscuras ambiciones autocráticas.
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Nickymarquez1
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