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Un Mercosur sin leyes ni principios
por Julio María Sanguinetti
Asunción vio nacer el Mercosur. En marzo de 1991 se firmó el tratado constitutivo, que cuajaba varios años de maduración de la idea de una integración comercial liberalizadora y una mayor sintonía en las políticas económicas.
Los primeros ocho años fueron de avance sustantivo en todos los frentes, pero la devaluación brasileña, en enero de 1999, dejó al desnudo la fragilidad de la institucionalidad y la asimetría en el peso de las decisiones de cada Estado. A partir de ese momento, ya nada fue igual y vinieron desconocimientos de sentencias de los tribunales (caso del corte de un puente internacional entre la Argentina y Uruguay), constantes medidas de restricción en el comercio (la Argentina viene de instalar un complejo proceso de proteccionismo, respondido por Brasil con medidas retorsivas) y una incongruencia creciente en las políticas macroeconómicas. Veintiún años después, ahora en Mendoza, se suspende de un plumazo al país natal del Mercosur y se abandona definitivamente el valor jurídico de los tratados. Si Asunción lo bautizó, Mendoza, en estos inolvidables 28 y 29 de junio, le dio la extremaunción a un herido grave.
La suspensión de Paraguay fue una arbitrariedad. El acuerdo de Ushuaia, que estableció la cláusula democrática como condición para todo Estado miembro, prevé claramente que en caso de existir violaciones institucionales se deben realizar consultas y que sólo en el caso de que ellas sean infructuosas se podrá ir a las sanciones. En el caso, no medió la menor consideración. Tres miembros, sin siquiera escuchar al otro, resolvieron suspenderlo, al grito de que se trataba de un golpe de Estado.
La caída del presidente Lugo se produjo por un juicio político, previsto en la Constitución paraguaya, a raíz de un sangriento episodio ocurrido en la ocupación de un predio rural. La Cámara de Diputados acusó y el Senado condenó. De 125 legisladores, sólo 5 votaron en contra de la remoción. Y asumió, también como lo manda la Constitución, el vicepresidente, tan electo popularmente como el presidente, al igual que los legisladores. Desde ya que no hubo intervención militar ni policial ni violencia social alguna para influir en el resultado. Todo ocurrió dentro del sistema jurídico del país.
Se alega que se actuó demasiado rápido y puede ser cierto. Pero no son los países vecinos quienes puedan juzgar ese tema procesal, cuando los órganos constituidos lo han hecho de un modo tan claro y abrumador.
No entramos a discutir si la resolución fue oportuna, tan cerca del final del mando del presidente Lugo, ni si el incidente lo ameritaba. Lo que es indiscutible es que todo ocurrió dentro del sistema y que el doctor Franco, el hoy presidente, quien no participó de las decisiones, no es un usurpador y solamente puede ser desconocido por un ejercicio abusivo y prepotente de gobiernos vecinos, que asumen sobre el Paraguay una inaceptable tutoría.
Como si todo lo reseñado fuera poco, se resuelve, a tambor batiente, ingresar al Mercosur a Venezuela, cuya incorporación había sido negada por el Parlamento paraguayo. Del modo más frangollado que se pueda pedir, se aprovecha la coyuntura y sin que medie la unanimidad de las aprobaciones legislativas, como exige el Tratado de Asunción, se hace entrar por la ventana a un país que, además de su constante violación de libertades públicas, no tiene la menor condición para integrarse al Mercosur. Simplemente porque éste se basa en la libre circulación de mercaderías entre los socios y Venezuela posee un comercio totalmente administrado por el Estado.
Producido ese desenlace e intentando justificar que había salido de Montevideo con una posición y terminó con la contraria, el presidente uruguayo afirmó que "lo político supera ampliamente lo jurídico" y que "en los hechos la política entró a sustituir lo que no funcionaba". Hasta llegó a decir que como probablemente la próxima elección la gane el Partido Colorado paraguayo, habría que aprovechar el momento para introducir a Venezuela. Quien le contestó de inmediato fue su propio vicepresidente, Danilo Astori: es un "grave error incorporar como miembro pleno a Venezuela"; "no se puede avasallar la ley por la política"; "se desconocieron normas legales institucionales que considero fundamentales para todos los miembros del bloque y que están en la base de la propia existencia del Mercosur. El retroceso más grande y más grave que ha sufrido el Mercosur en toda su compleja historia es que ahora la única institucionalidad válida no es la de los tratados, no es la de los mecanismos que nos protegen a todos y requieren largas y trabajosas negociaciones. Ahora dependemos de las decisiones de los presidentes de los países".
En el terreno de la legalidad internacional, el Mercosur se ha deslizado a un decaimiento generalizado. Como dice el vicepresidente Astori, a partir de ahora todo puede esperarse de una reunión presidencial. No importa ya el tratado fundacional ni los acuerdos posteriores. Todo puede ser rebasado al impulso de decisiones presidenciales, que suelen ser el producto de momentáneos arrebatos emocionales.
Si esto ocurre en el terreno jurídico, nada mejor se advierte en el escenario político. Está claro que si el presidente es "amigo" -como es el caso- se lo defiende a cualquier precio; y si no lo es, se lo desconoce arbitrariamente, como ocurre hoy con el doctor Franco. Aún peor: se ha aceptado pacíficamente el más grosero intervencionismo en la política interna de un país. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, se trasladó a Asunción y se reunió ostensiblemente con la cúpula militar paraguaya, que felizmente le respondió como debía, ateniéndose a sus mandos institucionales.
¿Alguien imagina en diciembre de 2001 o enero de 2002 a un canciller brasileño conferenciando con los generales argentinos sobre las alternativas políticas abiertas por la caída de De la Rúa, en aquel caótico proceso que produjo cuatro presidencias en dos meses?
Lo ocurrido en Mendoza es un salto atrás inconmensurable en el proceso de integración regional, en la validez de los estatutos internacionales y en el reconocimiento de sus principios inspiradores. En nombre de la democracia, se han desconocido todos los valores que la sustentan. Ya no hay ley ni principios. En nombre de solidaridades o enemistades políticas, se actúa sin las limitaciones del derecho. Ni el principio de no intervención ha quedado en pie. A partir de ahora, todo es válido. Y es muy triste reconocerlo.
Los primeros ocho años fueron de avance sustantivo en todos los frentes, pero la devaluación brasileña, en enero de 1999, dejó al desnudo la fragilidad de la institucionalidad y la asimetría en el peso de las decisiones de cada Estado. A partir de ese momento, ya nada fue igual y vinieron desconocimientos de sentencias de los tribunales (caso del corte de un puente internacional entre la Argentina y Uruguay), constantes medidas de restricción en el comercio (la Argentina viene de instalar un complejo proceso de proteccionismo, respondido por Brasil con medidas retorsivas) y una incongruencia creciente en las políticas macroeconómicas. Veintiún años después, ahora en Mendoza, se suspende de un plumazo al país natal del Mercosur y se abandona definitivamente el valor jurídico de los tratados. Si Asunción lo bautizó, Mendoza, en estos inolvidables 28 y 29 de junio, le dio la extremaunción a un herido grave.
La suspensión de Paraguay fue una arbitrariedad. El acuerdo de Ushuaia, que estableció la cláusula democrática como condición para todo Estado miembro, prevé claramente que en caso de existir violaciones institucionales se deben realizar consultas y que sólo en el caso de que ellas sean infructuosas se podrá ir a las sanciones. En el caso, no medió la menor consideración. Tres miembros, sin siquiera escuchar al otro, resolvieron suspenderlo, al grito de que se trataba de un golpe de Estado.
La caída del presidente Lugo se produjo por un juicio político, previsto en la Constitución paraguaya, a raíz de un sangriento episodio ocurrido en la ocupación de un predio rural. La Cámara de Diputados acusó y el Senado condenó. De 125 legisladores, sólo 5 votaron en contra de la remoción. Y asumió, también como lo manda la Constitución, el vicepresidente, tan electo popularmente como el presidente, al igual que los legisladores. Desde ya que no hubo intervención militar ni policial ni violencia social alguna para influir en el resultado. Todo ocurrió dentro del sistema jurídico del país.
Se alega que se actuó demasiado rápido y puede ser cierto. Pero no son los países vecinos quienes puedan juzgar ese tema procesal, cuando los órganos constituidos lo han hecho de un modo tan claro y abrumador.
No entramos a discutir si la resolución fue oportuna, tan cerca del final del mando del presidente Lugo, ni si el incidente lo ameritaba. Lo que es indiscutible es que todo ocurrió dentro del sistema y que el doctor Franco, el hoy presidente, quien no participó de las decisiones, no es un usurpador y solamente puede ser desconocido por un ejercicio abusivo y prepotente de gobiernos vecinos, que asumen sobre el Paraguay una inaceptable tutoría.
Como si todo lo reseñado fuera poco, se resuelve, a tambor batiente, ingresar al Mercosur a Venezuela, cuya incorporación había sido negada por el Parlamento paraguayo. Del modo más frangollado que se pueda pedir, se aprovecha la coyuntura y sin que medie la unanimidad de las aprobaciones legislativas, como exige el Tratado de Asunción, se hace entrar por la ventana a un país que, además de su constante violación de libertades públicas, no tiene la menor condición para integrarse al Mercosur. Simplemente porque éste se basa en la libre circulación de mercaderías entre los socios y Venezuela posee un comercio totalmente administrado por el Estado.
Producido ese desenlace e intentando justificar que había salido de Montevideo con una posición y terminó con la contraria, el presidente uruguayo afirmó que "lo político supera ampliamente lo jurídico" y que "en los hechos la política entró a sustituir lo que no funcionaba". Hasta llegó a decir que como probablemente la próxima elección la gane el Partido Colorado paraguayo, habría que aprovechar el momento para introducir a Venezuela. Quien le contestó de inmediato fue su propio vicepresidente, Danilo Astori: es un "grave error incorporar como miembro pleno a Venezuela"; "no se puede avasallar la ley por la política"; "se desconocieron normas legales institucionales que considero fundamentales para todos los miembros del bloque y que están en la base de la propia existencia del Mercosur. El retroceso más grande y más grave que ha sufrido el Mercosur en toda su compleja historia es que ahora la única institucionalidad válida no es la de los tratados, no es la de los mecanismos que nos protegen a todos y requieren largas y trabajosas negociaciones. Ahora dependemos de las decisiones de los presidentes de los países".
En el terreno de la legalidad internacional, el Mercosur se ha deslizado a un decaimiento generalizado. Como dice el vicepresidente Astori, a partir de ahora todo puede esperarse de una reunión presidencial. No importa ya el tratado fundacional ni los acuerdos posteriores. Todo puede ser rebasado al impulso de decisiones presidenciales, que suelen ser el producto de momentáneos arrebatos emocionales.
Si esto ocurre en el terreno jurídico, nada mejor se advierte en el escenario político. Está claro que si el presidente es "amigo" -como es el caso- se lo defiende a cualquier precio; y si no lo es, se lo desconoce arbitrariamente, como ocurre hoy con el doctor Franco. Aún peor: se ha aceptado pacíficamente el más grosero intervencionismo en la política interna de un país. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, se trasladó a Asunción y se reunió ostensiblemente con la cúpula militar paraguaya, que felizmente le respondió como debía, ateniéndose a sus mandos institucionales.
¿Alguien imagina en diciembre de 2001 o enero de 2002 a un canciller brasileño conferenciando con los generales argentinos sobre las alternativas políticas abiertas por la caída de De la Rúa, en aquel caótico proceso que produjo cuatro presidencias en dos meses?
Lo ocurrido en Mendoza es un salto atrás inconmensurable en el proceso de integración regional, en la validez de los estatutos internacionales y en el reconocimiento de sus principios inspiradores. En nombre de la democracia, se han desconocido todos los valores que la sustentan. Ya no hay ley ni principios. En nombre de solidaridades o enemistades políticas, se actúa sin las limitaciones del derecho. Ni el principio de no intervención ha quedado en pie. A partir de ahora, todo es válido. Y es muy triste reconocerlo.
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