• Anthony
Daquin, ex asesor del Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela
• EXCLUSIVO:
Informe de sistema de identificación venezolano previo al convenio con
Cuba
• EXCLUSIVO:
Contrato confidencial entre Cuba y Venezuela para transformación del sistema de
identificación
Congregada en la ciudad china de Shenzhén para la
demostración, la delegación cubana captó de inmediato cómo la nueva tecnología
podía ser empleada para ejercer un mayor control sobre la población -y aplastar
cualquier brote contrarrevolucionario- en Venezuela.
El agente de seguridad chino caminaba casualmente por la
calle, llevando en una mano lo que lucía como un teléfono inteligente, mientras
los transeúntes paseaban a su alrededor sin sospechar que estaban siendo
vigilados, narró a El Nuevo Herald el ingeniero venezolano Anthony Daquin, quien
estuvo presente durante la demostración.
Después de un breve trecho, el agente se acercó a los
invitados. En el pequeño aparato había registrado la información personal de
decenas de personas que habían pasado a su lado. Todos los datos vinculados con
sus carnés de identidad habían sido transmitidos subrepticiamente por un
diminuto chip RFID incrustado dentro del propio documento de plástico.
Los cubanos, la mayoría vinculados con los servicios de
seguridad de la isla, se miraban las caras sin poder ocultar su asombro ante el
acto de magia tecnológica que permitía detectar la ubicación exacta de un
individuo sin que éste lo supiera.
Uno de los representantes del equipo se acercó a Daquin, y
muy entusiasmado, le manifestó: “Esto es lo que necesitamos, es lo que
estábamos esperando, Anthony. Esto es lo que vamos a implementar en Venezuela”,
relató el ex asesor del ministerio de Interior y Justicia de Venezuela.
Y es lo que el gobierno venezolano tiene previsto introducir
en el país sudamericano en caso de de que el presidente Hugo Chávez gane las
elecciones del 2012, como parte de un elaborado sistema diseñado para aumentar
el control del Estado sobre los ciudadanos.
Es un sistema, según Daquin, diseñado y operado por Cuba, que
ya tiene bajo su control el sistema de emisión de cédulas de identidad y de
pasaportes, así como toda información privada y sensible de todos los
venezolanos, incluyendo las propiedades que poseen, cuánto ganan, dónde viven
y, quizás más importante, si respaldan o se oponen a la revolución socialista
de Chávez.
Es un instrumento de control cuyo desarrollo y administración
ha significado un jugoso negocio para el régimen de La Habana, que ha comenzado
a ofrecer esos servicios a Bolivia, Ecuador y Nicaragua, dijo el ingeniero.
“La información es poder […] y la información íntima de los
venezolanos ha sido manejada de forma objetiva, y de forma centralizada desde
La Habana, de una manera que le ha permitido al presidente Chávez mantenerse en
el poder”, expresó.
Daquin, cuyas declaraciones iniciales a la prensa venezolana
generaron cierto revuelo en el país, dijo que pudo ver de cerca los primeros
pasos dados por Chávez para implantar mejores mecanismos de control sobre la
ciudadanía después del golpe de Estado en su contra, en abril del 2002.
El ingeniero sostuvo que él estuvo presente en algunos de
esos primeros pasos, en representación de una empresa que asesora al gobierno
en materia de tecnología, y participó activamente en la modernización del
sistema de cédulas de identidad hasta que al entender los alcances de lo que se
pretendía hacer, discutió con la comisión cubana.
“[Les dije que] si ustedes implementan este documento [la
cédula de identidad electrónica] en Venezuela, yo me voy a sentir como cuando
la época de [el dictador Marco] Pérez Jiménez, cuando la gente le temía a la
Seguridad Nacional [policía secreta] y nadie tenía la oportunidad de expresarse
públicamente”, comentó Daquin sobre el enfrentamiento que condujo a su caída en
desgracia con el gobierno venezolano y posteriormente a convertirse en el
blanco de un atentado.
“[Con el documento], ahora tengo una Seguridad Nacional, pero
electrónica”, explicó Daquin, quien actualmente solicita asilo político en
Estados Unidos.
En realidad luce más como el G2 cubano, cuya presencia en
Venezuela era notable incluso antes de que el gobierno de Chávez firmara con
Cuba una concesión de emitir los documentos de identidad del país sudamericano.
“Ya desde antes [de la firma del convenio], los cubanos
habían tenido acceso a lo que les daba la gana en cuanto a la identidad de los
venezolanos”, aseguró el general de Brigada de la Guardia Nacional, Marco
Ferreira, quien fue jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería (DIEX) de
Venezuela.
Hoy en día, es personal cubano el que tiene el control de los
sistemas de documentación de los venezolanos. Un contrato redactado en el 2007
otorgó a la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas S.A., división comercial
de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) de La Habana, la concesión
para emitir la documentación venezolana.
A cambio de los documentos, cuya elaboración en realidad
Albet subcontrató a la multinacional Gemalto debido a su incapacidad técnica de
elaborar la tarjeta, el gobierno venezolano se comprometió a pagar $172
millones, de acuerdo con el contrato suministrado por Daquin a El Nuevo Herald.
El contrato estipulaba la entrega de ocho millones de
tarjetas vírgenes, pero Albet solo entregó seis millones, en lo que constituye
una clara violación del contrato, dijo Daquin.
Según Daquin, el control de Albet sobre el proceso de emisión
de documentación y sobre las bases de datos utilizadas en el proceso es
absoluto y el régimen de la isla cuenta con todas las herramientas necesarias
para expedir documentos venezolanos legítimos a cubanos o a cualquier otro
extranjero.
La información vinculada a esos documentos comenzó a ser
recabada por Cuba incluso desde el 2002, y actualmente se encuentra almacenada
en una gigantesca base de datos administrada desde Cuba por personal de la UCI,
dijo Daquin.
La base de datos, que inicialmente sólo incluía la
información de la DIEX, fue sistemáticamente ampliada para incluir la
información recaudada por los otros organismos, como la autoridad fiscal, los
programas sociales conocidos como “Misiones” e incluso la información
pertinente a la afiliación política del ciudadano, dijo Daquin.
También fueron incluidas toda la información de las notarías
y la de los registros civiles.
Esto quiere decir que los servicios de inteligencia cubanos
pueden en cuestión de segundos determinar no solamente las características
personales de cualquier individuo, su edad, su última residencia fiscal, y
cuánto gana, sino también las propiedades que tiene.
El gobierno venezolano, por su parte, niega que el régimen de
La Habana esté en control del sistema de identificación venezolano.
“[La base de datos para la cedulación] es administrada de
manera soberana e independiente por venezolanos”, sostuvo recientemente el
ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El
Aissami.“Es falso lo que dice el oposicionismo [de que está en manos cubanas]”.
Daquin, no obstante, aseguró que el ministro miente.
“Venezuela le entregó todo esto a Cuba como parte de su
estrategia para controlar al ciudadano”, reiteró Daquin. “El objetivo es:
‘tenemos que controlar a la población venezolana, a los ciudadanos y a la
ciudadanas para presentar, llevar e implementar nuestro modelo’, modelo
completamente socialista”.
Por otro lado, la cédula electrónica le otorga una nueva
dimensión al instrumento de control, ya que otorga la facultad de las
autoridades de detectar a un ciudadano al instante y cualquier opositor que se
exprese negativamente contra el gobierno en la calle podría ser identificado
sin que se de cuenta, explicó Daquin.
El gobierno venezolano actualmente está en posesión de seis
millones de tarjetas con el chip RFID (sistema de identificación por
radiofrecuencia) y tiene planes de iniciar un proceso de reemplazar los viejos
documentos con los nuevos a partir del 2013.
El polémico sistema RFID es utilizado actualmente por las
autoridades chinas por los beneficios que otorga en la gigantesca tarea de
controlar a más de 1,200 millones de ciudadanos.
En un momento dado la tecnología fue considerada por algunas
compañías de tarjetas de crédito en Estados Unidos para acelerar los pagos sin
que el instrumento tuviese que ser pasado a través de un lector, pero esos
planes fueron descartados debido al alto riesgo vinculado con el robo de
identidad.
La elaboración de la base de datos con la información de los
venezolanos comenzó en los primeros años de mandato del presidente Chávez sin
autorización de la Asamblea Nacional tras la firma de un acuerdo de cooperación
con Cuba.
Esa información se encontraba en gran medida recaudada en
papel haciendo uso de un formato que era aplicado en el país por décadas y la
tarea de digitalización fue asignada a miles de jóvenes venezolanos
pertenecientes al denominado Frente Francisco de Miranda, muchos de los cuales
fueron entrenados en Cuba para convertirse en los guardianes de la revolución
de Chávez.
“Se trata de una serie de venezolanos que desprecian la
identidad venezolana, desprecian lo que deberían ser su sentido patriótico y se
han convertido en agentes más radicales que los cubanos”, comentó Ferreira.
“Son gente del Frente Francisco de Miranda. Los llevaron para
que se formaran como milicianos, y luego les dan la función de comisarios
políticos, y los regaron por todas las instituciones del Estado”, añadió.
Los integrantes del frente estuvieron a cargo de la
denominada Misión Identidad, iniciativa que en cuestión de pocos años emitió
más de cinco millones de cédulas de identidad a extranjeros que residían en el
país, dijo Daquin.
Daquin, no obstante, dijo que es poco probable que las leyes
venezolanas hayan sido cumplidas a cabalidad durante la emisión de los
documentos en una operación que además tenía serías implicaciones electorales.
“Esta es una pregunta que debe realizarse todo venezolano:
¿Está usted seguro de que la persona que tiene al lado es el ciudadano que dice
ser? ¿Quién asegura que es así? Las bases de datos en Venezuela tienen una
discrepancia muy grande”, expresó el ingeniero.
La experiencia en Venezuela es una que Cuba aspira a replicar
en otros países del ALBA.
Daquin dijo que personal cubano estuvo involucrado en el
proceso de emitir nuevos documentos de identidad en Nicaragua y ha tenido
acercamientos con Ecuador y Bolivia.
“Cada país tiene su propia base de datos, pero cuando Cuba
accede a esa información, obviamente excede a las base de datos, a su
estructura principal. Y realmente el objetivo es el mismo que se hizo en
Venezuela. Es un objetivo de integración bajo un solo modelo, y una sola
ideología política”, expresó.
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@DelgadoAntonioM
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