Si el respeto de los derechos humanos fuera solamente el que se debe a la libertad de expresión e información, muy pocas dudas habría acerca de que los llamados "bolivarianos" no los respetan. En rigor, como veremos enseguida, esos gobiernos no solamente violan descaradamente esa libertad sino que embisten constantemente contra ella en su infatigable afán por dominar la opinión pública y violan asimismo muchas otras, incluyendo los derechos humanos.En los últimos tiempos esto es cada vez más evidente. Y abierto. Las noticias dan cuenta ahora de un informe de Amnistía Internacional en el que la organización acusa a la administración del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de utilizar a la Justicia (que en una democracia debiera ser, por definición, un poder independiente) para "frenar las protestas sociales"; esto es, para perseguir –muy especialmente– a los movimientos indigenistas o comunitarios. Prueba de ello es que en los dieciocho meses cubiertos por la investigación de la entidad referida se iniciaron nada menos que 24 procesos judiciales formales contra diversos dirigentes indígenas. La persecución se estructura utilizando la norma ecuatoriana que insólitamente define los cortes de rutas y caminos como actos de "terrorismo".
Con esos procesos persecutorios las autoridades nacionales ecuatorianas intimidan y amedrentan a los opositores y demonizan constantemente las protestas sociales. De manera sistemática, además. Especialmente cuando con ellas se persigue llamar la atención sobre la posible contaminación del medioambiente que pueden generar las explotaciones mineras en algunos territorios tradicionalmente ocupados por los indígenas.
Mientras tanto, las autoridades ecuatorianas procuran, en paralelo, controlar –cada vez más férreamente– los medios de comunicación masiva, como otro mecanismo para consolidar y acrecentar el fenómeno del "hiperpresidencialismo" autoritario que, en general, caracteriza a todos los gobiernos "bolivarianos". Y así cercenan –de mil maneras– la libertad de prensa. Por esto cierran a voluntad estaciones de radio, argumentando cínicamente que lo hacen para "reordenar el espectro radioeléctrico" ecuatoriano, cuando la verdad es que las "reordenadas" son casi siempre emisoras críticas del peculiar –y muy poco democrático– gobierno de Rafael Correa.
En paralelo, un informe reciente de "Human Rights Watch" que lleva la firma del incansable José Miguel Vivanco, acaba de confirmar que en Venezuela, una vez más a través del acaparamiento del poder por parte del Ejecutivo, se atenta constantemente contra los derechos humanos de los ciudadanos, cuyo deterioro es evidente.
Esto sucede mediante la intimidación, la censura y las presiones sistemáticas contra aquellos que son críticos u opositores de la patológica e interminable gestión de gobierno de Hugo Chávez. Quien es opositor no es siquiera, según Hugo Chávez, venezolano. Lo cual es una síntesis de cuán antidemocrático y resentido es, en esencia, realmente el líder socialista caribeño.
Chávez no se cansa de intimidar mediante la recurrencia al abuso de normas jurídicas poco claras. Como es la prohibición de transmitir por los medios de comunicación masiva noticias que "fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público", norma que se utiliza constantemente para sancionar y hasta cerrar o sacar del aire a las emisoras que son críticas de la gestión "chavista".
Otro mecanismo, también agobiante, es el de recurrir a las "cadenas" radiales y/o televisivas, con el que se promueve y proyecta –hasta un nivel de lo que deviene realmente un insoportable hastío– la imagen de los gobernantes de turno, interrumpiendo cualquier otra transmisión, como si la palabra, criterio u opinión de los circunstanciales líderes sobre cuestión alguna, por liviana e intrascendente que ella fuera, debiera ser considerada como lo más relevante en la vida de las sociedades. De no creer hasta para un país como el nuestro, en el que el uso y abuso de las transmisiones en "cadena" es proverbial.
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