El senador Roger Pinto Molina, líder de la
bancada opositora de la Asamblea de Bolivia, se encuentra desde el pasado 28 de
mayo en la sede de la Embajada del Brasil en La Paz, solicitando asilo
político. Es el caso más reciente de los centenares de perseguidos políticos
que existen en Bolivia, entre quienes se encuentran gobernadores,
parlamentarios, ex presidentes, ex candidatos presidenciales, dirigentes
políticos y sociales, y ciudadanos comunes; quienes están presos, exilados,
enjuiciados o amenazados; y cuyo único delito ha sido disentir del gobierno de
Evo Morales.
El senador Roger Pinto Molina, líder de
la bancada opositora de la Asamblea de Bolivia, se encuentra desde el pasado 28
de mayo en la sede de la Embajada del Brasil en La Paz, solicitando asilo
político. Es el caso más reciente de los centenares de perseguidos políticos
que existen en Bolivia, entre quienes se encuentran gobernadores,
parlamentarios, ex presidentes, ex candidatos presidenciales, dirigentes
políticos y sociales, y ciudadanos comunes; quienes están presos, exilados,
enjuiciados o amenazados; y cuyo único delito ha sido disentir del gobierno de
Evo Morales.El caso de Roger Pinto es emblemático, porque se trata de uno de los bolivianos que más ha denunciado al gobierno, presentado pruebas de los crímenes que comenten altos funcionarios, no sólo por corrupción, sino también por narcotráfico, violación de derechos humanos, y delitos de lesa humanidad. En lugar de investigar sus denuncias, agentes del gobierno han interpuesto no menos de veinte juicios en su contra, radicados en diversas ciudades del país, obligándolo a viajar constantemente, para dar la cara en los tribunales. Recientemente, ya no se conformaban con los juicios, sino que comenzaron a llegar amenazas en su contra y en contra de su familia.
Cuando se comparan las persecuciones que existen en Bolivia con las de otros países del ALBA, como Venezuela, Cuba, Ecuador y Nicaragua, se observa un patrón común: el uso del poder judicial, manejado por el Ejecutivo, para perseguir a la disidencia. El patrón consiste en fabricar delitos, utilizando pruebas y testigos falsos, así como la mala praxis policial, para luego inculpar a las víctimas inocentes, las cuales son luego sentenciadas por fiscales y jueces corruptos. Paralelamente se utiliza el poder político y mediático del gobierno, para vender a la opinión pública una imagen falsa de la víctima, haciéndola ver como culpable. En lugar de fusilar con balas, como se hacía antes en Cuba, se destruye a la persona con el poder judicial y con la propaganda negra.
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