Del refranero popular se tiene un aforismo que permite parafrasear el problema que padecen las universidades de cara al manejo funcional del concepto de autonomía. “Tanto nadar para morir en la orilla” da cuenta de una cruda realidad acuciada por el resentimiento de gobernantes que, con saña, han venido actuando al margen de principios y postulados sobre los cuales se cimientan las bases jurídicas de la Constitución de la República.
Particularmente, el artículo 109 que exalta la autonomía universitaria consagrándola como un derecho institucional. Al mismo tiempo que reivindica su concepción al garantizar el compromiso del Estado venezolano de coadyuvar con sus procesos de aplicación tanto en el plano administrativo, como organizacional, académico y financiero.
No obstante, la obstinación del gobernante sigue fungiendo como criterio de decisión para obstruir todo esfuerzo institucional universitario erigido en la dirección de afianzar la comprensión de autonomía universitaria en virtud de proceder al desarrollo académico según lo determina el susodicho precepto. Desarrollo éste que requiere del respeto constitucional por parte del mismo Ejecutivo Nacional por cuanto de ello depende que las universidades autónomas puedan acordar la inmediata consecución del cometido institucional que sus planes y proyectos esgrimen.
Ahora, el gobierno central apela a leyes subalternas y resoluciones “de trinchera” para atizar la crisis política que vive el país a través de la obtusa e infundada decisión de animar la participación de terceros en la elección de quienes asumen la conducción de los órganos de gobierno de las universidades autónomas. Esto, lejos de ser un acto en consonancia con lo dictado por el artículo 109, se convierte en una vulgar escaramuza entre conceptos endilgados constitucionalmente y otros aducidos por la doctrina del socialismo criollo. Además, refrendados por la revolución planteada al calor del sectarismo que distingue la labor del gobierno nacional.
Ya era hora para que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciara ante el recurso de nulidad por inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación interpuesto por las universidades autónomas el 10 de octubre de 2009. Sin embargo, dicha institución dejó al libre albedrío la situación universitaria. Quizás intentando buscar algún resquicio o hendidura por lo cual pueda justificar una posible intervención gubernamental que facilite la labor de desmoronamiento de la institucionalidad sobre la cual se depara el funcionamiento de estas Casas de Estudios Superiores.
En consecuencia, el artículo 109 de la Constitución de la República luce paradójicamente desmantelado por el desenfrenado afán de desarticular la legalidad que sustenta la autonomía universitaria. Razón ésta para argumentar la indefensión en que se ven atrapadas las universidades autónomas. Por tanto, bien puede hablarse del tropiezo que afecta la autonomía lo cual lleva a tener universidades avasalladas.
VENTANA DE PAPEL
EL COLMO REVOLUCIONARIO
Quienes en 1998 apoyaron la candidatura presidencial del teniente coronel Hugo Chávez, jamás pensaron en el desastre de país que hoy se tiene. Promesas iban y venían. Que si se lucharía contra la corrupción, que si se desarrollaría a Venezuela económica y socialmente, que si el país dejaría de depender del petróleo para así incentivar otros rubros y sectores de la economía productiva, que si se batallaría contra la inseguridad y la violencia de calle. En fin, el país político fue colmado de ofertas que irían a cumplirse de ganar el militar golpista. Sólo que nunca se acataron los compromisos aludidos electoralmente. Todo fue un juramento en vano. Hoy, a catorce años de aquel entonces, el país está agobiado de tantas mentiras. Todo fue una vil coartada para que unos pocos se convirtieran en acaudalados y fatuos revolucionarios de discurso. La excusa perfecta que sirvió de trampa cazabobos, fue el cuento del socialismo. Con los ingresos más elevados de la historia nacional, el país retrocedió a nivel de los años setenta. ¡Crasa contradicción!
En la actualidad, muchos complejos habitacionales que serían modelos de urbanismos, son espacios abandonados al desorden, la suciedad y al malandraje. Las expropiaciones de tierras, empresas y fincas productoras, son cultivo de miseria y abono para el resentimiento. La inseguridad jurídica hizo correr un buen número de organizaciones privadas lo que afectó numerosas familias. Tanto que la unidad familiar sufrió los embates de la polarización política lo que devino en divorcios, discrepancias y discordias familiares. ¿Qué más colmo que eso? En otras palabras, la racha de problemas que en estos años se ha dado, sin duda, es el colmo revolucionario.
UNA FORMIDABLE INTENCIÓN
La Ley que creó la Zona Libre Cultural Científica y Tecnológica del Estado Mérida (ZOLCCYT), dejó de ser lo que su normativa originalmente planteaba. La inquietud del dirigente político Danny Ramirez en cuanto a solicitar su reforma, constituye una necesidad toda vez que comprometería la posibilidad de ordenar el desarrollo merideño sobre bases sólidas y actualizadas. Es lastimoso que, desde que Florencio Porras asumió la Gobernación y que luego continuó Marcos Díaz Orellana, la ZOLCCYT cayó en desgracia.
Estos gobernantes, según explica Ramirez, “se empeñaron en desmantelarla reduciéndola a unos pocos empleados en unas oficinas que hoy no brinda resultado alguno. Estos sólo cumplen horario, y los beneficios y alcances que la Zona Libre le traería a Mérida se esfumaron”. El objetivo de la reforma a dicha ley, es ampliar su contenido y así darle un vuelco total a sus propuestas. De esta forma, la nueva normativa fomentaría mejores beneficios fiscales mediante la producción, distribución, compra y venta de bienes y servicios que vayan mas allá de lo tecnológico, científico y cultural. Incluyendo lo turístico en todos sus aspectos, tanto como la producción manufacturera. Igualmente, la comercialización de productos importados a mejores precios, convirtiendo a Mérida en el destino obligado del occidente del país. Desde dónde se vea, este planteamiento constituye una formidable intención.
PERVERSA ESTAFA MULTIMILLONARIA
Los enfados que vive el venezolano de a pié, son múltiples. Sobre todo, al verse y sentirse engañados y burlados por quienes desde el gobierno central tienen la osadía de seguir mintiendo a través de los medios de comunicación que han comprado con la idea de ensordecer al país y así ganar adeptos a su causa. No hay quien no se pregunte, por ejemplo, ¿de qué valió cambiarle el nombre a Venezuela?, o ¿cambiar la hora?, o ¿la denominación de la moneda?, o ¿agregarle una estrella más a la bandera?, o ¿haber expropiado tierras y empresas productivas?, o ¿haber enviado miles de millones de dólares hacia otros países dejando con hambre y sed a Venezuela?, o ¿haber despedido a miles de eficientes profesionales de PDVSA?, o ¿traer a miles cubanos al país relegando la capacidad de mano de obra capacitada venezolana?.
Entonces cabe preguntarles a estos representantes del régimen, ¿de qué valió toda esa sarta de decisiones tomadas sólo por complacer la vanidad del caudillo-presidente? ¿Para qué fue todo eso?. No es difícil inferir la respuesta. Sencillamente, para nada o para demasiado poco. Ha sido tiempo perdido y recursos dilapidados de la manera más despiadada e indolente. Ante tanta aberración, ¿por qué entonces el partido del oficialismo se obsesiona por mantenerse en el poder, cuando el país ha sido reducido a su mínima expresión? ¿Dónde queda la dignidad y la vergüenza? ¿Con qué moral insiste en solicitar el voto del pueblo? Debe reconocerse que todo ello ha sido una perversa estafa multimillonaria.
@ajmonagas
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