Alerta del Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:
Nombramiento de magistrados en El Salvador con irregularidades.
Mayo, 2012
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) alerta sobre el nombramiento de funcionarios de segundo grado en El Salvador mediante atribuciones presuntamente no correspondidas.
En una sesión de la Asamblea Legislativa salvadoreña se negoció el nombramiento de diferentes funcionarios de segundo grado como Fiscal General, Magistrados y Tribunal de Ética, esto a pesar de que dicha labor le corresponde, según la ley, a los diputados recientemente electos y no a la Asamblea saliente (de mayoría oficialista), tal y como lo explica Claudia Umaña de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).
Organizaciones como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) han solicitado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspender los nombramientos realizados por la Asamblea Legislativa por considerarlos ilegales, la razón primordial expuesta es que se admite que dicha competencia es potestad de los parlamentarios electos al momento de asumir funciones tal y como ha sido siempre. Se argumenta además, que quedan vulnerados el principio de sincronía y el principio de legitimidad popular indirectas establecidos en la Constitución Política.
Las demandas presentadas ante la Sala de lo Constitucional indican que la elección magistrados, cuyas labores cesan el 30 de junio, no podían ser nombrados por la legislatura que finalizó el 30 de abril, ya que solamente se podía renovar un tercio de la Corte tal y como lo habían ya realizado los parlamentarios ahora salientes en el 2009.
Por ello, el Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), plataforma de impulso a la democracia y los derechos humanos, integrada por más de 300 organizaciones de la región. Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del Movimiento Mundial por la Democracia (WMD):
· Se une con las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general que han solicitado una revisión de los casos. La democracia implica transparencia y apego a la ley.
· Hace un llamado a expertos constitucionalistas salvadoreños para que esgrimen sobre el caso y alerten ante posibles violaciones a la legislación salvadoreña.
· Insta al gobierno del Presidente Mauricio Funes, a los Señores Diputados y Diputadas y a la Sala de lo Constitucional a analizar detalladamente el caso y aplicar la legislación vigente sin el uso de vacíos legales que socaven la democracia que el país vive.
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