PACIANO JOSÉ PADRÓN VALLADARES, CONDENADOS A MORIR

         Con su ineficiencia o complicidad, tal vez las dos, este régimen nos limita y aminora la vida, obligándonos a auto-encarcelarnos en casa y a estar en permanente zozobra. El gobierno nos condena a morir. Casi 20 mil asesinatos el año pasado, y el crecimiento numérico de crímenes en el que ahora corre, nos llevan a concluir que hay que salir de este presidente, cuyo único motivo es su propia vida y su permanencia en el poder. Gracias a Dios hay un camino.

         Lo peor que nos puede pasar como pueblo -y nos está pasando- es acostumbrarnos a los atropellos sin reaccionar, calarnos silenciosamente los arrebatos de vida, limitándonos a “remedios caseros”, a soluciones personales ante el pánico de la sangre que mancha las calles, soluciones vinculadas estas a la prevención personal y familiar, que se traduce casi siempre en autolimitación de libertades. Exijamos en plaza pública respuestas contundentes, con manifestaciones de calle que hagan sentir la indignación de un pueblo que se aferra a la vida y rechaza la muerte, que haga sentir que tenemos sangre en las venas y que estamos dispuestos a enfrentar el gobierno indolente.

         El derecho a la vida es connatural a la persona humana, como son innatos a la persona los otros derechos humanos, los que no nos los da nadie en la tierra, nacemos con ellos, luego no es el Estado quien nos los otorga, a él corresponde reconocérnoslos y garantizárnoslos, así lo consagra la Constitución, Art. 19: El Estado garantizará a toda persona, sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable de los derechos humanos, siendo obligatorio para los órganos del Poder Público su respeto y garantía.  El presidente  Chávez y sus colaboradores trasgreden esta obligación como les viene en gana.

         De todos los derechos humanos el primero, sin discusión, es el derecho “inviolable” a la vida. Art. 43: “Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”. Aseguro, y me hago responsable de lo que afirmo: en Venezuela estamos condenados a muerte por el régimen. Se conocen casos de compatriotas que han sido asesinados por autoridades y jerarcas del gobierno, mientras nadie desconoce que 150 mil de los nuestros han sido vilmente matados en los últimos trece años, bajo la mirada indiferente y cómplice del régimen. Pareciera ser una manera de someternos, para cubrir con el manto del hampa común, asesinatos expresamente efectuados por autoridades.

         En las cárceles está la muerte, la misma que se encuentra en las calles, a pesar del expreso mandato constitucional: “El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”. Lo que ocurre en las cárceles solo lo explica una ineficiencia brutal o una condenable acción cómplice. El Estado está obligado a responder por la vida de los presos, pero la vida de la gente en prisión vale nada. En La Planta, una vez más, se pone en evidencia la complicidad, al constatar la existencia de un arsenal en sus celdas. ¿Y qué hace Chávez?, cuidar su vida y su permanencia en Miraflores. ¿Y qué hace la Ministro Fosforito?, poner de manifiesto su estupidez y su ignorancia.

         La CIDH de la cual Chávez quiere alejarnos, califica de “alarmante” nuestra situación carcelaria, y de “inaceptable” el número de muertos y heridos.

Ponerle fin al decreto de muerte está en nuestras manos, hoy vamos a batallarlo en la calle, y el 7 de octubre en las urnas electorales. Sacudámonos este gobierno que decreta para nosotros la muerte, mientras consagra su fuerza y recursos para mantener en vida al Presidente, tratando de asegurarle su permanencia al frente del Estado. Hay un camino.

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