Cuando el poder se construye sobre aberraciones de la política, se vuelve un arma peligrosa por cuanto su capacidad de agresión es directamente proporcional al odio de quien lo ejerce contra todo aquel que se atreva a expresar diferencia alguna. O peor aún, contra quien sea capaz de hacer pública una denuncia que evidencie la condición de miserable, sectario o delincuente de quien ostenta el poder con perversión y predeterminación.
La malevolencia de esta “revolución”, ha llevado a revertir interesantes experiencias alcanzadas en materia de derechos fundamentales. Pero también, ha estimulado conductas licenciosas por las cuales el funcionamiento del país se ha visto atascado en la senda que conduce a concienciar códigos de moralidad que la historia exalta a través de ejemplos que ocupan capítulos trascendentales de la vida política contemporánea. De situaciones así, Venezuela no pasa. Ese proyecto de país, ha continuado demoliendo esfuerzos de democracia que no han dejado de realizarse. Sin embargo, pareciera que la depravación de muchos que detentan posiciones de poder político supera cualquier pretensión en contrario.
El caso Aponte Aponte, es triste demostración del grado de descomposición institucional que se ha alcanzado. Y con contundencia, en el Poder Judicial donde la promiscuidad jurídica es de tal grosor que cualquier alto funcionario puede allanar sin mayores dificultades las veredas que llevan al dinero mal habido, convirtiéndose en tasador de sentencias. Dicho de otro modo, a enriquecerse con la excusa del “socialismo” abusando del poder mal entendido que ha caracterizado estos años de rapacidad y holgazanería, combinación ésta que no se resiste ante un soplo de racha roja.
Dicho problema, es apenas la punta de un iceberg en la mitad de un mar atestado de glaciales sumergidos. Pero contaminados de inmoralidad por la putrefacción de sus corrientes. Tanto que nadie puede pescar en la obscenidad de tan turbias aguas. Es precisamente lo que vive el periodista Manuel Isidro Molina, ex presidente del CNP, constituyente de la actual Carta Magna, cuando intenta ganar una batalla por la dignidad del ejercicio profesional del periodismo contra la podredumbre que abate al país en sus más alto niveles de gobierno. Todo ocurre por denunciar el presunto enriquecimiento ilícito y conducta impropia del concejal Humberto Berroterán, presidente del partido Unidad Popular Venezolana (UPV) fundado por la desaparecida dirigente Lina Ron, en el marco del juicio iniciado este miércoles 2 Mayo, por difamación, groseramente intentado contra Molina por el aludido edil petareño.
El intríngulis de este juicio, no asoma otra razón distinta de una vulgar intimidación por la cual pretende condenarse injustamente la obligada inquietud de quienes viven la necesidad de afianzar valores de libertad, justicia, respeto, honestidad, ética y democracia. De quienes buscan coadyuvar a la construcción de una sociedad justa y garante de derechos y deberes que exalta la Constitución de la República.
El meollo de esta maniobra de desvergonzada hipocresía judicial, busca contener toda resistencia que se oponga a que el país continúe siendo terreno de privaciones y expoliaciones. Plaza de patíbulos donde se mutila la moral y la paz de los venezolanos con el consentimiento de jueces que más allá de amparar la transgresión de derechos fundamentales, resguardan la pestilencia que de sus tribunales emana. En la línea de los que inquirió Ingo Müller cuando escribió sobre “Los Juristas del horror”, le corresponderá a alguien documentar sobre estas realidades bajo el titular: “Los juristas del hedor”, como en efecto lo ha pretendido Paulina Gamus desde www.analitica.com. Es cuando la justicia criolla tiende a plegarse a prácticas de obscura etimología por lo que no es difícil advertir la aplicación de la intimidación como arma jurídica.
VENTANA DE PAPEL
ES SÓLO UN “HASTA LUEGO”
Confinada por la escasez de recursos, problema propio de situaciones que muchas veces se desentienden de compromisos asumidos desde la visual que le confiere la vaguedad de una circunstancia, cierra las páginas el portal www.enfoques365.net. Caracterizándose siempre por un acertado y oportuno periodismo digital, demostró un carácter de vanguardia inspirado en la escuela en la cual se formó su director ejecutivo, el periodista Manuel Isidro Molina (Chiro). En la escuela que, desde la Universidad Central de Venezuela, estructuró su padre, cuyo nombre, por homónimo, ha sabido honrar a través del combate de ideas y la lucha por las libertades. Este portal, profusamente diagramado al mejor estilo multimedia, fue espacio para la disertación abierta que apostó siempre al desarrollo nacional y regional. Permitió el manejo informativo sobre tópicos tan solícitamente demandados como Universidad, Tecnología, Cultura y Deportes.
Aparte de la materia política, la cual constituyó su mayor y mejor dominio por el cual ganó un número significativos de lectores que, además, seguían las noticias de otros ámbitos de intereses siempre redactadas por reporteros con el mejor talante profesional. Desde las redes sociales asociadas, este portal conquistó un público lector que demostró su gratitud al modo de operar o manejar la información seleccionada para cubrir 24 horas al día durante los 365 días del año. La salida dewww.enfoques365.net, si bien resalta el voraz deseo por parte de personas desasistidas de civilidad, tolerancia y moralidad, toda vez que actúan cerrados a la crítica ante el atropello gubernamental, no es indicativo de un definitivo final. Solamente representa el reposo del guerrero mientras prepara su mente, manos y corazón para la próxima batalla. Por esto puede decirse que es sólo un “hasta luego”.
¿TRAICIÓN A LA PATRIA?
Resulta que, según la concepción de la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, la actitud asumida por el exmagistrado Emilio Aponte Aponte eran de esperarse de alguien que “traicionó su misión”. O sea que, de acuerdo a quien ahora preside el Consejo Moral Republicano, figura ésta cuya denominación dista de las ejecutorias que vienen llevando al desastre nacional, quien pueda arrepentirse del compromiso “revolucionario” traducido en violación de la normativa legal y principios de ética pública, es traicionar al país.
¡Crasa equivocación! En otras palabras, eso deja ver que quien se vea sumido por razones de sometimiento o rastrera genuflexión al desorden que viene animándose desde el alto gobierno como resultado de la abierta y cruda maraña administrativa, es simplemente un traidor. ¿O acaso debe entenderse de otra manera? ¿O es que para esta funcionaria que mejor parece la Agresora del Pueblo antes que Defensora, el concepto de “patria” envuelve sólo la estructura organizacional y la dinámica funcional del gobierno en su acepción más inmediata?
Si es así la cosa, entonces habrá que demoler la historia universal pues el término “patria” se ha utilizado siempre bajo una connotación magnánima que involucra la nación, sus valores sociales, su idiosincrasia y hasta su carga de sentimientos que definen la fuerza de su arrojo y el tenor de su temeridad frente a confrontaciones y conmociones nacionales. De manera que para Gabriela Ramírez, la patria se reduce sólo al conjunto de funcionarios en su trastocado discurrir porque lo contrario es traición a la patria. ¡Qué broma!
PROCESO ELECCIONARIO A JURO
¿Para qué la autonomía universitaria, si debe acatarse cualquier dictamen procedente del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia? Son parte de las contradicciones que se obran en este país dominado por un absurdo verticalismo cuyo sentido de respeto institucional se ha extraviado entre la arenga de funcionarios que ni siquiera saben del tamaño de sus responsabilidades pues cada decisión se convierte en la chispa de un problema. Al margen de lo que aduce la vigente Ley de Universidades, ahora el TSJ ordena votaciones universitarias donde el voto paritario, o sea el voto de Raymundo y todo el mundo, signará un enredado proceso eleccionario.
Por esta razón, la Comisión Electoral, en el caso de la Universidad de Los Andes, se ha visto en serios apuros para regular el inicio de las elecciones que conducirán, en principio, a elegir nuevas autoridades rectorales. Luego vendrían las decanales. Pero por ahora, el desorden que viene induciéndose en contrario con la autonomía universitaria (organizativa, administrativa, académica y económica mediante la cual las universidades deben darse su propio gobierno) es tal, que está viviéndose un proceso eleccionario a juro.
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