PACIANO JOSÉ PADRÓN VALLADARES / SALDREMOS DE LA "LISTA NEGRA"

Por séptimo año consecutivo el Informe Anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos incluye a nuestro país entre aquellos que “afectan seria y gravemente el disfrute de los derechos fundamentales”. Esta vergüenza la compartimos con Cuba, Estado con el que nos damos la mano entre los que menos favorecen el desarrollo pleno de los derechos del hombre. No obstante hay un camino, saldremos de la “lista negra”.

Se lee en el Informe que Venezuela no solo no adopta medidas efectivas para la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, ante violaciones cometidas por agentes del mismo Estado, sino que tampoco existe la prevención efectiva y las sanciones correctivas a los actos de violencia que puedan suscitarse, y se suscitan, entre particulares. Caso demostrativo de esta situación -así es destacado en el Informe- son los más de cien mil homicidios impunes perpetrados en los últimos diez años.

La CIDH analiza lo que denomina problemas estructurales que atentan contra los Derechos Humanos de los venezolanos, como la promulgación de leyes restrictivas de derechos, haciendo notar que muchas de esas leyes emanan del Ejecutivo como Decreto con Rango y Fuerza de Ley (añado yo, como efecto nocivo de una indebida e inconstitucional Ley Habilitante). Se anota como particularmente significativo el hostigamiento de personas y organizaciones que adoptan posición crítica ante el gobierno, como lo son igualmente “los ataques a medios de comunicación social y a periodistas”.

También destacan, entre los problemas estructurales, la falta de independencia entre los poderes y la sumisión de estos a la voluntad del Presidente de la República. Resulta particularmente grave el sometimiento del Poder Judicial, que es sin duda el más importante de los poderes públicos al corresponderle la misión de sancionar las desviaciones en la aplicación de la ley. A propósito de esto, la Comisión Interamericana recomienda al Poder Judicial “Abstenerse de ejercer represalias haciendo uso indebido del poder punitivo del Estado para sancionar la opinión política adversa”; también sugiere “Corregir el retardo procesal”. Una reciente perla que manifiesta la degradación del Poder Judicial venezolano -lo añado yo ahora- es el caso del Magistrado del TSJ y Presidente de la Sala Penal, Eladio Aponte Aponte, hoy en el saco del narcotráfico.

         Entre las recomendaciones resaltan “Hacer efectiva la separación e independencia de los poderes públicos”; “Garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos a todas las personas, independientemente de su posición frente a las políticas del gobierno”; “Condenar, desde las altas esferas del Estado, los actos de violencia contra comunicadores sociales, sindicalistas y disidentes políticos”; “Favorecer la participación e intercambio de ideas”; “Proteger eficientemente la vida y la integridad de todas las personas”; “Garantizar la plena libertad de los defensores de Derechos Humanos en cumplimiento de su misión”, e “Intensificar la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales”.

El Progreso y tranquilidad de Venezuela es objetivo que mueve hoy a muchos de los nuestros. Que todos progresemos y vivamos tranquilos luce alcanzable, porque hay un camino, hay un próximo Presidente que apunta al futuro, hay un Programa de Gobierno comprometido con el avance y hay un pueblo dispuesto a conquistar su bienestar. Impedir el continuismo está en nuestras manos, no hay que ser brujo para adivinar que un triunfo de más de lo mismo nos afianzaría en la “lista negra”.

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