Fue
en la contienda electoral de 1998 cuando en Venezuela la oposición no tomó muy
en serio la candidatura presidencial de Hugo Chávez y la posterior reforma
constitucional que este luego impulsó. Hoy, promediando el 2012, Chávez sigue
en el poder y esa misma oposición depende del avance de una enfermedad y no
tanto de sí misma para librarse de ese personaje y de ese oprobioso sistema
estatista y expropiador al cual oportunamente se le restó importancia.
A
diferencias del déspota de Caracas (quien no
tuvo la cautela de tener una consorte para delegarle el gobierno), en la
Argentina Néstor Kirchner puso a su mujer, Cristina, como heredera dinástica
del poder conyugal. Con esta argucia familiar, un mismo proyecto político “gambeteó”
los límites impuestos por la Constitución Nacional (práxis habitual en el
peronismo) y la familia Kirchner pudo conseguir así tres períodos consecutivos
al mando del PEN.
Pero
la trampa del nepotismo gubernamental mostró algunos límites. Al morir Néstor
Kirchner técnicamente el matrimonio quedó sin chances de continuar alternando
el poder más allá del 2015. ¿Cómo sigue la parentela real para proseguir con la
trampa reeleccionista? El matrimonio de marras tuvo dos hijos, Máximo y
Florencia. Descartando a esta última por su edad y porque al parecer nunca le
interesó la militancia, todo indica que “el mudo” Máximo tampoco está en
condiciones objetivas de “bancarse” una candidatura, una campaña y mucho menos
una gestión. El glamoroso ucedeísta Amado Boudoú habría sido un atajo al
efecto, un testaferro ideal del poder de su jefa, pero los escándalos de
corrupción que pesan sobre su persona lo liquidaron políticamente (aunque las
maniobras oficiales contra el Juez Rafecas hayan logrado hacerlo zafar judicialmente).
¿Qué hacer entonces?
La
ex guerrillera devenida en millonaria Diana Conti, en consonancia con los
propagandistas del régimen volvió a agitar con fuerza la “necesidad” de
reformar “el sentido” de la Constitución Nacional, en inequívoca argucia para
habilitar a la viuda a ejercer su despotismo sine die.[1] En verdad, este tipo
de “necesidades institucionales” no son
otra cosa más que un verdadero recurso discursivo, para que una determinada
banda de inescrupulosos aprovechadores pueda reformarla CN y perpetuar su poder
y su negocio a expensas del botín estatal.
Salvaguardando
la contra-reforma constitucional de 1957 (que devolvió la letra de 1853-60
aunque agregándole el desatinado y demagógico 14 Bis), en puridad fue el
peronismo el único partido político que con propósitos releccionistas modificó
la Constitución Nacional en el Siglo XX. En efecto, tanto el dictador Juan
Perón en 1949 como Carlos Menem en 1994 (con la complicidad del inflacionista
Raúl Alfonsín) hicieron lo propio a los efectos de prolongar sus respectivos
intereses personales y partidarios. Ahora nuevamente el peronismo alegando
“razones de actualización” vuelve a la carga con sus manoseos a la misma.
Pero
más allá del verso “reformista” y de “necesidades” institucionales
inexistentes, hay un dato que no es menor: las reformas constitucionales suelen
ser avaladas con el sufragio de las muchedumbres. Ocurre que es propio de las
aldeas tercermundistas (en la que la Argentina se ha ido convirtiendo desde los
años 40`) apelar al auxilio de caudillos paternalistas y providenciales que
vienen a defender “los intereses” del pueblo y por ende resulta
“imprescindible” prorrogarles el poder.
Pero
el peligro de una reforma constitucional no se limita a la mera habilitación de
una nueva reelección indefinida para que los demagogos estiren su negocio y su
renta. Este tipo de artimañas siempre vienen acompañadas de un bagaje de
reformas complementarias dirigistas y estatistas que progresivamente van
aniquilando el derecho de propiedad y las libertades individuales. ¿Acaso una
eventual convención constituyente no estaría abarrotada de legisladores zurdos
y peronistas ávidos de reglamentar desde la ley de gravedad hasta la presión
atmosférica?
Pareciera
que el gobierno técnicamente no tiene el quórum suficiente como para imponer
por sí tamaña investida, entonces tendrían que recurrir a la obediente y
solícita colaboración de los “bloques opositores”: ¿apoyarían éstos el requerimiento
oficial?
Por
lo pronto, apenas un puñado menor de legisladores se negaron a convalidar el
robo y la cooptación estatal de YPF (aunque con argumentos tibios y confusos,
hay que destacar que fue el PRO quien no se sumó a esta felonía). Si el grueso
de los parlanchines “opositores” han votado y apoyado tamaña inmoralidad
institucional e ideológica para con el petróleo: ¿por qué no habrían de hacer
lo mismo ante una reforma constitucional que en sí misma no acarrea
ilegalidades visibles?
Podría
pensar el amigo lector que estas reflexiones o prevenciones aquí expuestas
pecan de alarmistas o exageradas. Pues eso mismo le dijeron al venezolano
Alejandro Peña Esclusa cuando este advertía sobre los riesgos graves que
implicaba ser un opositor blando y dialoguista para con Hugo Chávez y sus
adláteres.
A
riesgo de pecar de redundantes o reiterativos, terminaremos la presente
epístola citando exactamente el mismo párrafo con el que la empezamos:
“Fue
en la contienda electoral de 1998 cuando en Venezuela la oposición no tomó muy
en serio la candidatura presidencial de Hugo Chávez y la posterior reforma
constitucional que este luego impulsó. Hoy, promediando el 2012, Chávez sigue
en el poder y esa misma oposición depende del avance de una enfermedad y no tanto
de sí misma para librarse de ese personaje y de ese oprobioso sistema estatista
y expropiador el cual oportunamente se le restó importancia”.
Es
sabido que hay dos formas de aprender: o con la experiencia propia o con la
ajena. Ya que la oposición no aprende con la primera, ¿que tal si prueba con
mirar las ajenas?
La
Prensa Popular | Edición 102 | Lunes 30 de Abril de 2012
Nicolás
Márquez
nickmarquez2001@yahoo.com
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