Río
Negro - 25-Abr-12 - Opinión
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Columnistas
Venezuela,
experta en demandas por expropiaciones
por
Néstor Rojas Mavares - DPA
Tras
el revuelo generado por la expropiación argentina de YPF a la petrolera
española Repsol, Venezuela ofreció a Buenos Aires su experiencia en operaciones
de sistemas financieros y de producción energética, dando un paso más allá de
la simple manifestación de solidaridad.
Pero
además, podría también contarle su experiencia en el manejo de las millonarias
demandas internacionales que ha ocasionado la política de nacionalizaciones del
presidente Hugo Chávez.
Seguramente,
la etapa de expropiaciones en Venezuela, marca de fábrica del proyecto
socialista de Chávez, dejará algo más que lemas estridentes sobre la defensa de
la soberanía nacional.
Venezuela
abandonará a mediados del 2012 el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependencia del Banco Mundial,
donde cursan más de 20 demandas contra el Estado por incumplimiento de
contratos y nacionalizaciones, pero los procesos de arbitrajes continuarán hasta
la sentencia y los eventuales fallos desfavorables podrían ser un nuevo
escenario de batalla sobre la soberanía.
La
firma local Ecoanalítica, que elabora informes sobre macroeconomía, calcula que
con las demandas está en juego un monto de más de 33.000 millones de dólares,
con mayor peso en el área petrolera, y Chávez advirtió que desconocerá
cualquier pronunciamiento del Ciadi contra la nación.
Chávez,
enfermo de cáncer y con un año electoral clave para su permanencia en el poder,
ordenó la salida de Venezuela del tribunal de arbitrajes del Banco Mundial
después de que la Cámara de Comercio Internacional (CCI) fallara a favor de la
firma petrolera Exxon-Mobil por la nacionalización de un proyecto petrolero y
condenara al Estado a pagar 908 millones de dólares.
La
Exxon-Mobil presentó el mismo caso ante el Ciadi y la estadounidense
Conoco-Phillips demandó una compensación de más de 30.000 millones por la
nacionalización de otro proyecto petrolero, cuyos fallos saldrán este año.
Venezuela
se había arreglado a finales del 2011 con la cementera mexicana Cemex por la
expropiación de sus instalaciones con un pago de 600 millones de dólares, la
mitad de la compensación que reclamó en el Ciadi. Antes se entendió con la
cementera suiza Holcim y la petrolera italiana ENI por casos relacionados con
nacionalizaciones.
La
mayoría de las demandas fue presentada después del 2007, cuando Chávez se
declaró socialista y comenzó una ola de nacionalizaciones de sectores que su
gobierno considera estratégicos y piezas clave de su proyecto, con la que tocó
intereses extranjeros.
Entre
los casos que esperan indemnizaciones están el fabricante estadounidense de
envases de vidrio Owens-Illinois, la agropecuaria inglesa Vestey, la minera
canadiense Cristallex, incluso el grupo siderúrgico argentino Techint.
Al
formalizar el retiro del Ciadi, el gobierno venezolano advirtió que la
Constitución establece que los contratos finalizados que generen demandas deben
ser decididos por los tribunales nacionales, desechando la intervención de la
jurisdicción internacional.
En
un ambiente de dudas sobre el equilibrio de la Justicia y de caída de la
inversión extranjera, Venezuela parece llevar las de perder con la salida del
organismo.
Venezuela
tiene firmados acuerdos bilaterales de protección con unos 20 países, con los
que aceptó fijar normas complementarias de arbitraje, entre los cuales no está
Estados Unidos, su principal socio comercial.
El
gobierno ha realizado desde finales del 2011 un amplio operativo para repatriar
más de 9.000 millones de sus reservas de oro depositadas en bancos europeos, lo
que desató rumores de que su intención era evitar que fueran embargadas ante
eventuales sentencias favorables a demandantes extranjeros.
Chávez
también manifestó su disposición a vender la petrolera Citgo, que opera en el
mercado estadounidense, con activos por valor de unos 20.000 millones de
dólares.
Este
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