Mi paraíso fiscal no sería, como muchos podrían pensar, un país donde no
se paga impuestos, sino un país con un sistema fiscal justo, transparente y
eficiente; el cual, sin debilitar al ciudadano, logre generar los ingresos
fiscales que permitan al Gobierno acometer lo que los ciudadanos consideren que
debe acometer por cuenta de ellos... y más nada.
Actualmente tal paraíso fiscal no existe en ninguna parte. De hecho, lo
que predomina en el mundo son unos verdaderos infiernos fiscales kafkianos.
Todo país que logre transformarse en un paraíso fiscal, tendrá todas las de
ganar.
Mi paraíso fiscal, se regiría por los siguientes dos principios:
1. Toda persona tiene el derecho inalienable de contribuir con su país
pagando impuestos, no importa cuán pobre sea. Además es inaceptable que la
ciudadanía pueda ser odiosamente dividida, por políticos y burócratas
interesados, en pagadores y no pagadores de impuestos.
2. El Estado no debe percibir ingresos por concepto de cualquier otro
impuesto que los pagados directamente por los ciudadanos en nombre propio. Es
un derecho inalienable de los ciudadanos que sus gobiernos trabajen
exclusivamente para ellos, sin que otros mecenas o interesados puedan
introducir confusión en tal relación.
En tal sentido, en ese paraíso fiscal, toda persona que recibe, así sea
un solo bolívar en ingresos, por cualquier concepto, pagaría impuestos. El
impuesto, por supuesto de índole progresivo, podría por ejemplo ubicarse entre
el 10 y el 49 por ciento. Ni pensar que el Estado se quede con la mayor parte
del ingreso de cualquier ciudadano, por adinerado que sea el contribuyente.
Las empresas no serían gravadas con impuestos, por cuanto su función es
la de crear trabajos y aumentar los ingresos gravables de los ciudadanos, algo
que pueden lograr mejor sin distorsiones fiscales. Por supuesto, las empresas
quedarían obligadas a enterar un impuesto por los dividendos pagados a quienes
no se encuentren fiscalmente domiciliados en el país.
Todo los demás ingresos que puedan ingresar al Estado, por ejemplo las
provenientes de las resultas petroleras, aranceles netos y utilidades
cambiarias, serán repartidos directamente entre los ciudadanos, en la medida
que las realidades macroeconómicas así lo permitan, y formarán parte de sus
correspondientes ingresos gravables.
El ingreso fiscal recaudado por el Estado central sería automáticamente
repartido según un situado constitucional bastante descentralizado, y el cual
visualizo como en un 10 por ciento para las gobernaciones y un 40 por ciento a
los municipios, distribuidos 90 por ciento en base de la población y 10 por
ciento en base al territorio. Los municipios podrán además cobrar sus
respectivos impuestos a las propiedades, residenciales.
En casos de emergencia nacional, y contando con el voto favorable del 80
por ciento de los asambleístas, la Asamblea Nacional podrá igualmente decretar
un impuesto sobre el valor de los activos financieros hasta por un máximo del 1
por ciento anual, hasta por períodos máximos de 3 años.
¿Privatizaciones de servicios públicos? Por supuesto que sí, pero
siempre adjudicándolos sobre la base de minimizar las tarifas para los usuarios
y no, como suele ser, para maximizar el ingreso del Estado.
¿Deuda pública? Ni un céntimo más que el 30 por ciento del PIB, y solo a
largo plazo.
Agradezco toda sugerencia que pueda hacer aún más paradisiaco mi paraíso
fiscal.
PER KUROWSKI
perkurowski@gmail.com
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