Una increíble "citación" enviada a un amigo que vive en un apartamento que alquila por parte de la denominada "superintendencia nacional de arrendamientos de vivienda", es una muestra de la irresponsabilidad con la que el Gobierno maneja las relaciones sociales. La carta en cuestión hace saber a los arrendatarios del edificio que "son citados ante el organismo para que manifiesten y ratifiquen su deseo o voluntad de adquirir en propiedad el inmueble que ocupan, de conformidad con la disposición transitoria de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda". Es decir, mediante este mecanismo se estimula al arrendatario a adquirir un inmueble aun en contra de la voluntad del legítimo propietario del mismo. Sí, así como lo lee: hay un ente gubernamental que ha sido creado para violentar el derecho de propiedad, un derecho constitucional del mismo rango que la libertad de expresión, tránsito o asociación.
Por si queda lugar a dudas sobre la naturaleza de esta ley, la "citación" en cuestión continúa planteándole al arrendatario que, de no comparecer en la fecha indicada, se asumirá su negativa de adquirir el inmueble y que no habrá prorroga. El lector incauto dirá que al menos hubo un mínimo de respeto y que la violación al derecho de propiedad está limitada a un período de tiempo concreto. Pues no es así. El final de la comunicación hace palidecer cualquier cosa que hasta ahora se haya dicho: "de no comparecer, este despacho entenderá como negativo el deseo de ocupar el apartamento que ocupan, quedando esta superintendencia en libertad de adjudicarlo a quien estime conveniente." Es decir, en caso de que el arrendatario no quiera robarse la propiedad, la superintendencia queda en libertad de hacerlo y adjudicarlo a quien le parezca perjudicando no sólo al legítimo propietario sino a un arrendatario respetuoso de sus obligaciones y de otro ciudadano que le confió su propiedad. Se pretende conminar al arrendatario honesto a ser cómplice del robo que ejecutará la fulana superintendencia.
Esto no es más que un gobierno dedicado a arrebatar la propiedad de una persona que legal y legítimamente ha adquirido un inmueble y saca legítimo provecho de su arrendamiento. La institucionalización del robo, ni más ni menos.
Pero todo va más allá. Se trata de un gobierno que estimula la violación de uno de los más elementales principios de convivencia: el respeto a lo ajeno. Además, es esta una manera de fomentar el odio y la violencia social entre personas que civilizadamente habían suscrito contratos libre y voluntariamente. La tal superintendencia estimula el irrespeto impune de los acuerdos entre las partes.
Al promover la quiebra de la palabra empeñada, el Gobierno atenta contra la esencia más profunda de la sociedad que es la confianza de los ciudadanos entre sí y la certeza de que las víctimas de quienes violen los acuerdos serán protegidas por la ley y las instituciones estatales. Es este un paso decidido hacia la anarquía y el enfrentamiento social.
El retorno a la democracia no sólo debe estar signado por el respeto de todos los derechos -incluyendo, obviamente, el de propiedad- sino que deberá desarrollar herramientas de diálogo y políticas eficientes -en este caso en el área de vivienda- para desmontar el caos y la confrontación que un gobierno que se sabe derrotado está dejando como herencia a quienes manejen la futura transición a la democracia.
@carrillomarcos
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