lunes, 26 de marzo de 2012

JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ: ECONOMÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO. (QUINTA PARTE)


En la entrega anterior, formulamos la siguiente interrogante: ¿habiendo recibido el país tantos recursos, que motiva que no se observe una elevación del Bienestar general del venezolano? Veamos.
Los ingresos en divisas, al adquirir la forma de una política de gasto público en el marco de una sana economía, ha de responder a una definida política de Estado que para el caso venezolano de la actualidad se orienta más a un enfoque ideológico que productivo (la política económica subordinada al interés político), en tránsito de intentar cambiar la base social fundamentada en una economía de mercado, hacia una indefinida relación socialista de producción con una estructura de propiedad colectiva Estatal de los medios de producción. Es de resaltar, que estos fines políticos que condicionan la economía no se inserta en una transición pacífica y democrática, reflejada, por ejemplo, en una política social instrumentada como unidad armónica dirigida a todas las capas y a todos los grupos sociales; asumiendo la referencia histórica muy popular en nuestro país en cuanto a que “la democracia no es una solución para nada sino una condición para todo”.
Sea oportuno destacar, que a partir del inicio del rentismo petrolero (J.V. Gómez) el patrimonio nacional se asume como patrimonio del Gobierno, a los efectos de garantizarse una armonía fiscal para el manejo de la política macroeconómica. A pesar de ello, y en honor de la verdad, debemos recordar (o conocer) que Venezuela vivió una época dorada por casi 50 años (1928-1978), lapso durante el cual nuestra economía mostró un crecimiento constante, mínima inflación, salarios reales positivos y un mejoramiento continuo de los indicadores socio-económicos, muy especialmente en educación, salud y vivienda; y en general una elevación permanente del Bienestar material de la población.
Tan maravilloso comportamiento, empieza a descomponerse a principio de los 80, momento a partir del cual los indicadores socio-económicos inician un decrecimiento, cuya caída se profundiza en el 2000 al extremo de encontrarnos hoy igualados con algunas economías Centro y Latinoamericanas de muy bajo progreso y desarrollo. En respuesta a esa crítica situación, irrumpe la oferta desarticulada e indiscriminada de programas sociales compensatorios divorciados de una política social, razón por la cual no se enfrentan los problemas de fondo y se convierten por parte del Gobierno en un populismo de la mano extendida (sin negarle algunos aspectos positivos), induciendo una lealtad forzada condicionante de la dignidad humana, y favorecedora del mínimo esfuerzo ciudadano para alcanzar objetivos superiores de vida. El financiamiento de tales programas, se hace posible gracias a un postulado fiscalista que le otorga preponderancia a la inversión financiera sobre la inversión productiva (fuente potencial de los ingresos futuros) tanto en el sector hidrocarburos como en el resto de la economía, complementado por un cerco permanente a la industria nacional y la destrucción del aparato productivo, con lo cual se perpetúa el modelo rentista que se intenta superar; que al día de hoy ha acumulado desde 1980 unos 30años de crisis y un retroceso de 50 años!!!, a diferencia, por ejemplo, de Chile y Costa Rica que vienen gestando desde 1990 un desarrollo sostenido y un crecimiento del PIB, y de Brasil y Perú que hacen lo propio desde el 2000 ; mientras que en Venezuela se intenta sustituir el sistema de mercado (o que funcione de manera restringida) por una experiencia agotada en el tiempo como lo es la economía centralmente planificada (negadora del funcionamiento de la economía moderna).
El cerco asfixiante aplicado a la actividad productiva privada (según  CONINDUSTRIA entre 2002 y 2011 fueron expropiadas 1.487 empresas), se ha traducido, obviamente, en una contracción de la oferta interna que intenta compensar recurriendo a las importaciones, mediante la instrumentación del denominado Plan Estado Importador, que para el caso específico de alimentos y rubros agrícolas vendidos por el Gobierno durante 2011 a los efectos de surtir a Mercal, Pdval y abasto Bicentenario, el 61,07% es traído del extranjero, con evidente remuneración de factores productivos foráneos. Este panorama se vuelve más crítico cuando, por una parte, observamos que la posibilidad de inserción de Venezuela en el comercio internacional (salvo como exportador de materia prima) encontrará resistencia, ante las dificultades de competitividad externa como consecuencia de presentar nuestro país la tasa de inflación más alta del mundo (que afecta a los más pobres) que en respuesta  al largo tiempo del tipo de cambio fijo, se revierte en una sobrevaluación de nuestro signo  monetario (¿intencional?), favoreciendo el citado Plan Estado Importador, habida cuenta que resulta más ventajoso importar que producir internamente, con lo cual se reduce la posibilidad de diversificar la base productiva del país.
La crisis antes mencionada, es igualmente alimentada por situaciones tales como que ocupamos durante el año 2011 el puesto 174 de 184 países en materia de libertad económica (Fundación Heritage), siendo al propio tiempo el país de más baja competitividad en América Latina (puesto 124 de 142 países). Todo ello adquiere tono de alarma, cuando también se observa que en la actualidad Venezuela produce unos 2,9 millones de barriles diarios de petróleo (de los cuales exportamos 2,4 millones), cantidad bastante alejada de la meta estimada en el Plan Siembra Petrolera que situaba en unos 6,0 millones de barriles diarios, y que gracias a la presencia de un precio promedio favorable no hemos entrado en mayúsculo desequilibrio de nuestras finanzas públicas.
De igual connotación, es lo relativo a la pérdida de funcionalidad del Presupuesto Nacional como instrumento de planificación y desarrollo, habida cuenta que alrededor del 50% de los ingresos petroleros son asignados a 9 Fondos, con una estructura programática y niveles de ejecución que se mantienen en permanente incógnita, consumando de tal forma un rompimiento de la Unidad del Tesoro al estimar los ingresos para 2012 con base a 50,00dólares USA por barril, con el añadido que a partir del año 2005 las Reservas Excedentarias fueron fijadas en sólo 30.000 millones de dólares USA, cifra que al ser superada  la diferencia debe ser transferida al Fisco.
Retomando el tema del Bienestar, los sistemas de protección han de fundamentarse en una integración de la economía  con una política social, para adquirir el perfil del denominado Estado de Bienestar Social donde se asocia e integra la política social con la política económica, a la luz de una visión del desarrollo económico-social que se pretende, y donde la teoría económica enfatiza sobre los efectos redistributivos y en la inversión en capital humano, como condición del progreso social (por encima de las bases materiales) que facilite el crecimiento económico y el desarrollo social, mediante la instrumentación de políticas económicas que promuevan la participación económica de los ciudadanos, a través del incentivo que representa el aumento de ingresos inducido por un empleo digno.
Mención especial merece el Estado de Bienestar Activo, donde las desigualdades sociales son enfrentadas por intermedio de la educación en sus distintos niveles y modalidades, a los efectos de transformar a los ciudadanos desde una condición de receptores pasivos de beneficios sociales, hasta convertirlos en personas independientes, activas, coproductoras de su propia seguridad elevando sus capacidades humanas y de competitividad como condición indispensable para ejercer el emprendimiento. En tal sentido, se requiere la puesta en marcha de programas educativos que propicien el empleo productivo y el autoempleo en micro, pequeñas y medianas empresas, a las cuales se les debe garantizar el capital de riesgo para su arranque y maduración, que faciliten su acceso a mercados, a servicios de desarrollo empresarial y a la incorporación de nuevas tecnologías que incrementen la productividad. En suma, el Estado de Bienestar Activo concibe la política social como inversión en capital humano y en capital social en aras de procurar la participación de las  personas y comunidades en el proceso productivo.
En Venezuela, bien sabemos, no existe seguridad para la inversión de capital lo cual niega el logro del progreso que será sólo posible en la medida que hagamos uso eficiente del capital y del trabajo.  Al propio tiempo, la ausencia de un Plan Educativo integrado y coherente dificulta la participación de dicho sector como generador del capital humano necesario para estimular el desarrollo económico-social del País. Por estas y otras razones de enfoque similar, se hace necesario relanzar las estructuras institucionales de la Nación a favor de recuperar el clima de confianza, con reglas de juego claras propiciadoras de la participación privada (nacional y extranjera) en planes de inversión física y en capital humano, hasta alcanzar un contexto tal como el expresado por Marcun Olson (1993): “lo que desean los individuos en una economía es la máxima confianza que cualquier propiedad que acumulen será respetado  y que cualquier contrato que firmen se respetará su cumplimiento con imparcialidad. Ellos necesitan un gobierno seguro que respete los derechos individuales. No hay propiedad privada sin gobierno” (…)”Pero las personas necesitan que sus bienes y sus derechos estén protegidos de la violación de los contratos, no sólo por otros individuos en el sector privado, sino también por la entidad que tiene el mayor poder en la sociedad, a saber, el propio gobierno”.
Jesús Alexis González
21/03/2012
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