En la entrega anterior, formulamos la siguiente
interrogante: ¿habiendo recibido el país tantos recursos, que motiva que no se
observe una elevación del Bienestar general del venezolano? Veamos.
Los ingresos en divisas, al adquirir la forma de una política de gasto público en el marco de
una sana economía, ha de responder a una definida política de Estado que para
el caso venezolano de la actualidad se
orienta más a un enfoque ideológico que productivo (la política económica
subordinada al interés político), en tránsito de intentar cambiar la base
social fundamentada en una economía de mercado, hacia una indefinida relación
socialista de producción con una estructura
de propiedad colectiva Estatal de los medios de producción. Es de resaltar,
que estos fines políticos que
condicionan la economía no se inserta en una transición pacífica y
democrática, reflejada, por ejemplo, en una política social instrumentada como
unidad armónica dirigida a todas las capas y a todos los grupos sociales;
asumiendo la referencia histórica muy popular en nuestro país en cuanto a que “la
democracia no es una solución para nada sino una condición para todo”.
Tan maravilloso comportamiento, empieza a descomponerse a
principio de los 80, momento a partir del cual los indicadores socio-económicos
inician un decrecimiento, cuya caída se profundiza en el 2000 al extremo de
encontrarnos hoy igualados con algunas economías Centro y Latinoamericanas de
muy bajo progreso y desarrollo. En respuesta a esa crítica situación, irrumpe
la oferta desarticulada e indiscriminada
de programas sociales compensatorios divorciados de una política social,
razón por la cual no se enfrentan los problemas de fondo y se convierten por
parte del Gobierno en un populismo de la
mano extendida (sin negarle algunos aspectos positivos), induciendo una lealtad forzada condicionante de la
dignidad humana, y favorecedora del
mínimo esfuerzo ciudadano para alcanzar objetivos superiores de vida. El
financiamiento de tales programas, se hace posible gracias a un postulado fiscalista que le otorga
preponderancia a la inversión financiera sobre la inversión productiva
(fuente potencial de los ingresos futuros) tanto en el sector hidrocarburos
como en el resto de la economía, complementado por un cerco permanente a la
industria nacional y la destrucción del aparato productivo, con lo cual se perpetúa el modelo rentista que se
intenta superar; que al día de hoy ha acumulado desde 1980 unos 30años de crisis y un retroceso de 50
años!!!, a diferencia, por ejemplo, de Chile y Costa Rica que vienen gestando
desde 1990 un desarrollo sostenido y un crecimiento del PIB, y de Brasil y Perú
que hacen lo propio desde el 2000 ; mientras que en Venezuela se intenta
sustituir el sistema de mercado (o que funcione de manera restringida) por una experiencia agotada en el tiempo como
lo es la economía centralmente planificada (negadora del funcionamiento de
la economía moderna).
La crisis antes mencionada, es igualmente alimentada por
situaciones tales como que ocupamos
durante el año 2011 el puesto 174 de 184 países en materia de libertad
económica (Fundación Heritage), siendo
al propio tiempo el país de más baja competitividad en América Latina (puesto
124 de 142 países). Todo ello adquiere tono de alarma, cuando también se
observa que en la actualidad Venezuela produce unos 2,9 millones de barriles
diarios de petróleo (de los cuales exportamos 2,4 millones), cantidad bastante
alejada de la meta estimada en el Plan
Siembra Petrolera que situaba en unos 6,0 millones de barriles diarios, y
que gracias a la presencia de un precio promedio favorable no hemos entrado en
mayúsculo desequilibrio de nuestras finanzas públicas.
De igual connotación, es lo relativo a la pérdida de
funcionalidad del Presupuesto Nacional como instrumento de planificación y desarrollo,
habida cuenta que alrededor del 50% de
los ingresos petroleros son asignados a 9 Fondos, con una estructura
programática y niveles de ejecución que se mantienen en permanente incógnita,
consumando de tal forma un rompimiento
de la Unidad del Tesoro al estimar los ingresos para 2012 con base a
50,00dólares USA por barril, con el añadido que a partir del año 2005 las
Reservas Excedentarias fueron fijadas en sólo 30.000 millones de dólares USA,
cifra que al ser superada la diferencia
debe ser transferida al Fisco.
Retomando el tema del Bienestar, los sistemas de
protección han de fundamentarse en una integración de la economía con una política social, para adquirir el
perfil del denominado Estado de Bienestar Social donde se asocia e integra la política social con la política económica, a la
luz de una visión del desarrollo económico-social que se pretende, y donde la
teoría económica enfatiza sobre los efectos redistributivos y en la inversión
en capital humano, como condición del progreso social (por encima de las bases
materiales) que facilite el crecimiento económico y el desarrollo social,
mediante la instrumentación de políticas económicas que promuevan la
participación económica de los ciudadanos, a través del incentivo que
representa el aumento de ingresos inducido por un empleo digno.
Mención especial merece el Estado de Bienestar Activo, donde las desigualdades sociales son
enfrentadas por intermedio de la educación en sus distintos niveles y
modalidades, a los efectos de transformar a los ciudadanos desde una
condición de receptores pasivos de
beneficios sociales, hasta convertirlos en personas independientes,
activas, coproductoras de su propia
seguridad elevando sus capacidades humanas y de competitividad como condición indispensable para ejercer el
emprendimiento. En tal sentido, se requiere la puesta en marcha de programas educativos que propicien el empleo
productivo y el autoempleo en micro, pequeñas y medianas empresas, a las cuales
se les debe garantizar el capital de riesgo para su arranque y maduración, que
faciliten su acceso a mercados, a servicios de desarrollo empresarial y a la
incorporación de nuevas tecnologías que incrementen la productividad. En suma,
el Estado de Bienestar Activo concibe la política social como inversión en
capital humano y en capital social en aras de procurar la participación de
las personas y comunidades en el proceso
productivo.
En Venezuela, bien sabemos, no existe seguridad para la inversión de capital lo cual niega el
logro del progreso que será sólo posible en la medida que hagamos uso eficiente
del capital y del trabajo. Al propio
tiempo, la ausencia de un Plan Educativo
integrado y coherente dificulta la participación de dicho sector como
generador del capital humano necesario para estimular el desarrollo
económico-social del País. Por estas y otras razones de enfoque similar, se hace necesario relanzar las estructuras
institucionales de la Nación a favor
de recuperar el clima de confianza, con reglas de juego claras propiciadoras de la participación privada
(nacional y extranjera) en planes de inversión física y en capital humano,
hasta alcanzar un contexto tal como el expresado por Marcun Olson (1993): “lo
que desean los individuos en una economía es la máxima confianza que cualquier
propiedad que acumulen será respetado y
que cualquier contrato que firmen se respetará su cumplimiento con
imparcialidad. Ellos necesitan un gobierno seguro que respete los derechos
individuales. No hay propiedad privada sin gobierno” (…)”Pero las personas
necesitan que sus bienes y sus derechos estén protegidos de la violación de los
contratos, no sólo por otros individuos en el sector privado, sino también por
la entidad que tiene el mayor poder en la sociedad, a saber, el propio
gobierno”.
Jesús Alexis González
21/03/2012
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