La liberación de los miembros de la Fuerza Pública en poder de las Farc debe hacerse sin más dilaciones. No hay razones para alargar este suplicio ni alimentar el show mediático que se hace con él.
Aceptados los protocolos de seguridad y definidas las fechas del 2 y el 4 de abril para la liberación de los 10 policías y militares secuestrados por las Farc, cualquier petición adicional es inconcebible e inaceptable.
Así que la inconsulta, innecesaria y oportunista invitación que hizo el colectivo de Colombianas y colombianos por la Paz al vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, para que participe en el proceso como garante, es, por el contrario, un palo en la rueda que se le quiere poner al proceso, quién sabe con qué intenciones.
Ya han sido muchas las artimañas y las mentiras acumuladas en este proceso. Las Farc se han inventado sobre la marcha toda clase de argucias para ganar espacios y réditos políticos, con el secuestro como arma de negociación. Cualquier centímetro de más que se les conceda será para alargar el penoso sufrimiento de los cautivos y sus familias.
No hay que caer de nuevo en la trampa, por más que algunos insistan en ponerlas. La exposición mediática y el abuso de los micrófonos en asuntos tan graves como el secuestro terminan por deshumanizar aún más este conflicto y violan flagrantemente el DIH que protege a las víctimas.
Y la razón es simple: las Farc no liberan a los secuestrados por razones humanitarias, nunca las han tenido, sino por mero cálculo político y no pocas dosis de autopropaganda.
Sobre todo ahora, cuando cerraron todos los espacios posibles de interlocución y diálogo, y las únicas cartas de presentación son las del terrorismo y el narcotráfico.
Puede que el Gobierno tenga guardadas en el bolsillo las llaves de la paz, pero ¡ah lejos que está la puerta para entrar a ella! Esta liberación de los secuestrados de la Fuerza Pública debería extenderse a plagiados por razones económicas. Así como es inaplazable que las Farc erradiquen las minas antipersonal, terminen con el reclutamiento de menores, el terrorismo y el narcotráfico, como requisitos mínimos para agotar otras instancias antes de un diálogo que puede llevar a una negociación.
No creemos que esta liberación de los 10 policías y soldados marque el inicio de una etapa de acercamientos entre el Gobierno y las guerrillas, porque es insuficiente para hacer borrón y cuenta nueva.
Los atentados terroristas de los últimos meses en varias zonas del país, con sospechosa voracidad en la zona de frontera con Venezuela, deben ser vistos como actos desesperados de las Farc por mostrar un poder que no tienen.
Así como sería un espejismo pensar que los más recientes bombardeos de la Fuerza Pública en Arauquita y Meta, con poco más de 70 subversivos dados de baja, son el comienzo del fin de la guerra en la que estamos hace 50 años.
Anhelamos la paz, pero no a cualquier precio.
Y la liberación de los 10 miembros de la Fuerza Pública no es un pago por anticipado de las Farc. Ni siquiera una mínima cuota para resarcir tanto dolor, tanta destrucción y tanta insensatez.
Esa que tanto beneficia a ciertos sectores políticos, aquí y en el vecindario, que se agolpan ante los medios para aplaudir las liberaciones, pero no para condenar a quienes ejecutan los secuestros.
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