Me indignó la afirmación presidencial de que el pago adeudado por el
Estado a los educadores católicos no es responsabilidad suya, “porque esas son
instituciones privadas”.
Una bofetada a quienes trabajaron todo el año en
educación pública con niños de bajos ingresos. Me vinieron a la cabeza los viacrucis y triunfos desde su gestación de las cinco escuelas de
la AVEC en la parte más alta de La Vega: la acción educadora del gobierno no
llegaba y las instituciones católicas con esas comunidades pobres crearon
escuelas para sus hijos, en parte financiadas con el dinero público que se les
debe, según la Constitución (art.103). Elimine usted Sr. Presidente las
escuelas Canaima, Andy Aparicio, El Encanto, la Olaso y Los Ángeles (todas de
la AVEC, Asociación Venezolana de Educación Católica) y no quedará ninguna
escuela pública para los miles de niños y jóvenes que viven desde Las Casitas
hasta Las Torres. Lo demás es demagogia y falsas promesas.
La indignación me trajo a la memoria cómo Fe y Alegría acudió a Cariaco
en la emergencia pública del terremoto y continúa allí su extraordinario aporte
educativo, cómo respondieron los hermanos maristas al llamado del Ministerio
para salvar la escuela granja de Santa Catalina (en el Delta) de las ruinas
oficiales y convertirla en la escuela
ejemplar que es hoy. En la periferia trabajan las escuelas en Santa Elena de
Uairén, de Carrasquero, Sinamaica y Ciudad Sucre, o las salesianas en
la isla Ratón, La Salle en El Baúl, y cientos más. ¡Cómo es
posible que se diga que eso no es público, que no hay obligación pública con esos niños, que sus padres paguen
su escuela!
“Yo” les voy a dar un dinerito ahorrado; afirmación presidencial
inaceptable. El presupuesto nacional educativo no es de “yo”, sino de los niños
y jóvenes. La contribución educativa de todo venezolano con el IVA no pertenece
a “yo”, sino a quienes por su derecho educativo la Constitución destina.
Una mentalidad estatista decimonónica impide a muchos entender que lo
público no es sinónimo de gubernamental ni estatal, y que Luis XIV con “el Estado soy yo” murió hace tres
siglos. Lo público en primer lugar es ciudadanía solidaria y responsable; y en
educación, la necesaria alianza virtuosa entre familia, sociedad y gobierno,
dentro del ordenamiento y prioridades del Estado, que es un instrumento
obligante para todos ellos. El convenio entre el Ministerio de Educación y la AVEC
se basa en el compromiso para juntos llevar la educación pública de calidad a
los sectores pobres. Con ello, 2.000 centros e instalaciones (inversión de más
de 10.000 millones de bolívares), no estatales, se destinan a la educación
pública, donde las familias y la sociedad colaboran (con millones en aportes
nacionales e internacionales) en el funcionamiento, mantenimiento y
mejoramiento, en sinergia con el Gobierno de turno. Las instalaciones no son
del Estado, ni la gestión escolar del Gobierno, pero la educación es pública
por su programa, título y supervisión; por espíritu y Constitución; y también
por Convenio firmado y “engacetado”. Mejor calidad, a mitad del costo estatal,
con frutos públicos maravillosos. Las familias contribuyen con menos del 10% y
la AVEC logra que el financiamiento estatal llegue con transparencia.
Funcionarios honestos nos preguntan cómo Fe y Alegría o las franciscanas
logran que los padres asuman la escuela como suya. Porque la sienten de ellos
(no de funcionarios lejanos) y cuidarla y mantenerla es parte de su aporte.
Respuesta sencilla pero de aprendizaje difícil por la deformación estatista,
con gobiernos que impiden y matan la
solidaridad y la participación que predican.
¿No se amenaza de muerte a esa
escuela cuando, en lugar de la felicitación presidencial navideña a sus
educadores con el pago de fin de año y el aumento debido, les dice: no reconozco su labor pública, porque ustedes,
sus niños, familias y escuelas son privados?
El derecho público constitucional de los niños a su buena educación sólo
se hará realidad con el esfuerzo responsable combinado de la familia, de la
sociedad y del Estado. La educación pública
avanza en este Convenio que pone
las instalaciones y la gestión escolar no estatales, junto con el financiamiento
oficial, al servicio de la calidad en sectores de bajos recursos.
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