sábado, 21 de enero de 2012

JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ: DEMOCRACIA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD CIVIL.

No admite duda en contrario, que toda estrategia de desarrollo pasa por un proceso de modernización que genera un cambio de la matriz en la organización social, cuyo desenvolvimiento va a procurar tanto una disminución de la capacidad de regulación estatal, como el de afianzar formas descentralizadas de coordinación. En este escenario, emergen dos realidades contrapuestas: perfectibilidad democrática (autodeterminación colectiva) y economía de mercado (equilibrio no intencional); es decir, el Estado debe simultáneamente impulsar normativas para adaptarse a formas descentralizadas, al igual que ir coordinando los procesos de transformación social, apuntando hacia una reorganización integral de la sociedad, articulando a los distintos actores sociales en torno a una estrategia determinada, bajo el hecho cierto, que es fundamentalmente a través de las políticas sociales  como el Estado puede impulsar dicha reestructuración social, habida cuenta que el mercado por sí solo no genera ni sustenta un orden social (pero tampoco acepta un presidencialismo exacerbado).
En forma previa, entenderemos a la sociedad civil (siguiendo a diversos autores) como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (la familia), la esfera de las asociaciones (asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública.
En esa dinámica, la democracia ha de nutrirse por intermedio de múltiples canales de participación ciudadana, en complemento de una política de gobierno que se apoye en una política de Estado, en un estadio donde la sociedad civil ha evolucionado hasta devenir en una realidad política que actúa como correctivo del desencanto democrático y de las fallas del mercado.
Es así, que en la modernidad los gobiernos procuran que su acción pública se vincule con las organizaciones de la sociedad civil, mediante la formulación e instrumentación de políticas públicas (co-participación sector público-sociedad civil), induciendo cambio de paradigmas del Estado hacia nuevas dimensiones de ciudadanía, con modificaciones sustantivas en las formas de relacionarse con la sociedad y de atender los sectores populares.
Venezuela, fue testigo del desmoronamiento del “Estado-providencia” a finales de los setenta, al igual que de la perdida de eficiencia del modelo rentista y consensual de reparto (poder y renta) a partir de los ochenta (con su evidente efecto sobre el burocratismo clientelar), propiciando una desarticulación en las relaciones entre el Estado y los agotados partidos políticos (crisis del papel mediador y de militancia); y de ambos con la sociedad en general, muy especialmente en el transcurrir de los años noventa cuando emerge con fuerza la anti-política autónoma e inducida, para luego dar paso a un ambiente de conflictividad permanente
La Constitución vigente en Venezuela, consagró un nuevo modelo en la relación Estado-sociedad (soberanía popular), el cual propicia la participación ciudadana como un derecho, tanto en los asuntos políticos como en las económica y social, a la luz de su vinculación con la acción gubernamental (formulación, ejecución, evaluación y control); incluida la potencial relación sociedad civil-sector privado.
En tal sentido, y en lo que se refiere a los medios de participación y protagonismo del pueblo en las citadas áreas social y económica en ejercicio de su soberanía, el Artículo 70 constitucional  señala:
“….. y en lo social y económico, las instancias de
atención ciudadana, la autogestión, la cogestión,
las cooperativas en todas sus formas incluyendo
las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la
empresa comunitaria y demás formas asociativas
guiadas por los valores de la mutua cooperación y
la solidaridad. La ley establecerá las condiciones
para el efectivo funcionamiento de los medios de
participación previstos en este artículo.”
Como bien se infiere de citado artículo, la descentralización bajo distintas formas y modalidades, incluida la redistribución del poder (relaciones regularizadas de autonomía y dependencia entre actores o colectividades en contextos de interacción social), ha de convertirse en el eje de la participación ciudadana (P ej. Consejos Comunales) en torno a las políticas públicas, en aras de desencadenar democratización y ciudadanía, aplicando modelos que faciliten una mayor eficiencia en la gestión local, a través de acciones instrumentadas bajo la figura de programas sociales, en el marco de una economía mixta.
Asumimos  economía mixta, como un sistema social basado en la división del trabajo, donde los precios de los bienes y servicios se determinan con participación del gobierno (sin llegar a un modelo de economía planificada), quien genera el marco legal correspondiente donde se establecen, entre otros aspectos, las reglas básicas para la propiedad de los bienes y para el funcionamiento del mercado.
En una economía mixta de mercado, se intenta resolver tres problemas fundamentales: el qué, el cómo y para quien producir; todo ello con grandes bondades, pero también con muchas imperfecciones que se traducen en pobreza y desempleo. En razón de ello, el Estado asume algunas áreas en aras de corregir las fallas en el funcionamiento del mercado (sin pretender eliminarlo); a la par de fomentar la eficiencia (estimulando la competencia), la equidad (desarrollando programas fiscales y de gastos para redistribuir el ingreso a favor de determinados grupos); y en general para propiciar el crecimiento macroeconómico.
Para el caso venezolano, el Artículo 299 constitucional establece:
“El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de
Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social,
democracia,  eficiencia, libre   competencia, protección  del
ambiente, productividad y solidaridad..………………….…”. El
Estado, conjuntamente  con  la  iniciativa privada, promoverá
el desarrollo de  la  economía nacional con  el  fin de generar
fuentes  de  trabajo, alto  valor  agregado  nacional, elevar  el
nivel  de  vida  de  la  población   y   fortalecer   la   soberanía
económica del país,….”, para lograr una justa distribución de
la  riqueza mediante una planificación estratégica democrática,
participativa y de consulta abierta”.
El desenvolvimiento económico de Venezuela, requiere con urgencia el establecimiento de una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil (interrelación), a los efectos de otorgarle a esta última un rol significativo mediante estrategias que amplíen los canales de participación ciudadana, con la finalidad de propiciar la transformación social, sin que ello obligue a construir las bases de una sociedad socialista. Ha de quedar suficientemente claro, que lo público no es propiedad del Estado sino de toda la sociedad; y que en la lucha contra la desigualdad social y económica debemos accionar armónicamente. En fin, se hace obligante la instrumentación de mecanismos de participación ciudadana, que resignifiquen y fortalezcan la democracia, a la par de enfrentar los agudos problemas relativos a la pobreza, desequilibrio en las oportunidades, expectativas truncadas y más.
En apretada conclusión, se puede afirmar que un Estado democrático y una economía mixta de mercado, se les dificulta funcionar sin la participación determinante de la sociedad civil.
 observatorio2012@gmail.com

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