No admite duda en contrario, que toda estrategia de desarrollo pasa por
un proceso de modernización que genera un cambio de la matriz en la
organización social, cuyo desenvolvimiento va a procurar tanto una disminución
de la capacidad de regulación estatal, como el de afianzar formas descentralizadas
de coordinación. En este escenario, emergen dos realidades contrapuestas:
perfectibilidad democrática (autodeterminación colectiva) y economía de mercado
(equilibrio no intencional); es decir, el Estado debe simultáneamente impulsar
normativas para adaptarse a formas descentralizadas, al igual que ir
coordinando los procesos de transformación social, apuntando hacia una
reorganización integral de la sociedad, articulando a los distintos actores
sociales en torno a una estrategia determinada, bajo el hecho cierto, que es
fundamentalmente a través de las políticas sociales como el Estado puede impulsar dicha
reestructuración social, habida cuenta que el mercado por sí solo no genera ni
sustenta un orden social (pero tampoco acepta un presidencialismo exacerbado).
En forma previa, entenderemos a la sociedad civil (siguiendo a diversos
autores) como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado,
compuesta ante todo de la esfera íntima (la familia), la esfera de las
asociaciones (asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas
de comunicación pública.
En esa dinámica, la democracia ha de nutrirse por intermedio de múltiples
canales de participación ciudadana, en complemento de una política de gobierno
que se apoye en una política de Estado, en un estadio donde la sociedad civil
ha evolucionado hasta devenir en una realidad política que actúa como
correctivo del desencanto democrático y de las fallas del mercado.
Es así, que en la modernidad los gobiernos procuran que su acción pública
se vincule con las organizaciones de la sociedad civil, mediante la formulación
e instrumentación de políticas públicas (co-participación sector
público-sociedad civil), induciendo cambio de paradigmas del Estado hacia
nuevas dimensiones de ciudadanía, con modificaciones sustantivas en las formas
de relacionarse con la sociedad y de atender los sectores populares.
Venezuela, fue testigo del desmoronamiento del “Estado-providencia” a
finales de los setenta, al igual que de la perdida de eficiencia del modelo
rentista y consensual de reparto (poder y renta) a partir de los ochenta (con
su evidente efecto sobre el burocratismo clientelar), propiciando una
desarticulación en las relaciones entre el Estado y los agotados partidos
políticos (crisis del papel mediador y de militancia); y de ambos con la
sociedad en general, muy especialmente en el transcurrir de los años noventa
cuando emerge con fuerza la anti-política autónoma e inducida, para luego dar
paso a un ambiente de conflictividad permanente
La Constitución vigente en Venezuela, consagró un nuevo modelo en la
relación Estado-sociedad (soberanía popular), el cual propicia la participación
ciudadana como un derecho, tanto en los asuntos políticos como en las económica
y social, a la luz de su vinculación con la acción gubernamental (formulación,
ejecución, evaluación y control); incluida la potencial relación sociedad
civil-sector privado.
En tal sentido, y en lo que se refiere a los medios de participación y
protagonismo del pueblo en las citadas áreas social y económica en ejercicio de
su soberanía, el Artículo 70 constitucional
señala:
“….. y en lo social y económico, las instancias de
atención ciudadana, la autogestión, la cogestión,
las cooperativas en todas sus formas incluyendo
las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la
empresa comunitaria y demás formas asociativas
guiadas por los valores de la mutua cooperación y
la solidaridad. La ley establecerá las condiciones
para el efectivo funcionamiento de los medios de
participación previstos en este artículo.”
Como bien se infiere de citado artículo, la descentralización bajo
distintas formas y modalidades, incluida la redistribución del poder
(relaciones regularizadas de autonomía y dependencia entre actores o
colectividades en contextos de interacción social), ha de convertirse en el eje
de la participación ciudadana (P ej. Consejos Comunales) en torno a las
políticas públicas, en aras de desencadenar democratización y ciudadanía,
aplicando modelos que faciliten una mayor eficiencia en la gestión local, a
través de acciones instrumentadas bajo la figura de programas sociales, en el
marco de una economía mixta.
Asumimos economía mixta, como un
sistema social basado en la división del trabajo, donde los precios de los
bienes y servicios se determinan con participación del gobierno (sin llegar a
un modelo de economía planificada), quien genera el marco legal correspondiente
donde se establecen, entre otros aspectos, las reglas básicas para la propiedad
de los bienes y para el funcionamiento del mercado.
En una economía mixta de mercado, se intenta resolver tres problemas
fundamentales: el qué, el cómo y para quien producir; todo ello con grandes
bondades, pero también con muchas imperfecciones que se traducen en pobreza y
desempleo. En razón de ello, el Estado asume algunas áreas en aras de corregir
las fallas en el funcionamiento del mercado (sin pretender eliminarlo); a la
par de fomentar la eficiencia (estimulando la competencia), la equidad
(desarrollando programas fiscales y de gastos para redistribuir el ingreso a
favor de determinados grupos); y en general para propiciar el crecimiento
macroeconómico.
Para el caso venezolano, el Artículo 299 constitucional establece:
“El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de
Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social,
democracia, eficiencia, libre competencia, protección del
ambiente, productividad y solidaridad..………………….…”. El
Estado, conjuntamente con la
iniciativa privada, promoverá
el desarrollo de la economía nacional con el fin
de generar
fuentes de trabajo, alto
valor agregado nacional, elevar el
nivel de vida
de la población
y fortalecer la
soberanía
económica del país,….”, para lograr una justa distribución de
la riqueza mediante una
planificación estratégica democrática,
participativa y de consulta abierta”.
El desenvolvimiento económico de Venezuela, requiere con urgencia el
establecimiento de una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil
(interrelación), a los efectos de otorgarle a esta última un rol significativo
mediante estrategias que amplíen los canales de participación ciudadana, con la
finalidad de propiciar la transformación social, sin que ello obligue a
construir las bases de una sociedad socialista. Ha de quedar suficientemente
claro, que lo público no es propiedad del Estado sino de toda la sociedad; y
que en la lucha contra la desigualdad social y económica debemos accionar
armónicamente. En fin, se hace obligante la instrumentación de mecanismos de participación
ciudadana, que resignifiquen y fortalezcan la democracia, a la par de enfrentar
los agudos problemas relativos a la pobreza, desequilibrio en las
oportunidades, expectativas truncadas y más.
En apretada conclusión, se puede afirmar que un Estado democrático y una
economía mixta de mercado, se les dificulta funcionar sin la participación
determinante de la sociedad civil.
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