martes, 9 de agosto de 2011

ALEXANDER GUERRERO: LEY DE ARRENDAMIENTO: EL FIN DE LAS CLASES MEDIAS

Todo comenzó de manera sistemática hace unos meses con expropiaciones de desarrollos inmobiliarios, en propiedad horizontal o en viviendas unifamiliares, aunque en honor a la verdad, las expropiaciones de propiedad inmobiliaria, por vía violenta e ilegal, se venían ejecutando por intermedio de invasiones y de un discurso político que estimulaba y armaba a la toma e invasión de propiedad inmobiliaria, similar al que venía ocurriendo con las tierras de explotación agropecuaria. Vinieron leyes y decretos en l Ley Habilitante para justificar las expropiaciones.

Ahora aparece la Ley de Arrendamiento –en discusión en la AN- donde finalmente el gobierno busca imponer la descapitalización de la propiedad inmobiliaria del venezolano, lo que constituye la destrucción del ahorro de toda una vida de las clases medias. La Ley de Arrendamiento en los hechos allanara la propiedad de la vivienda e inicia un proceso -por etapas- de expropiación, envilece el precio de la tierra urbana y del precio de la vivienda, en otras palabras empobrece el capital de toda una vida de la familia de la clases medias venezolanas.

Las clases medias, vivienda y ahorro

Para vastos sectores sociales poseer una vivienda, además de  satisfacer una necesidad básica, constituye simultáneamente  una inversión familiar realizada también sobre el supuesto que en condiciones normales, en el tiempo, constituye una protección del patrimonio familiar, y siendo un activo “real” es muy probable que los efectos de la inflación y la depreciación de la moneda, ceteris paribus, estarían cubiertos con la adquisición de un activo in mobiliario, sea como vivienda principal o como ahorro permanente, comúnmente con  carácter previsional.

Ese proceso de reestructuración del portafolio de la familia venezolana se hizo más intenso posterior al viernes negro en 1983, cuando invertir en bolívares en Venezuela se convirtió en una alternativa costosa e incierta. Así sido tradicional en Venezuela, salvo algunos años en medio de circunstancias extraordinarias, invertir en una vivienda también podría ser una decisión no óptima, que en última instancia destruya parte del capital familiar e individual, sobre todo porque el marco jurídico y regulatorio de ese mercado inmobiliario evita que la inversión fluya libremente al mismo tiempo que permita satisfacer esas necesidades básicas.  En condiciones “normales”, nada más lógico para el ahorro familiar que comprar una vivienda para vivir y cubrir  su depredación esencialmente aquella producida por malas políticas económicas  y malos gobiernos por inflación y envilecimiento de la moneda.

Vivienda principal y el Balance Familiar

Ese ha sido, palabras más o menos, la lógica de la inversión en viviendas por parte de los sectores medios. El venezolano y su familia disponían así de un capital en un activo real en su balance personal y familiar, el cual le permitía al mismo tiempo apalancarse financieramente en la medida que las obligaciones hipotecarias derivadas de la adquisición de la vivienda fuesen canceladas, -un promedio de 10 años. Para otros, en una inversión para sus hijos como vivienda principal o como mecanismo de cobertura y protección frente a la inflación y a la depredación del bolívar; ese comportamiento económico y financiero hizo que a todo evento en el balance familiar o individual, el activo de mayor valor es -o era- la vivienda.

Y como acotamos arriba, el mercado respondía rápidamente –cuando los gobiernos lo permitían- a esas preferencias de las familias y se organizaba desde la autopromoción programada urbanizando y construyendo, la auto-construcción, hasta la producción masiva de viviendas por promotores y urbanizadores privados y cuya obligación social y económica comenzaba precisamente con la adquisición de tierras urbanas y urbanizables para construir la oferta habitacional privada. Así con grandes economías de escala se construyeron cientos de miles de viviendas en urbanizaciones por todo el país.

Las cosas, sin embargo, cambian aceleradamente, el gobierno decide apoderar al Estado, del mercado de vivienda de los sectores medios y bajos consolidados y catastrados, y lo hace en dos modalidades, muy relacionadas una de la otra. Se comenzó expropiando tierras urbanas y viviendas construidas eliminado los mecanismos naturales de arbitraje entre urbanizadores y compradores. Ese proceso se complementa con la Ley de Arrendamiento, en discusión en la AN, que encierra un violento mecanismo político, inconstitucional, de “expropiación” por envilecimiento en el valor del activo inmobiliario, base económica de la vivienda: la parcela o tierra que le da asiento. Un esquema similar al que funciona en Cuba, donde es visible el deterioro y pauperización de la vivienda, por envilecimiento de su valor, por pérdida de propiedad, por expropiación, por regulación de precios, todos mecanismos de destrucción urbana. Amigo lector, vaya y de un paseíto por la Habana e imagínese Caracas dentro de unos 25 años. El paso del comunismo avanza, y hay que detenerlo.

Dueño de la vivienda o usuario o inquilino del Estado

El paquete revolucionario nos trae entonces el fin del mercado sobre las tierra urbanas, apunta a su estatificación  y traza rápidamente su regulación, de manera simétrica a como se estatizan las llamadas tierras agrarias donde las cartas agrarias eliminaron la propiedad privada sobre tierras cultivables. En este caso de tierras urbanas y viviendas, el usuario de la vivienda –su comprador- no tiene por qué ser dueño la tierra o parcela o propiedad horizontal, sino usuario de la vivienda como en Cuba, por ejemplo. La Ley de Arrendamiento incorpora dos etapas para cumplir ese objetivo.

Así, las leyes y la violencia política de la revolución les arrebatan a los ciudadanos su país para ponerlo al servicio de intereses políticos y mercantiles auspiciados por la revolución. Aunque a la gente le ha costado aprender ese proceso, nunca creyó que desde los poderes públicos su ahorro de toda una vida, su vivienda, quedara expuesto y envilecido, ahora está toca aprenderlo en la piel.

Las expropiaciones de esas tierras urbanizables y en construcción, y que son decisiones arbitrarias e ilegales del gobierno encierran un fenómeno aún más perverso: empobrecer y descapitalizar a los sectores medios, dado que el derrumbe del marco jurídico dispuesto para defender la propiedad privada –vivienda- de terceros, y particularmente del  Estado, según la Ley en discusión en la AN la vivienda de facto pierde su valor de mercado cuando su propiedad enfrenta un entorno jurídico de extrema debilidad, inducido por un proceso de depredación impuesto por el Estado. Política y socialmente hablando, el gobierno buscaría también inmovilizar la reacción política y social de la gente hasta hacerla parte del régimen de servidumbre que se ha venido estableciendo para atender las necesidades de los venezolanos menos favorecidos en el reparto del ingreso nacional.

Languidece el mercado inmobiliario

De esta manera, la depredación de los precios producida por las expropiaciones de tierras urbanas y urbanizadas y por la sobrerregulación del mercado de viviendas con leyes restrictivas a la compra-venta de viviendas y otros activos inmobiliarios –vía precios- y otras regulaciones, traerá como consecuencia la depredación de precios acotada anteriormente, por el alza de los costos de transacción que hacen penoso la realización de las inversiones en vivienda. Todo funcionaria como un entorno para el empobrecimiento dado que esos activos en el balance personal y familiar se descapitalizarían y desvalorizarían.

La Ley de Arrendamiento en discusión grava penosamente la producción de viviendas por iniciativa privada al obligarlo a producir para la arrendar un determinado porcentaje de viviendas, las consecuencias económica s y financieras se verán en la caída de la calidad de la vivienda y en el control de los incentivos del capital privado, en otras palabras se detendrá finalmente la construcción de viviendas por capital privado. En esas condiciones, los parcelamientos y tierras disponibles para esos efectos, serian transferidas al Estado por utilidad pública al decretarlas el gobierno propiedad ociosa. La Ley de Arrendamiento se constituirá en un vehículo de expropiación de las tierras y parcelamientos urbanizables.

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EMILIO FIGUEREDO/ALONSO PALACIOS: LA GRAN ESTAFA

A más de una década de ejercicio del poder, el actual equipo gubernamental -el Presidente Hugo Chávez y el grupo político-militar que lo acompaña- no presenta una obra que pueda responder a las esperanzas que buena parte de la sociedad venezolana depositó sobre sus hombros

Tan alejada de la realidad venezolana está esa visión onírica que se ha dado en llamar “socialismo del siglo XXI”, que bien puede calificársela como una gran estafa.  No es ésta una afirmación gratuita; veamos por qué.

I.-  La gestión gubernamental

En primer lugar, a más de una década de ejercicio del poder, el actual equipo gubernamental -el Presidente Hugo Chávez y el grupo político-militar que lo acompaña- no presenta una obra que pueda responder a las esperanzas que buena parte de la sociedad venezolana depositó sobre sus hombros, tomando como buenas sus promesas; por el contrario, su ejecutoria sólo puede ser calificada como un estrepitoso fracaso. 

¿Es ésta una afirmación gratuita? Veamos

-) El estado de la infraestructura vial del país es, literalmente, catastrófico: en efecto, nunca en los años anteriores al proceso revolucionario  las carreteras estuvieron en tal mal estado.
-) Las industrias básicas de Guayana, después de aplicarles  los métodos de producción “socialista”, están al más bajo nivel de producción de su historia, muchas de ellas cercanas al colapso total.
-) Edelca fue, durante la era democrática, un ejemplo de empresa estatal bien manejada que procedía con base en un plan preestablecido a aumentar la capacidad de generación hidroeléctrica y mantener y desarrollar un eficiente sistema de distribución. Hoy esa empresa no es ni la sombra de lo que fue, a pesar de que permanecen en ella, como héroes ocultos, profesionales de alta calidad formados en el pasado.
-) PDVSA era la tercera empresa petrolera del mundo: sus profesionales -formados muchos por elPlan Mariscal de Ayacucho- lograban no sólo mantener  a buen nivel la producción, sino que, de no haberse interrumpido sus planes por efectos de la nociva politización de la industria, hoy estaría produciendo más de 5 millones de barriles diarios; dispondríamos, además,  no sólo del gas necesario para el consumo doméstico, sino que probablemente podríamos exportar el excedente. También  producíamos orimulsión, que exportábamos a Canadá, Dinamarca y otros países, y, que hoy nos vendría muy bien para alimentar las plantas termoeléctricas.
- Durante el periodo de ejercicio de cualquiera de los gobiernos de la era democrática se construyeron más hospitales, viviendas, y escuelas que las que ha construido el mal llamado“socialismo del siglo XXI” en 12 años.
- La inseguridad ciudadana, los robos, asaltos y asesinatos nunca alcanzaron las  elevadas cifras que hoy son cotidianas bajo el proceso pseudo revolucionario .
- Y, si bien es cierto que siempre existió la corrupción administrativa en el pasado, compararla con lo que hoy sucede es como comparar roba gallinas  con  gángsteres al mejor estilo del Chicago de Al Capone.


II.-  La falacia de “revolución política”

En segundo lugar, nada es menos cierto que el modelo político de Venezuela, hoy en día, sea una  “revolución popular, protagónica y participativa”.

¿Es ésta una afirmación gratuita? Veamos:

Aquí lo que hemos podido contemplar es más de lo mismo: la clásica tradición latinoamericana y venezolana de autoritarismo, personalismo y militarismo que tanto daño le ha hecho a nuestras repúblicas.  El culto a la personalidad, el irrespeto flagrante al estado de derecho y la  violación constante y continua a la “mejor constitución del mundo” no tiene nada que envidiar a lo que sucedía bajo los gobiernos autocráticos de nuestro pasado. En Venezuela no hay "revolución" alguna, en el sentido que a ese término le confirieron Marx, Luxemburg, Gramsci y otros revolucionarios; lo que hay es la creación de una nueva clase, como la que bien definía Milovan Djilas: una nueva clase que abusa del poder y se enriquece descaradamente con la excusa de ser “revolucionarios” y acabar con los supuestos privilegios del antiguo régimen.  En fin de cuentas, no es otra cosa más que quítate tu que ahora me toca a mí…, pero a costa de la destrucción del país.


III.-  La falacia de la “inclusión social revolucionaria”

En tercer lugar, la afirmación de que este gobierno es “pionero” y "promotor” de un nivel de “inclusión social” nunca antes visto en Venezuela, es no sólo un desconocimiento histórico, sino, además una repugnante manipulación del pasado.  En efecto, tal afirmación significa desconocer los logros que, a lo largo del siglo XX, logró imponer, en Venezuela, la democracia – aún teniendo en cuenta todos sus defectos, todas sus deformaciones y todas sus insuficiencias.

¿Es ésta una afirmación gratuita? Veamos:

Desde 1935, y, en especial, en los períodos 1945-1948 y desde 1958 en adelante, los distintos regímenes democráticos – repetimos: aún teniendo en cuenta todos sus defectos, todas sus deformaciones y todas sus insuficiencias- lograron imponer: el voto popular, universal y secreto; la igualdad de la mujer; la organización de los sindicatos y los gremios profesionales; la libertad de acción de los partidos políticos; la educación popular y gratuita; la difusión en todo el país de la educación universitaria; la creación de un régimen de seguridad social;  la erradicación de la malaria y la institución de un sistema de salud pública; la verdadera campaña de alfabetización; la creación de órganos especializados de seguridad pública como lo fue la PTJ en sus orígenes, entre una larga lista de hechos muy concretos que están registrados en los anales de la historia contemporánea de Venezuela. 

Esto, hasta el punto de que nadie – NADIE – podría reconocer, en la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX, al país atrasado y primitivo que existía en 1935,  el año de la muerte de Juan Vicente Gómez.

Y sería otra falacia –particularmente estúpida, por lo demás- pretender que tal proceso fue un mero “producto de la riqueza petrolera”: sin ignorar -¿quién, en sus sanos cabales, podría hacerlo? – la amplitud de las potencialidades que tal riqueza abría, es preciso reconocer que el progreso (pocas veces esta palabra ha sido mejor empleada) fue, también, y en primer lugar, producto y consecuencia de una acción de gobierno sostenida, con un claro sentido de modernización, de  democracia política y de inclusión social - aún teniendo en cuenta, de nuevo, todos sus defectos, todas sus deformaciones y todas sus insuficiencias.

-O-
Entonces, nos preguntamos: ¿en qué, salvo en la palabrería, la venta de ilusiones y la mentira institucional, es mejor el llamado “socialismo del siglo XXI” a la imperfecta era democrática? ¿Tenemos ó no tenemos razón al sostener, con toda la fuerza y el rigor necesarios,  que tal palabrería no es más que una gran estafa?

emilio.figueredo@gmail.com

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CESAR ARISTIMUÑO: LOS EMPLEOS DURADEROS VIENEN DE EMPRESAS EFICIENTES Y RENTABLES

El Gobierno nacional debe generar políticas públicas adecuadas y promover la inversión privada para garantizar el desarrollo económico del país.

El mejoramiento en las condiciones de vida de todos los venezolanos y la creación de las bases económicas para su sostenimiento, es la responsabilidad principal del gobierno. Por lo tanto, generar las políticas públicas que creen estas condiciones, tomando en inclusión a todos los actores que tienen que ver con el desarrollo del país, es imprescindible para lograr resultados positivos que conlleven al cumplimiento de esa responsabilidad.

No podemos mejorar la situación económica del país y como consecuencia, el empleo, la inversión y el ahorro, partiendo del hecho que el papel del gobierno en el mundo empresarial se debe acrecentar. Todas las decisiones, que conduzcan a este objetivo, siguen el camino del despilfarro del dinero público y, no sólo eso, esta competencia desleal pone en peligro a las empresas que lo están haciendo bien, y a sus trabajadores también.Sólo los empleos que vienen de empresas eficientes y rentables son duraderos y permiten a los trabajadores crecer. La creciente presencia del gobierno que estamos viendo, en abarcar espacios de la economía privada, no necesariamente es garantía de progreso. 

De allí que el primer paso para reducir el desempleo, aumentar la inversión y la producción, bajar el alza continua de los precios, generar más impuestos al fisco e impactar positivamente las reservas internacionales, es dejar que el sector privado prevalezca sobre el sector público en términos empresariales.
Por qué insistir en darnos más de lo mismo, de las economías cuyos gobiernos no tienen y no han tenido nada positivo qué mostrar en su gestión económica. 

El gobierno no se debe proponer reemplazar al sector privado, a no ser que queramos repetir las experiencias fracasadas del último siglo. Recordemos que el sector privado en Venezuela representa aproximadamente el 70% de la tasa de ocupación y el 60% de la actividad económica. Tenemos bastantes ejemplos, si quisiéramos recordar algo de historia, donde el dominio de los gobiernos de sus economías no solo llevó a la pobreza de la oligarquía si no a la de todos sus habitantes.

En vez de ayudarnos a salir de los problemas que estamos viviendo, las intervenciones gubernamentales en la economía sirven y servirán para hacer más difícil nuestra salida. Mientras nuestros vecinos (Colombia y Brasil) generan políticas para fortalecer la presencia y las inversiones del sector privado en la economía, en Venezuela queremos regular cada más vez a este sector haciendo en muchos casos difícil su viabilidad económica.

Venezuela necesita estimular la venida de inversión nacional y extranjera, con la finalidad de lograr un crecimiento de forma sostenida y poder generar la plataforma económica necesaria para mantener los puestos de trabajo actuales y crear las condiciones adecuadas para fomentar las plazas de casi 420.000 venezolanos que cada año se incorporan a la fuerza laboral del país.

Hoy más que nunca se hace necesario, en nuestro país, revalorizar las instituciones y los bienes públicos. Hoy más que nunca conocemos de la importancia de la seguridad urbana, de una justicia adecuada que coloque sus decisiones en pro del equilibrio y del desarrollo armónico del país, de una educación que funcione como instrumento de cohesión y ascenso social, de una administración austera y transparente. Estos hechos son imprescindibles para permitirle al país alcanzar una dinámica de desarrollo sustentable que nos permita lograr mayores niveles de bienestar y progreso económico y social.

Quiero finalizar con estos dos pensamientos de Kofi Annan.1. “Hoy en día, el desarrollo es una preocupación mundial que trasciende las ideologías y los intereses inmediatos. Es ahora un reto tanto moral como político… Que demuestra que la estabilidad y la prosperidad son indivisibles”.

2. “Una asociación verdadera entre los gobiernos, el sector privado y la comunidad internacional alberga una gran promesa”.

Hasta una próxima oportunidad.
Cesar Aristimuño
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JUAN DE DIOS RIVAS VELÁSQUEZ : UNIDAD PA’LANTE.

Es evidente que en contra de los deseos del “presidente enfermo que enfermo a Venezuela” la unidad avanza y se fortalece en lo orgánico y táctico. La tarjeta unitaria se ha acordado como fórmula de consenso para acoger a las grandes mayorías democráticas ¿por ahora no es única? Seguro que si entendemos bien el desafío que tenemos por delante, nos acordaremos para que la tarjeta unitaria o única, sea la respuesta más unitaria y demoledora, para elegir todos los cargos de elección popular que están pendiente de aquí a diciembre del 2012, a eso le tiene pavor el “Chávez convaleciente y disminuido”. Las razones son de criterios políticos, de incertidumbres, de economía electoral, de eficiencia propagandística y de obvia mecánica de entendimiento y confianza para un pueblo mayoritariamente abstencionista, que desconfían de las partes (partidos políticos y grupos de presión) que no son iguales, no comparten las mismas fuentes doctrinarias e ideológicas y tienen visiones de país por concretar o concertar en los meses venideros. Una sola tarjeta para todo es la mejor lógica, después de unas primarias para elegir todos los cargos, es ahí donde los partidos políticos y los candidatos debemos contarnos.

El compromiso es no volver a la IV República y salvar al país del caos, la corrupción y el empobrecimiento acelerado en el que estamos por culpa de la V República. Todos juntos debemos salirle al paso a la ingobernabilidad, la escasez, la inflación, el empleo precario y evitar que nos mate la inseguridad rojita. El reto es restablecer una República soberana, sin imperios del mal invadiéndonos y robándonos nuestra riqueza

            Hoy en Venezuela  se han dado todas las manifestaciones y actitudes de ESTADOS TOTALITARIOS, estamos en un acelerado proceso para igualar a Cuba en todas sus miserias, desventuras, violaciones de derechos humanos y perversiones sociopolíticas. El hecho de tener un Presidente que no respeta la constitución, que gobierna hegemónicamente, arremete, insulta, veja a compatriotas y dignatarios de países hermanos y permite que roben y engañen al pueblo. Coloca a Venezuela como un estado forajido, al que nadie “en los países democráticos” respeta. Esto es un riesgo y una realidad peligrosa para la convivencia humana en Venezuela ¿Qué beneficio ha traído esta conducta presidencial? Ninguno, estamos cada día en riesgo de quedar sin comida, sin luz, sin créditos y sin democracia. Muchos pensamos que esto es un mecanismo perverso para justificar el dislate y la corrupción de nuestras finanzas. ¿Puede un presidente apropiarse de los dineros de los venezolanos para regalarlo a otros países? ¿Puede una asamblea nacional permitir esto? ¿Pude un fiscal general de la república permanecer cómplice? ¿Y el contralor general de la nación indiferente? La razonable explicación es que los poderes –no son autónomos- son apéndices del ejecutivo nacional y que no tienen libertad, ni independencia, de hecho se prestan intencionalmente y con censurable silencio. Vivimos en un país anómalo, sin valore y principios democráticos.
            Los estados totalitarios, persiguen a la disidencia “de diversas manera”, acorralan a la libertad de expresión, atemorizan y golpean a los medios de comunicación y convierten a los árbitros electorales (CNE) en marionetas a su servicio, obligándolos a envenenar y pervertir los registros electorales (RE) y a omitir o retardar sus obligaciones de transparencia y oportuna participación de fechas y eventos electorales; convierten la expedición de documentos de identidad (CÉDULAS) en arma electoral (con lo que crean votos virtuales y se abultan los padrones electores, “con extranjeros, hay versiones de que existen 120.000 (Cubanos y otras nacionalidades que votan varias veces)”. Nadie puede probar hoy que en Venezuela esto no  ha sido así, existen abundantes opiniones expertas que aseguran esto y la comprobación prácticas fraudulentas en municipios de estados remotos y en lugares inhóspitos donde la Unidad no ha podido cubrir las mesas por el hostigamiento del chavismo gavillero, es público y notorio que hasta grupos o partidos que han convivido con el chavismo, se les  ha escamoteado su elección y han protestado.
Hoy más que nunca se sabe que “LAS TRAMPAS –MANIPULACIONES- MATAN AL EL  ELEGIDO”, pero la génesis del fraude es el RE: si no lo entregan con direcciones y bien auditado ¿dudas quedan?, ¿cómo se evita esto? Pensamos que una forma de hacerlo, es tener una tarjeta unitaria o única para todo, ello simplifica el trabajo, se acaba la desconfianza entre partidos políticos, que se pelean por posiciones para negociar en el futuro, la gente tendría una facilidad didáctica para tener su chuleta electoral. Lo lógico es que se valla en una unidad perfecta y total. Démosle a Venezuela este regalo y pa’lante Unidad. La Venezuela que busca las salidas democráticas, estaría en ventaja con una sola tarjeta, y si lo refrendamos con un nacionalista pacto unitario de gobernabilidad, el triunfo nos abrazara y se derrotara el comunismo totalitario. Hay que continuar mandando señales claras y urgentes a los escépticos, con sencillas demostraciones de voluntad y honestidad política, organizativa y conductas unitarias, para que ello permeabilicen la credibilidad, el convencimiento y la disposición proactiva de volverle a echarle pichón –votar sin miedo- para salir del desmadre chavista.
Seguramente la unión es la que nos falta, para completar la obra de nuestra regeneración.   SIMÓN BOLÍVAR, 06/09/1815.

rvjuandedios@gmail.com

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MILOS ALCALAY: EL TERRITORIO INSULAR MIRANDA, OTRA IMPROVISACIÓN MAS


El Vice Presidente Jaua demostró una vez mas estar aferrado al “culto a la personalidad” al llamar “ignorante” a Capriles por el simple hecho de asumir su obligación como Gobernador y criticar la decisión del Presidente Chávez por el improvisado anuncio televisado sobre la creación del “Territorio Insular Miranda”.

El Vice Presidente quiso además mostrar su incondicionalidad al adular al Jefe al punto de afirmar que “se trata una de las decisiones geopolíticas más importantes que haya podido adoptar el gobierno del presidente Hugo Chávez en 12 años de gestión”.

Pero los voceros de Gobierno no responden a la preocupación justa generada por la forma inesperada e inconstitucional como se adoptó esta decisión. Los pre-candidatos de oposición se pronunciaron de inmediato: Henrique Capriles se refirió a la improvisación afirmando “algunos se levantan haciendo dibujo libre sobre el país”. Pablo Pérez dijo “Es otro tema que se juega para desviar la atención de los problemas que tiene Venezuela, y es inconstitucional ya que forma parte de la Reforma Constitucional que fue derrotada en el 2007”. Antonio Ledezma afirmo que “el Presidente lo que debe hacer es devolverle a Venezuela el proceso de descentralización”. Eduardo Fernández destacó que “cualquier propuesta tendrá que ser discutida ampliamente en el país por todos los sectores”. Oswaldo Álvarez Paz indicó que hace falta conocer la parte dispositiva de la resolución”

A estas claras denuncias, quisiera sumar mi preocupación con dos elementos: la ausencia de una política fronteriza de Estado, y la violación a normas expresas de la Constitución

El tema fronterizo es delicado. No puede el Presidente definir unilateralmente la jurisdicción de medio millón de kilómetros cuadrados de extensión de mar territorial, plataforma continental, o zona económica exclusiva sin tener en cuenta los elementos rectores del Derecho Internacional Publico, y sin resolver temas de delimitación marítima con Estados como Barbados; o Guyana; o Trinidad y Tobago; o Curazao, Aruba, Bonaire, o Colombia. No puede definirse unilateralmente la extensión sin consultar con los expertos de la Nación, y sin dialogar con los Estados ribereños para fijar los límites, como es el caso de las Islas de las Aves, que ha sido rechazada por varios Estados Antillanos. No dialogar, puede darle a Venezuela la imagen de país “neo-imperialista”

El otro aspecto es el referido a la violación del articulo 10 de la Constitución que define los alcances de una política integral de los espacios fronterizos terrestres, marítimos e insulares..mediante una ley orgánica de fronteras” y no aplicando mal una ley habilitante que se aprobó para la emergencia ocasionada por las inundaciones . Todo ello muestra que estamos ante una improvisación más, pero en un tema muy delicado como es el de las fronteras del país, que debe ser consultado con todos los sectores nacionales.

milosalcalay@yahoo.com

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