La existencia de un gobierno limitado no solo tiene que ver con la eficiencia económica, sino, fundamentalmente, con los derechos individuales. El intervencionismo estatal tiene una dinámica de corrupción, pobreza y abuso del poder que puede mutar en una autocracia feroz.
Ricardo López Murphy viene sosteniendo que la prioridad en octubre es derrotar electoralmente al kirchnerismo. Es evidente que López Murphy está advirtiendo que una eventual victoria del oficialismo aceleraría el tránsito hacia un sistema más autocrático. El punto no es menor porque una vez que los sistemas autocráticos se instalan en el poder, en algún momento terminan mal pero en el mientras tanto la población sufre grandes sacrificios económicos y sus libertades civiles son limitadas al mínimo.
Si bien la propuesta de RLM es perfectamente atendible, también da lugar a plantearse porqué corremos ese peligro. Y la razón de ese peligro de perder las libertades más elementales, se debe a la ausencia de un gobierno limitado. Cuando digo un gobierno limitado es un gobierno que no pueda utilizar el monopolio de la fuerza como le venga en gana.
Mucha gente critica al liberalismo porque cree que lo que le interesa a dicha concepción filosófica es que los precios sean libres. Nada más alejado de la realidad, pero, en todo caso, la libertad de precios no es un fin en sí misma sino un medio para evitar las dictaduras y el abuso por parte del poder del monopolio de la fuerza, al margen de su eficiencia económica.
Por ejemplo, un gobierno no limitado en el uso del monopolio de la fuerza puede extorsionar a dueños de empresas con el simple trámite de no permitirles subir los precios bajo el argumento del control de los mismos, generarles pérdidas y forzarlos a cerrar o vender a algún amigo del poder. En vez de confiscar directamente la empresa, se recurre al simulacro de una política económica progresista con el solo objetivo de ahogar a los accionistas de una empresa para forzarlos a vender. Es más prolijo ante los ojos de la gente, pero el fin es el de apoderarse de los activos más importantes de un país. Crear una nomenklatura que disfruta de la buena vida, pisando con el monopolio de la fuerza a una población indefensa, y sumida en una creciente pobreza.
Semejantes práctica no pueden darse bajo un gobierno limitado, porque el Estado no tiene la potestad para que un funcionario de segunda categoría decida qué se puede producir, a qué precio y en qué cantidades. En un gobierno limitado el monopolio de la fuerza es para defender el derecho a la vida, la propiedad y la libertad de las personas.
Algunos colegas economistas están sufriendo en carne propia las presiones del secretario Moreno para que no difundan sus propias estimaciones de precios al consumidor al punto que varios de ellos han sido multados. Para aplicar las mencionadas multas Moreno hace una pirueta argumental fundamentándose en el artículo 9 de la disparatada ley de lealtad comercial. Es decir, recurre a una ley de intervencionismo económico para silenciar a los colegas.
Este es un ejemplo práctico de cómo un simple secretario puede decidir sobre la libertad de expresión y arrogarse el derecho a establecer quién está autorizado y quién no a decir cuánta inflación hay. En este caso la ausencia de un gobierno limitado muestra cómo se puede anular la libertad de expresión. La libertad económica, producir y vender un índice de precios al consumidor, no hace solo a la libre empresa, también tiene que ver con la más elemental libertad de expresión, porque es bien sabido que el gobierno niega sistemáticamente la existencia de inflación. Hablar de ese tema, más en un año electoral, es inaceptable para quien quiere establecer una autocracia. En todo caso, la fobia del kirchnerismo con los medios que no se subordinan a sus caprichos refleja su clara tendencia autocrática, y el caso de los IPC privados son una muestra de esa intolerancia hacia quien piensa u opina distinto.
El punto a reflexionar es que cuando se le permite al Estado intervenir en la economía a su capricho, no solo se presentan problemas de eficiencia económica, sino que lo que es más grave, el intervencionismo económico puede utilizarse también para establecer una dictadura. ¿Cómo? Ahogando económicamente a las empresas con regulaciones y controles para que testaferros del poder dominen también la economía. Asfixiando a la población con impuestos para, bajo el argumento de la redistribución del ingreso, igualar a todos hacia abajo, quedando unos pocos burócratas con buen nivel de vida y comprando con regulaciones, subsidios y demás privilegios a quienes pueden serles de utilidad para sostenerse en el poder. Se puede anular la libertad de expresión amenazando a las empresas que si hacen publicidad en los medios adversos al gobierno no tendrán aumentos de precios y sufrirán la persecución del ente recaudador o cualquier otro mecanismo que los destruya. Con ese mecanismo de supuesto intervencionismo estatal se logra impedir la libertad de expresión.
Una vez anulada la liberta de expresión, utilizando lo que se denomina políticas económicas de equidad social, los funcionarios del Estado puede violar todos los derechos que le vengan en gana sin que nadie se entere porque ya no habrá libertad de expresión. Nadie se enterará si fulano fue arrestado, asesinado o golpeado por una patota por hablar mal del gobierno. A medida que el Estado avanza en el cercenamiento de las libertades individuales a través de las políticas económicas progresistas, necesita de mayor brutalidad para controlar el descontento social. Como consecuencia de la ineficiencia económica del intervencionismo estatal la gente será cada vez más pobre. Ante la creciente pobreza habrá que acallar las protestas con mayor represión y esa represión no tendrá que ser conocida por la población.
Claro que alguno podrá argumentar que el intervencionismo estatal es una cuestión de grados. Si el Estado interviene poco no se corre el riesgo de caer en un intervencionismo desaforado. Sin embargo, una vez que uno empieza a intervenir en la economía y los funcionarios no tienen límites a su accionar, las necesidades de intervencionismo crecen. En unos casos colapsa el sistema económico y cae el gobierno. En otros casos, ese intervencionismo económico no tiene como objetivo una supuesta política económica, sino que es un medio para establecer una dictadura simulando que se está en democracia porque cada tanto se va a votar bajo dudosa transparencia. Sigo pensando que es muy llamativo que en las elecciones presidenciales del 2007 el oficialismo haya salido a proclamar su victoria cuando en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% del padrón electoral, recién se habían contado los votos de solo el 10 o 12 por ciento de las mesas.
El kirchnerismo ha dado acabadas muestras de tener un gran desprecio por la democracia republicana y sigue utilizando el monopolio de la fuerza en forma escandalosa. Y cuánto mayor tiempo permanezcan en el poder usando arbitrariamente el monopolio de la fuerza, más necesidad de mantenerse en el mismo, porque dejarlo implicaría ser sometidos a una lluvia de juicios.
Los gobiernos autoritarios entran en una dinámica de manejo del poder que consiste en violar derechos, malversar los recursos públicos y comprar voluntades generando corrupción. Esta lógica del poder es lo que hace que luego no solo no quieran, sino que no puedan dejar el poder porque darían lugar a infinidad de juicios y sanciones. Dejar el poder implica, para los gobiernos autoritarios, que los que lo ejercieron impunemente pierdan su libertad si se restaura el estado de derecho. Por eso cada vez son más violentos y despóticos. Instaurar el terror en la población es la manera de evitar que manifieste su disconformidad y seguir usando el aparato estatal para preservar su propia libertad.
Es por eso que, desde mi punto de vista, es absolutamente indispensable tener un gobierno limitado. No es solo una cuestión de eficiencia económica y mejor nivel de vida de la población, sino que es el resguardo contra los movimientos totalitarios que, aprovechando los beneficios de una sociedad abierta, intentan llegar al poder para luego destruirla.
Pero no nos engañemos, tener un gobierno limitado que sea un dique de contención a las dictaduras, requiere de la existencia de ciertos valores que deben imperar en una sociedad. Cuando los valores que imperan en una sociedad son la cultura de la dádiva, del hacer negocios sin competir, del vivir a costa del otro, del reclamar que otro tiene la obligación de pagarme la casa, de alimentarme, de vestirme, etc., entonces se tienen los ingredientes necesarios para que lo que al principio parece un populismo inofensivo e inviable, termine mutando en una feroz destrucción de la libertad.
Por eso, en gran medida coincido con Ricardo López Murphy. En octubre se juega mucho más que lo que se llama un modelo económico. En todo caso ese sería el tema menos relevante, porque al caerse la máscara de tanto dibujo económico y artificialidad del consumo, todo se derrumbaría como un castillo de arena arrastrando a un gobierno inepto.
Lo más importante que se juega en octubre es la misma libertad de los próximos años para cada uno de nosotros. Habrá que ver si la gente está dispuesta a sacrificar su libertad por un televisor plasma o prefiere entrar en la etapa de la madurez y privilegiar un gobierno limitado que le asegure la libertad y la prosperidad.
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