El régimen llevó a Ginebra, Suiza, la Orquesta Sinfónica Juvenil para tratar de esconder la realidad de los derechos humanos en el país, que sería evaluada por el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos esos mismos días. La OSJ tocó y deleitó. Por el contrario, la orquesta formada por la delegación cubano-bolivariana actuó y desentonó. Las notas a las que recurrió para trampear el escenario no deleitaron.
El régimen actuó de nuevo tendenciosamente para mostrar a la comunidad internacional que en el país se vive el "estado perfecto" de los derechos humanos. La alta burocracia criolla asiste a la evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela, en la ONU, no para dialogar y encontrar soluciones a las deficiencias en la materia, sino para "enfrentarse", en tono de batalla, a la comunidad internacional, como lo expresó el mismo Hugo Chávez cuando anunció el envío de la numerosa delegación cuya composición, por cierto, desnuda al régimen, al reflejar la "sumisión" al Ejecutivo de todas las instituciones del Estado.
El informe de Venezuela fue elaborado sin la indispensable y amplia consulta a la sociedad civil, como lo muestra la denuncia presentada por más de 200 ONG nacionales, excluidas del proceso de elaboración del mismo. El régimen señala con el descaro propio que el informe se hizo en consulta con más de 1.000 consejos comunales, sin precisar que la inmensa mayoría de estos constituyen "brazos" del régimen, insertados maliciosamente en la sociedad civil para desvirtuar el verdadero sentir popular.
El régimen presenta cifras absolutamente divorciadas de la realidad nacional. La manipulación de los números es una constante en el proceder de los regímenes totalitarios.
La disminución de 14 puntos porcentuales de hogares en pobreza crítica; la creación de miles de medios alternativos y numerosas concesiones a televisoras privadas y comerciales; la disminución del índice de desnutrición infantil en 58%; 98% de la población escolarizada; ni hablar de las mejoras en la prestación del servicio de salud, las mejoras del salario mínimo, en fin, un "progreso" único en el mundo.
La realidad es otra y todos lo saben.
Lamentablemente, de tal engaño se hicieron eco los socios del ALBA, los ideológicamente cercanos como Laos, Zimbabue, Corea del Norte, Siria; los beneficiarios, como Brasil; sin detenerse a señalar la verdadera crisis de los derechos humanos: presos políticos; discriminación política; persecución y amedrentamiento a los defensores de los derechos humanos; limitaciones de participación para la sociedad civil; ataques a la libertad de expresión, a los medios y a los periodistas; el estado de las cárceles y la polinización de tan grave problema; la no independencia del Poder Judicial; la utilización de la justicia para perseguir y amedrentar a la disidencia y los medios de información; el rechazo de las decisiones de los órganos jurisdiccionales de derechos humanos de la región. Esos son los problemas a los que no se refirieron el régimen y los socios en sus numerosas intervenciones, diseñadas para "agotar" el tiempo e impedir más intervenciones y menos debate.
La estrategia de La Habana para "organizar" el debate, sin la cual el régimen bolivariano sería aún más nulo, dio resultados, al menos en cuanto al trabajo de la orquesta. Se presentaron rápidamente en cadena para apoyar y elogiar los logros bolivarianos en materia de derechos humanos. Actuaron, pero desentonaron.
Afortunadamente, las delegaciones serias, conscientes de la problemática, no se sumaron a la orquesta e hicieron referencias expresas que muestran la realidad del país.
Serán tildadas, probablemente, de intervencionistas y propias del imperialismo y del colonialismo.
El régimen tendrá que aceptar en la sesión de hoy todas y no sólo algunas, como dicen irresponsablemente ciertos defensores de derechos humanos las recomendaciones que se le hacen sobre cuestiones fundamentales: aceptación de los mecanismos de control/supervisión (relatores, expertos, etc.) de derechos humanos; liberación de la jueza Afiuni; medidas para garantizar la transparencia electoral, proteger a los defensores de derechos humanos y la libertad de expresión, y "corregir" los ataques a los medios y a los periodistas; así como otras para suprimir la autocensura, lograr el desarme general de la población, erradicar la violencia y resolver la situación de las cárceles.
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