jueves, 27 de octubre de 2011

SUSANA MORFFE: ENTRE CIELO Y TIERRA (INFORMACION VS. POLITICA)

Para efectos del interés público el derecho a la información adquiere superioridad, y el periodista, tiene la posibilidad de buscar la verdad libremente y disponer de una información objetiva de los sucesos públicos. Así está establecido y garantizado en los pactos internacionales y en el ordenamiento jurídico del país.
Existe la pretensión desde el poder central de controlar los espacios informativos y establecer una hegemonía del estado en los medios de comunicación con la Ley de Comunicaciones del Poder Popular. Sobre esto hay que dejar claro que el interés o bien común priva al interés particular, que la razón de individualismo social es rechazada por los mismos que se han ocupado de la materia.
Todas estas razones ponen de manifiesto la intencionalidad de acabar con los medios independientes y crear otros de interés político, por lo cual la información dejaría de ser la regla y pasaría hacer una excepción, sin tomar en cuenta que atenta peligrosamente con los preceptos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley del Ejercicio del Periodismo vigente.
Ciertamente con las limitaciones de la prensa,  el peligro del periodista aún es mayor cuando divulga algo envuelto en la vergüenza social, como la bigamia, el chantaje, la prostitución, la estafa, la extorsión criminal o la depravación sexual. Por eso toda afirmación en este sentido debe provenir de una fuente autorizada y dejar bien claro el origen de la misma.
¿Creen ustedes que Globovisión incurrió en alguna de estas ofensas cuando dio a conocer los sucesos del centro penitenciario Rodeo I y II que ocasionaron una multa desproporcionada?
Pensamos que lejos de una extralimitación se esconde un interés personal y político para aplicar la sanción que hoy le costaría al medio de comunicación referido, un oneroso desembolso que no posee en sus activos ¿Es el comienzo de una campaña en tiempo electoral?, ojalá no sea así, puesto que ya observamos el costo político que  a la postre tuvo el cierre de RCTV.
Si se aplicó la medida en momentos en que el Jefe del Estado estaba ausente, es motivo entre los ciudadanos de cantidades de conjeturas, algunas ciertas, otras exageradas, pero se teje todo en un ambiente poco propicio  o adecuado para arremeter contra los medios de comunicación.
Queda al menos, la libertad de disentir y rechazar estas acciones que vulnera un derecho social y humano inherente al sistema democrático, como lo es la actividad de informar y la de ser informado.
smorffe@yahoo.com
S.M
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