CUMBRE DE MANDATARIOS REGIONALES. MANIFIESTO DE BARQUISIMETO POR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LOS RECURSOS DE LAS REGIONES.

Barquisimeto, 14 de septiembre de 2011

Nosotros los Gobernadores de los Estados Amazonas, Carabobo, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Táchira, Zulia y el Alcalde Metropolitano del Área Metropolitana de Caracas, asumiendo el trabajo encomendado por nuestros pueblos al ser electos por la voluntad popular, comprometidos con los derechos y libertades de nuestros ciudadanos a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, que ordenan la descentralización del poder, la prosperidad y el bienestar del pueblo. Hoy, reunidos en Barquisimeto en el marco de la fecha conmemorativa de sus 459 años, con el propósito de presentar propuestas al país y demandar la atención del Gobierno Nacional con relación a la Problemática de Inseguridad reinante, así como y la desviación y retención de los recursos que corresponden a los pueblos de los Estados y Municipios, hacemos el siguiente pronunciamiento:

CONSIDERANDO

LIBORIO GUARUYA

Que el Gobierno Nacional ha venido imponiendo en materia de seguridad un modelo centralizado ajeno a las realidades regionales y locales; desconociendo la legítima autoridad de los gobernadores y alcaldes, así como conduciendo al desarme de las policías regionales por razones políticas, en evidente oposición al Estado descentralizado consagrado constitucionalmente.

CONSIDERANDO

hENRIQUE SALAS FEO

Que se han incrementado los índices de violencia en Venezuela, siendo calificada como uno de los países más violentos de Suramérica, lo cual demuestra que la atención del Gobierno Nacional al incremento de la inseguridad ciudadana ha sido tardía, improvisada e insuficiente.

CONSIDERANDO

Que el discurso cargado de violencia de los voceros del gobierno central promueve un clima de enfrentamiento, descalificación e intranquilidad completamente opuesto al ambiente de paz y sana convivencia al que aspiramos todos los venezolanos. 

CONSIDERANDO

HENRI FALCON

Que la impunidad se ha convertido en Venezuela en un aliciente para el delito, dado que alrededor del 90% de los homicidios queda impune. A ello se une un sistema judicial altamente politizado, lento e ineficiente, que genera condiciones que coadyuvan a la ola de criminalidad. Todo ello contribuye a la falta de confianza ciudadana en las instituciones y al desprestigio de las mismas.

CONSIDERANDO

HENRIQUE CAPRILES RADONSKI

Que la seguridad es un derecho humano que crea condiciones para el ejercicio de los demás derechos; que debido a la gravedad del problema de la inseguridad se requiere la articulación de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, poderes del Estado y sectores sociales, políticos y económicos.

CONSIDERANDO

Que la creación de una milicia popular, que es inconstitucional y paralela a la Fuerza Armada, contribuye a la atmósfera de guerra que hay en el país; que se ha armado irregularmente a ciudadanos civiles y que se ha estructurado como eje educativo la instrucción militar de nuestros niños.

CONSIDERANDO

MOREL RODRIGUEZ AVILA

Que la delincuencia violenta del país está armada, que se calculan 12 millones de armas ilegales en Venezuela; que no se investiga el origen de esas armas; que no se produce una política enérgica de desarme.

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Nacional, en evidente fraude a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha venido construyendo un andamiaje legal tendente a la sustitución del modelo de Estado que ésta definido como Federal y Descentralizado.

CONSIDERANDO

CESAR PEREZ VIVAS

Que a través de un fraude al ordenamiento jurídico de la nación, el Gobierno Nacional ha desviado y sustraído indebidamente recursos que pertenecen a los pueblos de los Estados y Municipios, ha ordenado la recentralización de competencias que le fueron atribuidas constitucionalmente a las entidades federales, produciendo la asfixia económica de las Regiones que acaba la descentralización, única capaz de profundizar la democracia, así como la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

CONSIDERANDO

PABLO PEREZ ALVAREZ

Que el actual Gobierno Nacional viene invadiendo y entorpeciendo las tareas de los gobiernos regionales que no participan de su visión ideológica, usando de manera ilegal e inconstitucional a la Fuerza Armada Nacional, desconociendo el mandato constitucional que le ordena la cooperación con las demás ramas y niveles del poder público.

CONSIDERANDO

Que el actual Gobierno Nacional ha tenido los mayores ingresos petroleros de nuestra historia y ha sido el que ha producido el mayor endeudamiento de Venezuela, sin que la calidad de vida de los venezolanos haya mejorado, principalmente en la prestación de servicios públicos.

CONSIDERANDO

ANTONIO LEDEZMA

Que los ingresos nacionales hasta el 15 de agosto del presente año, han tenido sólo un crecimiento del 80% (ochenta por ciento) de su monto originario; mientras que el crecimiento del Situado Constitucional ha sido sólo de un 15% (quince por ciento) del estimado inicial, lo que representa una desviación y retención de ingresos por parte del Gobierno Nacional correspondiente a los pueblos de los Estados y Municipios, que asciende a la suma de 15.597 millones de bolívares fuertes.

CONSIDERANDO

Que el dinero que se ha desviado y sustraído indebidamente a los pueblos de los Estados y Municipios, no se ha traducido en la mejora del sistema eléctrico nacional, ni en la dotación, construcción o mantenimiento de infraestructura, hospitales, escuelas o viviendas; que tampoco ha contribuido al mejoramiento de la seguridad ciudadana, ni de la vialidad o a la solución de algunos de los tantos problemas que aquejan a la población nacional.

CONSIDERANDO

Que es deber de todos los ciudadanos y ciudadanas y, en especial de las autoridades electas por el pueblo, resguardar los derechos humanos, promover el desarrollo regional y de las localidades, promover la unidad nacional así como contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.

MANIFESTAMOS:

PRIMERO: CON RELACIÓN AL GRAVE PROBLEMA DE INSEGURIDAD QUE AFECTA LA CONVIVENCIA EN TODO EL PAIS

Es urgente y prioritario en Venezuela la formulación de una Política de Estado coherente y permanente, que enfrente sin ambigüedades el delito en sus diferentes modalidades a partir de la integración de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno y entre los poderes del Estado, por lo cual manifestamos:

Exigimos respeto a la autoridad que constitucionalmente corresponde a Gobernadores y Alcaldes en materia de Seguridad, reconociendo la centralización en esta materia no se adapta a las realidades locales de estados y municipios.

Exhortamos que se materialice una mayor inversión en la seguridad ciudadana que ha sido relegada por compras multimillonarias de equipamiento militar obviando la delincuencia interna, que en 12 años de gobierno del actual Presidente ha causado la muerte de 182.000 venezolanos.

Exigimos al Gobierno Nacional detener la escalada de agresiones, intervenciones y vías de hechos contra las instituciones, órganos y servicios a cargo de los gobiernos estadales, cuyos titulares no compartimos su visión ideológica.

Exhortamos al Gobierno Nacional al diseño y ejecución de un Plan Integral de Seguridad Ciudadana, que incluya el aporte de todos los estados y municipios con sus particularidades y tenga un carácter primordialmente preventivo, fomentando la cultura de la seguridad en los ciudadanos, que contribuya a sancionar el delito.

Consideramos urgente la modernización del Sistema Penitenciario hoy en crisis, desmontando los altos índices de corrupción y violación de los derechos humanos.

Exigimos la aplicación de una vez por todas y sin más demoras, de una operación integral de Desarme que comporte el comiso de las armas en manos de civiles en forma ilegal y se fomente la entrega voluntaria a cambio de beneficios que permitan rescatar a los jóvenes incentivando la cultura de paz.

Instamos a que se castigue severamente la corrupción judicial, así como el otorgamiento indiscriminado de medidas cautelares en delitos graves, debiendo incrementar el número de jueces y fiscales así como formalizar la evaluación de los resultados de su desempeño.

Solicitamos la homologación de los sueldos y condiciones socioeconómicas de todas las policías del país.

Solicitamos emprender un plan nacional de rescate de la infraestructura de los barrios y sitios públicos determinantes para disminuir condicionantes del delito.

Reafirmamos que el cese de la violencia que día a día azota a los venezolanos requiere el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, a fin de recuperar y promover inversiones productivas y lograr mayores oportunidades de trabajo, estudio, deporte y recreación, para prevenir la delincuencia juvenil y mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos.

SEGUNDO: CON RELACIÓN A LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DESVIADOS Y RETENIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

Reafirmamos que solo la descentralización tal y como lo ordena la Constitución, contribuye a que la conducción de la gestión pública se realice a partir de elementos de equidad, eficiencia, respeto y capacidad; y que ella contribuye a un ejercicio del poder consecuente con valores democráticos, tales como la interacción y la cercanía con los ciudadanos, tomando en cuenta la transparencia, la contraloría social y la rendición de cuentas.

Exigimos al Gobierno Nacional la entrega inmediata a los pueblos de los Estados y Municipios de los recursos adeudados por incremento de los ingresos ordinarios, de los cuales, solo se han asignado el 4.98 % de dichos ingresos, en lugar del 20% establecido en el Artículo 166 de la Constitución Nacional.

Solicitar a la Asamblea Nacional el pronto inicio de un diálogo nacional que rescate el proceso descentralizador. Que permita una verdadera autonomía financiera de las Regiones, y que se conmine al Gobierno Nacional a invertir los recursos nacionales en la solución de problemas del país.

Exhortamos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a declarar la nulidad absoluta de las leyes y otros actos administrativos violatorios de las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en menoscabo del Estado Federal y Descentralizado.

Finalmente, movidos por los requerimientos de un pueblo que nos exige paz, tranquilidad y progreso, actuando en un Estado de Justicia, Federal y Descentralizado, ante la evidente incompetencia del Gobierno Nacional para asumir el desafío que enfrentamos los venezolanos y venezolanas, de transformar el país y conducirlo por un camino seguro de paz y libertad, los Gobernadores y el Alcalde Metropolitano del Área Metropolitana de Caracas integrados en la alternativa democrática, hacemos un llamado a todos nuestros conciudadanos, a trabajar en el reforzamiento de la democracia y la descentralización, y a no cesar en la lucha por incrementar la seguridad ciudadana y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, invocando la protección de Dios y de los precursores de nuestra patria libre y soberana.

Firmado en la ciudad de Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela, a los 14 días del mes de septiembre del año 2011.

Licenciado Liborio Guarulla Garrido

Gobernador del Estado Amazonas   

Abogado Morel Rodríguez Ávila

Gobernador del Estado Nueva Esparta

Economista Henrique Salas Feo

Gobernador del Estado Carabobo   

Abogado César Pérez Vivas

Gobernador del Estado Táchira

Abogado Henri Falcón Fuentes

Gobernador del Estado Lara   

Abogado Pablo Pérez Álvarez

Gobernador del Estado Zulia

Abogado Henrique Capriles Radonski

Gobernador del Estado Miranda      

Abogado Antonio Ledezma Díaz

Alcalde Metropolitano del Área Metropolitana de Caracas

 EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA