La convocatoria de Yvett Lugo, presidente del Colegio de Abogados de Caracas, el 23-06-11, fue a seguir en pie de lucha para el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho.
El 23 de junio los abogados no celebramos sino conmemoramos el día del abogado, en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas; porque como dijo el Dr. Pedro Nikken, orador de orden, dadas las circunstancias actuales “los abogados no estamos de fiesta”. En efecto, la corrupción de la justicia promovida desde la cúspide ha acabado con el Estado de Derecho, la democracia y la República.
La cubanización de la justicia hoy es incontrovertible. Desde el TSJ se han gritado consignas a favor de la permanencia de la jefatura en el poder, se ha establecido la ausencia de la separación de poderes como una política de Estado, se ha elogiado el que “las leyes en nuestro país a raíz de la promulgación de la República Bolivariana de Venezuela responden a un fin ideológico claramente establecido”, se ha instado a los administradores de justicia a “contribuir con la construcción del socialismo”, se ha admitido que el modelo de justicia es el cubano. Discurso que ha sido consolidado con acciones, impunidad para promover la corrupción y la inseguridad, criminalización de la disidencia, asesinato lento de los presos políticos mediante la negación del derecho a la salud, encarcelamiento de jueces, como María Afiuni, por dictar sentencias contrarias a los intereses del régimen, persecución de los defensores de los derechos humanos, la conversión de nuestras cárceles en campos de concentración, otros.
El gremio de abogados sistemáticamente ha repudiado las tácticas del régimen para destruir la justicia. En esta oportunidad la persecución contra Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien ha sido declarado “enemigo objetivo”. Ha recibido amenazas de muerte, contra él y su familia, ha sido descalificado en los medios de comunicación del Estado Terrorista, se han revelado sus datos, números telefónicos y dirección de habitación, “para que el pueblo lo juzgue”. Esta práctica propia de los totalitarismos violenta los “Principios Básicos sobre la Función de los Abogados”, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas que obliga a los gobiernos a garantizarles el desempeño de la abogacía sin intimidaciones, obstáculos, acosos, persecuciones, otros. Ante la corrupción, la violación de todos los derechos humanos y la política del régimen de armar a los delincuentes, evidenciada en la violencia desatada, hasta con armas de guerra, en el Rodeo I y II entre la comunidad penitenciaria, con un saldo de muertos incierto (no creemos en el régimen), los rojos aplican la vieja táctica de convertir en culpable a quien viene denunciando esta situación criminal. Con esto no podrán tapar su responsabilidad, por el contrario, agregan más delitos a la larga lista de crímenes por los que serán juzgados en su oportunidad.
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