Comenzó en el Congreso el debate en comisiones del PROYECTO DE LEY DE ” PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD POSESIÓN O TENENCIA DE TIERRAS RURALES” cuya inconstitucionalidad no es el objeto de la presente nota.
Baste por ahora mencionar que el mismo, cuyo espírtu es ampliamente compartido por los representantes de muchos de los Partidos con representación en el mismo, ha sido inspirado por la Federación Agraria cuya prédica en defensa de los pequeños y medianos productores, independientemente de que sus planteos sean o no conducentes al objetivo propuesto, es ampliamente conocida.
No parece razonable considerar que la soberanía nacional, en un país poblado en gran parte por argentinos de a lo sumo segunda generación, descendientes de los inmigrantes que respondieron al llamado del Preámbulo de nuestra Constitución Nacional que propone asegurar los beneficios de la libertad a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino reconociéndoles a los extranjeros los derechos civiles del ciudadano, sea puesta en peligro por quienes deseen invertir en él.
No obstante lo anterior considero que será útil a quienes el miedo impulsa a recrear barreras que quienes establecieron las bases de nuestra convivencia hace 158 años con gran éxito desarmaron, la consideración de las razones que podrían tener los argentinos nativos poseedores de tierras rurales para desprenderse de ellas y los extranjeros para querer comprar lo que para nuestros connacionales se pudiera tornar indeseable ó insostenible.
Las políticas implementadas desde hace años, no es este el único gobierno que se ha dedicado a discriminar negativamente a los productores agropecuarios, constituyen una razón incuestionable para que estos se vean, en muchos casos, obligados a enejenar sus tierras.
El gobierno actual, continuador del iniciado en 2003, ha llevado adelante políticas cuyo resultado ha sido el contrario al declamado objetivo de “cuidar la mesa de los argentinos” y de poner límites a los “grupos concentrados”.
En materia ganadera las imposiciones a quienes participan del mercado interno y el cierre de las exportaciones han llevado a la desaparición de miles de productores y a una dramática disminución del stock de ganado vacuno. Han sobrevivido sólo los que han tenido resto para soportar las arbitrariedades gubernamentales.
En cuanto a la producción granaria es muy ilustrativa la comparación realizada por Carlos Etchepare entre lo que reciben por el mismo producto los productores argentinos; los americanos del norte; los brasileros y los uruguayos.
Por una tonelada de trigo en EE.UU. los productores reciben un precio bruto de U$S 330.-; los brasileros U$S 320.- ; los uruguayos U$S 300.- y los argentinos U$S 180.-
Algo sismilar ocurre con el maíz : En EE.UU U$S 300.- ; en Brasil 320.- ; en Uruguay U$S 350.- y en la Argentina U$S 190.-
Por último en soja : En EE.UU U$S 500.- ; en Brasil U$S 500.- en Uruguay U$S 480.- y en la Argentina U$S 315.-
Esa diferencia está representada por las inconstitucionales retenciones y los manejos que merced a la interferencia del gobierno en los mercados posibilitaron a quienes se declama como “el enemigo a vencer” ser los beneficiarios de las distorsiones políticamente impuestas.
Si a todo lo anterior le agregamos el acoso impositivo que además de convertir en sospechoso a todo aquel que produce y la permanente introducción de disposiciones administrativas que complican a los pequeños y limitan la libertad de ejercer una industria lícita y de comerciar libremente a todos, empezamos a entender con claridad por qué es real la posibilidad de que muchos se puedan ver forzados , en ejercicio de la última posibilidad que les da el permanentemente violado derecho de propiedad, a venderles sus tierras a quienes se las quieran comprar.
En un mundo financieramente convulsionado y crecientemente demandante de alimentos es indudable que las tierras rurales constituyen un buen refugio para quienes no tienen otra urgencia que poner a buen recaudo sus recursos y, por lo tanto, confiando en que no hay mal que dure 100 años, serán potenciales adquirentes de propiedades de las que sus dueños estén compelidos a desprenderse.
La conclusión es que más que leyes que inconstitucionalmente limiten el derecho de propiedad lo que nuestros productores necesitan para poder conservar sus tierras y el estilo de vida que han elegido es que las garantías constitucionales les sean incondicionalmnete respetadas para que, poseedores incuestionados del fruto de su trabajo, se vean libres del poder ilegítimamente ejercido.
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