Es inaceptable que la Ley se use como otro instrumento para ideologizar, para imponer el pensamiento único. La Ley que no garantiza la dignidad no es legítima.
El “Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda”, establece como causa de la crisis de vivienda: “el modelo capitalista explotador y excluyente”, lo cual configura la prevaricación, (RAE: f. Der. Delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad…), se pervierte el fin de la Ley: garantizar la dignidad de la persona humana, al usarla para darle carácter vinculante al pensamiento único –castro comunismo- y las mentiras del régimen al incluirlos en la legislación.
En nuestra patria se ha institucionalizado el abuso de poder de una jefatura que legisla a su real saber y entender, que usa la Ley como instrumento de dominación, de satisfacción de su voluntad y de imposición de su discurso que endilga al contrario sus propios crímenes. La crisis de vivienda no es por el modelo capitalista, es responsabilidad del régimen que lleva 12 años detentando el poder absoluto en el cual ha manejado la mayor riqueza de nuestra historia y por su naturaleza totalitaria, intencionalmente, creó la escasez de viviendas: eliminó la política de construcción de viviendas de los gobiernos democráticos, se apropió de los materiales de construcción –cemento, cabilla, etc-, con los cuales construyó bunkers subterráneos, etc; para luego justificar la violación de la propiedad privada mediante la expropiación-expoliación de los propietarios para “darle” supuestamente a los que no tienen, con lo cual ha instituido el robo como política de Estado. Además estimuló la corrupción en el manejo de las políticas.
En cuanto a la explotación y exclusión del capitalismo, hoy, en nuestra mayor bonanza, el sueldo no alcanza porque la depauperación es una táctica comunista de dominación por bozal de arepa y ni siquiera en las dictaduras hubo una exclusión como la que existe hoy, que en las listas discriminatorias del régimen figuran millones de venezolanos, que por ser opositores no son personas y no tienen derechos. En cambio en los 40 años de democracia la libertad y la paz permitieron la consolidación de la clase media. La gente tuvo acceso a la educación, trabajo, planes sociales, etc, sin distinción alguna.
Es inaceptable que la Ley se use de esta manera. Cualquier Ley que no garantice la dignidad pierde su carácter vinculante según el Art. 350 de la “bicha”. Ahora bien, ¿Por qué “nuestros representantes” con su silencio, en lo que aparenta ser una Asamblea, desconocen la pérdida del carácter vinculante de este tipo de Ley? Con lo cual, apoyan la indefensión en la que queda la gente ante este abuso de poder. ¿Para qué los elegimos? Asuman con coraje el rol que han escogido y la gente estará con ustedes.
Elinor Montes
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