La presidenta argentina Cristina Kirchner aún no ha anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre, pero su gobierno y su partido —la rama kirchnerista del peronismo— ya están en plena campaña.
En las últimas semanas, la presidenta dio otro enérgico paso hacia la consolidación de su poder económico al intentar obligar a empresas que cotizan en bolsa a darle al gobierno asientos en sus directorios. Además, el Estado abrió la billetera a pesar de los alarmantes datos sobre la inflación. La prensa sigue estando, como desde hace un tiempo, bajo la presión del gobierno y de sus aliados sindicales organizados para autocensurarse.
Se trata, entonces, de otro momento de preocupación para esta otrora próspera república. De algún modo, la sociedad civil y parte de las instituciones gubernamentales cruciales para la democracia han sobrevivido a ocho años de demagogia de los Kirchner y su progresivo autoritarismo. Pero pocos observadores aquí confían en que el vapuleado pluralismo político del país, que ahora pende de un hilo, pueda soportar otros cuatro años de kirchnerismo.
Una escuela de pensamiento sostiene que puesto que los Kirchner (la presidenta y su fallecido esposo, Néstor, quien fue presidente antes que ella) han convertido a Argentina en una bomba de tiempo económica, ella debería seguir al frente durante los próximos cuatro años. Sus políticas generan una tasa anual de inflación que los economistas privados estiman en alrededor de entre 25% y 30%. El sesgo antiempresarial del gobierno y la inseguridad judicial han dañado los flujos de inversión, y la escasez de energía está en aumento. Cuando todo esto estalle, si hay justicia, la culpa de los problemas debería caer sobre la presidenta.
Sin embargo, darle otro mandato a Kirchner conlleva grandes peligros. Considerando su codicia por el poder, es probable que continúe copiando a su mentor venezolano Hugo Chávez, quien durante 12 años ha demolido con gran constancia los mecanismos económicos, políticos y legales que habitualmente funcionan como los pesos y contrapesos del poder ejecutivo. Para 2015, Kirchner podría tener al país prisionero.
Considere el más reciente asalto a la libre empresa, que comenzó en 2008, cuando anunció la confiscación y nacionalización de cuentas de pensiones privadas. Esto convirtió al gobierno en accionista de 42 empresas que cotizan en bolsa en las que habían invertido los administradores de pensiones. El 14 de abril de este año, Kirchner emitió un decreto que le daba al gobierno mayor poder para nombrar a los miembros de la junta directiva en estas empresas.
La siderúrgica Siderar, donde el gobierno ahora posee un 26%, se está resistiendo. Durante una reciente reunión de accionistas la junta directiva anunció un dividendo y rechazó el pedido de un cupo en el directorio por parte del gobierno. El regulador de valores, una entidad estatal, anuló la reunión. Siderar acudió a los tribunales para desafiar la decisión del regulador y el gobierno presentó una contra demanda.
Aquí no hay ningún misterio. Kirchner sigue las teorías económicas no sólo de Chávez sino también de Juan Perón, el fascista argentino del siglo XX que le dio su nombre al partido. La presidenta quiere que el control estatal sobre la industria apuntale su poder.
Eso encajaría bien con su dominio de lo que en su momento fue un banco central independiente. Desde el año pasado, la entidad ha transferido más de USD 16.000 millones a las arcas presidenciales a cambio de bonos gubernamentales. Sin embargo, el gobierno generó de todos modos un déficit fiscal de USD 1.300 millones en marzo, lo que implica que sin importar cuánto dinero cae en sus manos, nunca es suficiente.
Es más, a fines de febrero la oferta de dinero argentina registró un alza de 28,6% frente a igual mes del año anterior. Y en los últimos meses analistas independientes que publican cifras de inflación que no concuerdan con la estimación oficial (que bordea el 10%) han sido multados.
Este cuadro de inflación, represión y control estatal de la economía es muy familiar para los estudiosos del pasado de Argentina. Y es el motivo por el que la oposición, a pesar de sus numerosas diferencias, está volcada a un esfuerzo por unirse. La reelección de Kirchner, si decide presentarse, es probable pero no está en ningún caso garantizada si hay sólo un candidato opositor.
Sin embargo, cualquier acuerdo de ese tipo aún parece muy lejano. Las esperanzas de una alianza entre los peronistas federales (que se oponen a los peronistas kirchneristas) y el alcalde de centro-derecha de Buenos Aires, Mauricio Macri, se desvanecieron la semana pasada luego de que una primaria de los peronistas federales tuviera una convocatoria muy baja y fuera empañada por acusaciones de fraude.
Ahora crece la especulación de que Macri podría, en cambio, optar por un segundo mandato como alcalde este año y conservar sus posibilidades para las elecciones presidenciales de 2015. Eso dejaría a Ricardo Alfonsín, del Partido Radical de centro-izquierda, e hijo de un ex presidente, como el contendiente más probable de Kirchner.
La mayoría de la centro-derecha tendría que hacer un gran esfuerzo para votar por Alfonsín. Sin embargo si se posiciona levemente a la derecha, y consigue el respaldo de Francisco de Narváez, un popular representante del peronismo federal, obligaría a Kirchner a ir a una segunda vuelta. En ese caso, sus probabilidades de seguir al mando del país serían mucho más bajas. Para muchos argentinos eso sería un arreglo que bien valdría la pena.
© The Wall Street Journal
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