Para mis lectores jóvenes que seguramente no entienden el sentido del título de este artículo les explico que estoy parodiando el famoso caso de don Rafael, un personaje de la radio-novela titulada "El derecho de nacer" que mantuvo en suspenso a las damas y creo que también a muchos caballeros de la Venezuela de los años 50. Don Rafael permaneció en silencio durante los muchos meses que duró aquel culebrón, hasta que un buen día se decidió a hablar. La voz se corrió por todo el país: ¡Ya don Rafael habló!
Las recientes declaraciones de don José Miguel Insulza acerca de la situación política venezolana me hicieron recordar el caso de don Rafael. Durante mucho tiempo don José Miguel emitió opiniones que silenciaban la verdad y más bien parecían complacer o halagar al führer.
Los organismos internacionales obligan a sus secretarios o directores generales a ser muy cautelosos en sus expresiones públicas. Pero en las organizaciones de naturaleza política como la OEA eso tiene un límite que está dado por la obligación de pronunciarse y actuar cuando un asunto o un problema es susceptible de convertirse en conflicto. Por eso, la excesiva cautela de don José Miguel generó malestar en muchos venezolanos que veíamos su impasividad como una manifestación de temor frente a la intemperancia y la agresividad verbal característica del mandón de Miraflores.
La semana pasada don José Miguel dejó a un lado su excesiva cautela y por primera habló "claro y raspado" como corresponde ante una situación tan grave como la que confronta Venezuela.
Dijo sin ambages lo que ha sido denunciado desde las filas de la disidencia: que la Ley Habilitante viola el espíritu y la letra de la Carta Democrática Interamericana.
"No me parece que esté ni dentro del espíritu ni en la letra de nuestra Carta Democrática el que un Congreso que se va pueda atarle las manos al Congreso que llega. Yo no creo que eso se puede hacer", dijo Insulza y agregó que eso equivale a anular la labor de la nueva AN. "¿Qué sentido tiene que la gente elija un Congreso, que fue concurrido y que todo el mundo validó, para que inmediatamente después se diga que ese Congreso que acabamos de elegir en realidad no va a tener mucho que decir porque el Presidente va a gobernar por decreto durante 18 meses?". Y añadió: "Yo no creo que eso sea aceptable. No me parece que uno se puede quedar callado ante una cosa así".
Asumiendo finalmente su responsabilidad como secretario general de la OEA anunció que "no descarta plantear el caso ante el Consejo Permanente de la OEA, pero confía en que algunos miembros se manifiesten" porque ha notado "preocupación en los países para tener una discusión sobre este tema''.
Esperamos que esto ocurra pronto pero no nos hacemos ilusiones acerca de lo que pueda resultar de ese debate. Sin embargo, el solo hecho de que finalmente se contemple la aplicación de la CDI a la grave situación que confronta la democracia venezolana constituye, por sí mismo, un avance importante en los esfuerzos por impedir que Venezuela continúe siendo subyugada por un dictador que se empeña en imponer una ideología y un régimen que ya fue rechazado soberanamente por el pueblo.
El secretario general Insulza anunció que la OEA sostendrá discusiones este año para mejorar la Carta Democrática Interamericana. Entre las mejoras que se contemplan mencionó la necesidad de incluir un anexo que permita prevenir crisis políticas, la eliminación del veto que permite a los gobiernos impedir la visita de una misión de la OEA, la extensión a los poderes legislativos y judicial de la facultad de activar la Carta y una definición más precisa de lo que constituye una "grave violación a la democracia".
Todas estas ideas son muy importantes, pero en lugar de extender al Poder Legislativo y al Poder Judicial la facultad de activar la CDI se debería contemplar un mecanismo que permita a la sociedad civil de un país promover esa activación cuando, violando la Constitución, un mandatario electo democráticamente se transforma en dictador.
Pero por encima de todo hay que transformar la Carta en un tratado con fuerza obligatoria a fin de que pueda cumplir el propósito fundamental para el cual fue concebida que no es otro que garantizarle a los pueblos de América su derecho a la democracia y hacer que los gobiernos cumplan su obligación de promoverla y defenderla.
Cuando los gobiernos miembros de la OEA se reúnan para mejorar la CDI no deben perder de vista que el preámbulo de ese documento reconoce que, a la luz del desarrollo progresivo del derecho internacional, es necesario precisar las disposiciones de la Carta de la OEA y de otros instrumentos consagrados a la preservación y la defensa de las instituciones democráticas.
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Adolfo Taylhardat
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