Recientemente, varios venezolanos han lanzado a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) una propuesta relacionada con la suscripción del gobierno nacional de algunos convenios y contratos internacionales, cuyos contenidos, según los proponentes, serían ilegítimos, inconstitucionales, fraudulentos o contrarios a los intereses de la nación.
Dicha propuesta pide que la MUD haga una declaración a fecha cierta, en la que indicaría que el próximo gobierno nacional desconocería tales convenios, de modo que los países que contraten hoy con Chávez, desde ya se atengan a las consecuencias riesgosas, habida cuenta del nuevo poder que se instaurará en el 2012.
La fundamentación de tal propuesta sería la “doctrina de la deuda odiosa”, cuyo formulador fue el jurista ruso, ex ministro del Zar Nicolás II, Alexander Nahum Sack, quien hacia el año 1927 la define así: "Si un poder despótico contrae una deuda, no por las necesidades o el interés de su pueblo, sino para fortalecer su régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate, ésta es una deuda odiosa e ilegítima para la población de todo el Estado. Esta deuda no es obligatoria para la nación, es un deuda del régimen, es una deuda personal del poder que la ha contratado, en consecuencia, ella cae con la caída de este poder”.
La doctrina Sack, por otro lado, confiere a los acreedores una responsabilidad en la deuda, al señalar que si éstos conocían los designios del prestatario, estarían cometiendo “un acto hostil frente al pueblo”, lo cual los expone a la contingencia de un eventual no pago de aquella si el régimen cae; por tanto, no podrían reclamar lo debido. Estaríamos entonces frente a una situación en la que no se aplicaría el principio aceptado del Derecho Internacional (DI) de que todo tratado en vigor vincula a las partes y debe ser cumplido de buena fe (pacta sunt servanda).
Ahora bien, el asunto planteado, a mi juicio, puede ser abordado desde 3 ópticas distintas, por cierto, no desvinculadas. Así, tenemos que hay razones jurídicas, de conveniencia política y/o de oportunidad.
Las más largas y complejas de explicar son las de naturaleza jurídica, lo cual en este corto espacio debemos presentar muy apretadamente.
El Derecho Internacional aceptado por las naciones civilizadas tiene sus fuentes. Primero, las fuentes convencionales (tratados); segundo, las fuentes consuetudinarias (la costumbre internacional) y, por último, los principios no escritos. Con mucho menor peso, los actos unilaterales de los estados y organizaciones internacionales, y finalmente, la jurisprudencia internacional.
La doctrina, como es el caso de la deuda odiosa, es sólo eso, una teoría que no se ha convertido en un tratado, ni en una costumbre, ni en un principio de derecho, que haya sido aceptado en el conjunto del Derecho Internacional. Puede ser que moralmente tenga toda la justificación que queramos darle, pero no alcanza el rango exigible en el DI.
Ciertamente, en la historia hay varios casos concretos que tal doctrina ha sido esgrimida. En México, por Benito Juárez (1861); en la Guerra España-EEUU de finales de siglo XIX, Cipriano Castro en Venezuela (1902), Costa Rica contra el Reino Unido (1922), entre otros. Pero estos casos, con resultados diversos, y dependieron de las relaciones de poder, no condujeron a la configuración de una costumbre ni a la creación de una norma jurídica de DI, que hoy por hoy pueda ser alegada.
El tema, sin embargo, ha generado múltiples estudios académicos, entre los cuales cabe mencionar uno, que
está relacionado directamente con la petición que se hace a la MUD. Me refiero al de los economistas de la Universidad de Harvard, M. Kremer y S. Jayachandran, quienes en un artículo publicado en la publicación Finances and Development, “Odious Debt”, en el 2002, plantean la institucionalización de la “denuncia a priori de las deudas” a fin de evitar su repudiación ex post, y la creación de una norma que exonere a los países victimas, de toda responsabilidad respecto de las deudas odiosas. A mi juicio, ésta es una interesante propuesta que debería ser tomada en cuenta.
No obstante, y mientras ella no se sancione por la comunidad internacional, no podría ser alegada, jurídicamente hablando, en las actuales circunstancias, ni en el caso particular de Venezuela, por muy odiosas que puedan ser las deudas que el gobierno de Chávez haya contraído en detrimento de los venezolanos.
Para concluir con este punto, valga sólo mencionar, que en el caso hipotético de que tal doctrina tuviera la posibilidad de ser esgrimida, negarnos a pagar tales deudas, implicaría demostrar 3 cosas: a) ausencia de consentimiento, es decir, que no haya sido contraída por la voluntad del pueblo (¿quien representa la voluntad popular en Venezuela hoy? ¿No es la Asamblea Nacional la que aprueba los convenios?); b) ausencia de beneficio, es decir, que los fondos han sido gastados en contra de los intereses de la población; y c) conocimiento de las intenciones del prestatario por parte del acreedor. Estos extremos ¿como serían demostrados en el caso de Venezuela?
El otro enfoque, es el de la conveniencia política de hacer una declaración como la solicitada por algunos venezolanos. La interrogante principal es: ¿conviene a los intereses políticos de las fuerzas democráticas hacer una declaración en la que se advierta urbi et orbe que el gobierno que tome posesión en el 2012 desconocerá los convenios que haya firmado el actual, sin tomar en cuenta las normas, los principios y la costumbre internacionales aceptados por la comunidad internacional?
¿Cómo serían vistas las fuerzas democráticas, no sólo por los gobiernos autoritarios más cercanos o afines a Chávez, sino también por aquellos que también han firmado acuerdos con él pero que son democráticos? Los partidos que conforman la MUD han expresado ya, que serán respetuosos de los compromisos internacionales, siguiendo en esto la tradición de Venezuela en sus relaciones exteriores.
El reconocimiento internacional de que goza hoy la oposición, sobre todo, a partir de la conducta política asumida en los últimos años y demostrada en los eventos electorales, no puede ser echada por la borda adoptando posiciones que podrían ser tachadas de irresponsables. Las fuerzas democráticas necesitan ganarse la confianza de la comunidad internacional, que aun debe ser consolidada. El nuevo gobierno que entrará en el 2012 dispone de un programa y de los equipos profesionales y técnicos formados y experimentados que asumirán la conducción del país, y el manejo adecuado de lo internacional es fundamental para ganar apoyos y neutralizar las amenazas. Nuestra conducta gubernamental no puede ser vista como la de un Estado maula, infractor de las reglas de convivencia internacionales. Ni siquiera los sandinistas al llegar al poder, se atrevieron a desconocer la deuda de Somoza. Fueron los cubanos, sí, los cubanos, los que les recomendaron no hacerlo.
Chávez ha firmado miles de convenios de diversa naturaleza. Allí están, los bielorrusos, los iraníes, los sirios, los cubanos; pero están también argentinos, brasileños, ecuatorianos, rusos, ucranianos, portugueses, españoles, chinos, entre otros.
No obstante, el respeto de estos compromisos no significa que no puedan ser revisados o renegociados en su momento. Todo tratado puede se modificado o denunciado, cláusulas de escape siempre están en los textos de cada uno. Con tal propósito, el nuevo gobierno del 2012 hará los estudios correspondientes, y con base en la normativa internacional hará lo que tenga que hacer, todo en defensa de los intereses del país. De allí que la comunidad internacional deba quedarse tranquila al respecto de lo que será la conducta de las fuerzas democráticas venezolanas.
De lo anterior se deduce la respuesta del tercer enfoque posible de este asunto. ¿Resulta realmente oportuno hoy hacer tal propuesta, habida cuenta del prestigio que comenzamos a recuperar como oposición, en contraste con el acelerado descrédito que el gobierno de Chávez viene experimentando en el ámbito internacional? Después de que hemos logrado crear un matriz de opinión en el mundo adversa al tiranuelo de Miraflores ¿vamos ahora a generar un innecesario ruido en nuestra relación con los países y los sectores democráticos del planeta, planteando un tema que en lugar de ayudar a nuestra causa la puede enturbiar? Las respuestas a estas interrogantes son obvias. De sobra sabemos los disparates que está cometiendo el gobierno en la esfera internacional y cuánto nos costará a los venezolanos enderezar esos entuertos. El momento de la justicia se acerca cada vez más..
EMILIO NOUEL V.
emilio.nouel@gmail.com
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¿Tienen los pueblos al igual que los individuos que los integran el derecho natural a ser libres o más bien la libertad de los pueblos es una opción racional de cada colectivo, consideradas como fueren sus metas y capacidades como sociedad? 
