El Sistema de Control.
Todos los Estados tienen un sistema de control, inspección y fiscalización, para exigir el cumplimiento de su ordenamiento jurídico, en especial, por ejercicio de la potestad aduanera, se efectúa en las operaciones y operadores del comercio internacional. La Contraloría General de la República, la Superintendencia de Control Interno, la Dirección General de Inspección y Fiscalización, la Gerencia de Control Aduanero y Tributario del SENIAT, la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, así como las instancias correspondientes del Ministerio de la Salud, el Ministerio de Agricultura y Tierras, de Comercio, de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, tienen asignadas responsabilidades en esta materia, como ejercicio de competencias regladas.
El escándalo de la corrupción en la importación de alimentos, solo es comprensible en razón de la culpa inexcusable de esos organismos en el ejercicio de sus competencias de control.
La Afectación del Paralelismo.
Venezuela ha venido importando del periodismo de investigación argentino, la calificación de paralelas, para denominar la corrupción dentro de los organismos públicos al margen de la legalidad funcional y operativa. Así hablamos de la “Aduana Paralela” hoy de la “Embajada Paralela”, “Economía Paralela”, “Estado Paralelo”. Así importamos también el calificativo de “sensación”, la Defensora del Pueblo sostiene que en Venezuela no hay inseguridad sino una “sensación de inseguridad”. Los calificativos difuminan los problemas de fondo, se pretende hacerlos insustanciales.
En el país existen dos presupuestos, dos bancos centrales, dos economías, dos tipos de relaciones comerciales, dos tipos de relaciones diplomáticas. Una formal según el ordenamiento jurídico vigente y otra informal que conduce el Presidente de la Republica y su partido.
Lo único real es que hay una confusión intima del gobierno con el partido y del partido con el Estado. Esta relación sublegal diluye la responsabilidad de las instancias del control, todos los poderes del Estado, en teoría independientes y contralores, han sido absorbidos y usurpados por el Presidente-Comandante, no hay separación de poderes, no existen check and balances. Se configura así el entorno ideal de la corrupción política, que corroe al chavismo.
La Destrucción del Estado.
La promulgación de la Ley de la Administración Pública, tal vez junto a la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, las únicas modernas sancionadas por el régimen, para asegurar el cumplimiento de la ley por parte de la administración y otorgarle plena garantía a los ciudadanos, tenían un caramelito de cianuro, la derogatoria de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual no permitía la incontrolable discrecionalidad de crear, unir o suprimir, por Decreto los ministerios que integran el Consejo de Ministros y por ende de los organismos adscritos a los mismos.
Tamaño dislate, aunado a la creación de la Vice Presidencia Ejecutiva y Vice Presidencias Sectoriales, conforman un sistema anárquico de distribución de competencias legales, que hacen imposible no solo el control y la auditoria, sino también la rendición de cuentas. La práctica de destrucción del Estado formal, a través del ejercicio de competencias permite la impunidad de los gestores de la actividad pública, es decir, alienta la corrupción.
La Huella Documentaria.
En el comercio internacional, las transacciones tienen una doble huella documentaria, porque es necesario declarar a la aduana, en el país proveedor, la exportación y en el país comprador, la importación. Ambas operaciones requieren la identificación del exportador y el importador, del documento de transporte internacional, de la factura comercial definitiva, del precio de las mercancías, los documentos que comprueban el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Régimen Legal del Arancel, entre ellos los certificados sanitarios del país de origen y cualquier otro requisito a la venta. La declaración de importación también deja una huella documentaria, contiene la declaración del valor en aduana, que permite la correlación identificadora entre las mercancías y la documentación que la soporta. Si se cometiese algún delito penado, algún ilícito aduanero, queda la huella forense.
Si se quiere investigar y establecer las responsabilidades correspondientes, la huella documentaria se encuentra en la huella auditable y es muy difícil por no decir imposible, evadir las responsabilidades consustanciales a los delitos aduaneros, de ilícitos cambiarios, de corrupción o de crimen organizado, cometidos con motivos de la introducción al país de alimentos, medicinas y maquinarias –este es el caso- que para el momento de su aduanamiento, deben cumplir con las disposiciones legales aplicables. Si se quiere y existe la voluntad política, se puede llegar a todos los actores que protagonizaron el escándalo.
La Compraventa Internacional.
Los negocios internacionales, requieren siempre de un vendedor y un comprador, entre ambos organizan la transacción, la cantidad, la calidad, las especificaciones técnicas, el medio de transporte, los términos de pago, los descuentos y el precio. Generalmente existe un contrato de compraventa, el exportador no es necesariamente el fabricante de las mercancías, puede ser un mayorista, un agente de compras e incluso un operador logístico. Puede haber ventas directas o ventas sucesivas. El comprador debe asegurarse, cuando es una negociación transparente, de la solvencia técnica, ética y económica del proveedor. Toda esta actividad está documentada y generalmente conforma el expediente de exportación.
Cuando las circunstancias y las condiciones de la negociación no son trasparentes o legítimas, entran en juego las triangulaciones, los sobreprecios y la sobrefacturación, a objeto de encarecer las mercancías artificialmente para la cancelación de pagos a operadores inescrupulosos que pueden terminar en la legitimación de capitales, especialmente cuando existen medidas de control de cambio.
En el caso venezolano las obligaciones restrictivas impuestas por el control de cambio solo obligan al sector privado. El sector público y las empresas del estado tienen un régimen preferencial, que incluso los exime del cumplimiento del régimen legal arancelario en todas las restricciones, menos la referida a los requisitos sanitarios. De lo expresado se infiere que los alimentos y medicinas no aptas para el consumo humano fueron introducidas al país con la cooperación de las autoridades que debieron impedirlo. ejerciendo sus competencias en las aduanas.
La Administración Pública.
Cuando se analizan las carencias de políticas públicas en los doce años del chavismo, necesariamente se llega a la conclusión que existe un plan organizado para destruir la administración pública al servicio del Estado. Vale citar el caso del Ministerio de Industria y Comercio, sin razón alguna se fundió con el Ministerio de Agricultura y Cría y se le denominó de Producción y Comercio, posteriormente se separó formando el de Agricultura, al cual posteriormente se le añadió Tierras, mientras que al de Comercio se le añadió Industrias redenominándolo Industria Ligeras y Comercio. Por un cambio de Ministro se le modificó el nombre a Ministerio de Comercio, pasando las Industrias Ligeras a formar parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, e Industrias Intermedias.
A continuación, la Industria Pesada se adscribió al Ministerio de Minas, redenominándolo Ministerio de Industrias Pesadas y Minería. Como se colige, este es un disparate incontrolable, donde establecer las responsabilidades del Ministro por acción u omisión, es una tarea ciclópea.
Así las cosas no se puede obviar la existencia de la Comisión Central de Planificación, que debería poner orden en este rompe cabezas que es la administración comunista, en un contexto de dispersión coyuntural de competencias, sin base legal alguna.
En materia de alimentos, por las vagas competencias que tienen los nuevos ministerios, existe una dilución distorsionante de la responsabilidad por acción u omisión, dolosa o culposa. Los Ministros que directa o indirectamente tienen competencia legal en materia de los alimentos podridos, las medicinas vencidas y las maquinarias no instaladas, pareciera que ignoran sus obligaciones administrativas, incluso por delegación de funciones.
En el caso del escándalo que atemoriza al régimen la responsabilidad es en primer término de los Ministros; de la Salud, de la Alimentación, de Agricultura, de Comercio, de Finanzas, de Ciencia, Tecnología e Industrias Ligeras, de Energía y Petroleó, de Industrias Básicas y Minería. Asimismo son corresponsables los Viceministros y Directores Generales, que tienen delegación de firma según la Resolución de nombramiento y por supuesto el Vicepresidente Ejecutivo de la Republica.
Por otra parte también tienen responsabilidad por acción u omisión en las importaciones los Jefes de los organismos públicos implicados, en razón de la materia. El SENIAT por el control en las importaciones, Contraloría Sanitaria, Sanidad Animal y Vegetal, Resguardo de la Guardia Nacional, Seguro Social, Inapesca, Bolipuertos y Cembal, que actúan tanto a nivel central como a nivel descentralizado, sin dejar de señalar la existencia de la Comisión para la Seguridad Alimentaria, y la Corporación Venezolana de Alimentos, además de COMERSA.
Estas negociaciones hubiesen sido de imposible realización en un estado democrático, porque no se trata de corrupción administrativa, sino de corrupción política, donde existen una serie de empresas del Estado y sus filiales que organizaron y financiaron estas operaciones ilegales, entre otras es preciso citar a PDVSA, Bariven, PDVSA Services, PDVSA Agrícola, PDVAL, Vexinca, Transgar, Logicasa, CASA, CVG y Profarca, sin descartar a las almacenadoras Vecina, Transvias y Exggs.
Organizado el negocio por los comitentes, la corrupción requería de la eficiencia de unos intermediarios capaces de asegurar que los frutos del cohecho, la prevaricación, las coimas y guevas, fueran depositados o custodiados en el exterior, aquí entran en juego traders, agentes y comisionistas que perfeccionaran la logística de las importaciones fraudulentas, presentándolas a despacho a las aduanas de origen.
En el grupo podrían figurar empresas argentinas, venezolanas, maiameras y cubanas. La prensa ha señalado algunos nombres, por los litigios que cursan en tribunales extranjeros contra filiales nacionales compradoras, Absolut Trading Corp, Exim Brickel, Dexton Validasa, Alox Int.
Colofón.
Cuando el Presidente de la Republica en cadena nacional, esculpa a Rafael Ramírez de cualquier responsabilidad, en el caso de las compras internacionales que generaron el escándalo de los alimentos, medicinas y maquinarias, en realidad está huyendo de su propia responsabilidad, en la corrupción política que ha invalido todos los espacios del régimen. Por primera vez ha perdido la iniciativa, ya no impone la agenda, el desespero y la fuerza lo cercan, huye hacia adelante y no le funcionan las acciones diversivas. Una vez más el magnicidio, Uribe, Chávez Abarca, el Cardenal Urosa, los restos del Libertador, los allanamientos, los presos, las amenazas, los cuentos y las mentiras se le devuelven como un boomerang, y el olor a podrido se le cuela por la chaqueta e impregna la franela roja.
Los índices muestran que el gobierno de Venezuela solo es superado en materia de corrupción por Haití y Somalia. Venezuela es uno de los países menos transparentes del mundo, la información estadística se manipula, los informes del Banco Central se publican tardíamente. A pesar de la cacareada soberanía alimentaria, la producción nacional ha caído estrepitosamente y se depende cada vez mas de las importaciones, el desabastecimiento acelerado de alimentos influye en la inflación. Los sectores más pobres de la sociedad, que Chávez dice representar, son los más golpeados por la corrupción, las encuestas demuestran que sigue en pronunciada caída.
La gente comienza a percibir la participación activa cubana en la planificación, dirección y gestión de empresas de comercio internacional, en el SENIAT, Bolipuertos, compras de alimentos sin licitación y en otras actividades que por ser materia de seguridad nacional y soberanía, debían estar reservadas a connacionales. La guinda de la torta de la corrupción es la participación como asesores energéticos del Presidente, de los comisionistas internacionales De Vido y Charco ‘e Sangre y la presencia del Ministro de Salud de Cuba dirigiendo en el país los servicios sanitarios y la femme fatale Bárbara Castillo, Ex ministro de Industria y miembro del Comité Central del PCC, a cargo de la seguridad alimentaria..
La Fiscal no hace nada, y como dice Mercedes De Freitas “para que haya una denuncia por corrupción la gente tiene que estar enterada de cómo se maneja el dinero de todo. Si el Estado no entrega esos datos, la contraloría social será solo un enunciado sin contenido”. Si se quiere investigar con seriedad, no puede haber protagonismo mediático, pescueceo judicial, o cálculo electoral. La lucha contra la corrupción política debe ser ajena al voluntarismo, requiere inteligencia , conocimiento y experiencia, este caso debe ser el inicio de la lucha para asegurar que no habrá impunidad con todos los delitos que no prescriben. Ese es el camino, esa es la meta.
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