El grave episodio ocurrido hace ya un par de semanas atrás por los asentamientos de sectores marginados en terrenos públicos y privados, originó un fuerte enfrentamiento entre el gobierno Nacional y el de la CABA.
Independientemente del enfrentamiento entre ambos gobiernos por la forma más efectiva de solucionar el problema, se evidenció claramente conceptos ideológicos totalmente contrapuestos.
En el comienzo de los hechos, llevados por la gravedad de la situación, el gobierno Nacional se vio llevado por la realidad, a sentarse en la mesa de negociaciones con el gobierno de la Ciudad.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, principal responsable de este trágico episodio, vociferaba y agraviaba cada vez que abría su boca, tuvo finalmente que aceptar, por la situación originada por su propia incapacidad, acordar con la persona que había denostado e insultado poco antes.
Y cuando dos partes se sientan a negociar es altamente probable que se alcance un acuerdo.
Y el acuerdo, como no podía ser de otra manera, se alcanzó fijando puntos de coincidencia.
Consistía básicamente en no premiar con algún plan social o título de propiedad a aquellos que hayan cometido una usurpación, como sostenía el oficialismo. Pero duró únicamente para el caso de Villa Soldati. El gobierno quería salir de la situación creada por su incapacidad. Como lo hace usualmente no cumplió luego lo acordado y anunciado públicamente.
Cuando la situación regresaba a la normalidad, el gobierno tuvo que reconocer que los límites de la seguridad urbana estaban siendo ampliamente superados, y en el medio del conflicto, decidió crear un Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré.
La creación de este nuevo ministerio era el claro reconocimiento de la gravedad de la situación que se venía arrastrando desde hace largo tiempo y que era sistemática y tozudamente negada por el gobierno. Pero las medidas iniciales de la flamante ministra fueron altamente desacertadas.
Cargó públicamente contra Macri, desoyó sus advertencias que esta situación se iba a extender como un reguero de pólvora en otros lugares geográficos y ridículamente dispuso que la policía que tuviesen enfrentar protestas sociales debiera ir desarmada.
Y efectivamente así ocurrió. En numerosos puntos del país se repetían actos de usurpación de lugares públicos y privados y en los conflictos y la policía hacía el papel de meros muñecos.
La presidente por su parte, en sus discursos habituales, no le asignó la real importancia y gravedad de los hechos que se iban sucediendo, pero paralelamente dispuso desplegar en el conurbano seis mil efectivos de la Gendarmería Nacional. ¿¿??
Las medidas gubernamentales a todas luces de apuro e improvisadas, además de incoherentes, generaron fuerte malestar en la Policía y en la Gendarmería y en gran parte de la ciudadanía.
Reprimir, esa "horrible" palabra que el progresismo quería eliminar del diccionario, significa actuar con violencia y fuerza, justamente la violencia que es propia e indelegable del Estado, contra aquellos que se oponen, hacen caso omiso o no cumplen las advertencias y disposiciones de las autoridades, en algún hecho delictivo o fuera de la ley.
Como precisamente eso es lo que el gobierno demagógicamente se niega hacer, los asentamientos son cada vez más numerosos y algunos llevan casi dos semanas sin que el Estado se haga presente para restablecer el estado de Derecho.
En otras palabras, Cristina en su ineptitud e incapacidad, anuló la intervención del Estado o directamente retiró el Estado del conflicto, razón por la cual los usurpadores se afianzan en sus propósitos. Por otra parte el reclamo de la Justicia para que se restablezca el orden fue ignorado, como tantas otras veces, por las autoridades gubernamentales.
Es la exteriorización de la irracional demagogia del gobierno versus el sentido común de la mayoría de los argentinos, particularmente de los directamente damnificados.
La ausencia del Estado conlleva el peligro que estos hechos tomen una dimensión incontrolable y con una nueva escalada se convierta en una guerra social, de pobres contra pobres.
Las usurpaciones, asentamientos, cortes de ruta, piquetes y escraches están a la orden del día y son cada vez más numerosos y más violentos. A ello se suma varias tumultuosas demandas salariales de diferentes sectores.
La ciudadanía vive en un clima de zozobra, intranquilidad y mal humor.
Cuando el Estado está ausente, la violencia es la que prevalece y se instala en los conflictos.
¿Será lo que este gobierno "popular y progresista" quiere?
alfredo@weinstabl.com.ar
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