miércoles, 10 de noviembre de 2010

TRIBUNA LIBERTARIA.- COMPENDIO OPINÁTICO.- RAUL AMIEL. 10/11/2010. ESCRIBEN ALONSO MOLEIRO, DAVID UZCÁTEGUI Y ENRIQUE PEREIRA

Diputados electos, el país lo está esperando. Alonso Moleiro

Comienza a ser un imperativo: los diputados recién electos deben dejar a un lado las formalidades y las investiduras para hacerse sentir en la calle. Siempre dentro del marco de la ley. Esta solicitud, que ya comienza a escucharse en todos lados, parte de un supuesto que tiene una trágica sencillez: ni es este un momento normal, ni el presidente Chávez parece dispuesto a tomar nota del pronunciamiento del electorado. Un estamento gobernante cada vez más ganado a subordinar los dictámenes de la realidad a los mandatos de la ideología, que ni se va a cuestionar, ni va a descansar, ni va a dejar descansar a los demás.

La distensión que se observa de forma habitual al cabo de todos los procesos electorales en este momento no tiene cabida. estas circunstancia le tienen poorhobido el descanso, sobre todo, al que ha decidido meterse a la política. Jugamos con el calendario en la mano y, de alguna manera, contra reloj.

Miguel Angel Rodríguez, Andrés Velásquez, Enrique Mendoza, Omar Barboza, Juan Carlos Caldera, Ismael García, William Ojeda, María Corina Machado, Alfredo Ramos. Entre muchos otros. Venezolanos valiosos, con muchas cosas qué decir, que de seguro van a aportar volumen y calidad al debate nacional, tienen que comprender que no pueden esperar el protocolo y los modales, los fueros de la investidura, la rigidez de una juramentación para interpretar la profunda angustia ciudadana de esta hora. Están haciendo falta. Tienen que aparecer.

Es necesario dejar de hacer política pensando en el librito. Hablamos de la necesidad de colocarse a la vanguardia de una movilización nacional para defender los postulados de la Constitución Nacional que nos hemos dado los venezolanos por votación popular a partir de 1999. Esos que el oficialismo había hecho suyos y ahora abandona quitándole la careta a lo que no es sino un claro proyecto rupturista. Este llamado vale para ellos, y también para algunos de los candidatos de la MUD que no quedaron electos, pero que, con las inesperadas y excelentes votaciones obtenidas, detentan en este momento un capital político de gran valor. Me refiero a dirigentes como Ramón López, Antonio Ecarri, Pablo Medina y Julio Castillo. Ni ellos ni nadie deben olvidar que, por mucho que sean menos en número en los conteos del Hemicilo, gracias a la trampa de una ley electoral concebida para favorecer los intereses del gobierno, son la expresión de la mayoría de este país.

Expropiaciones, amenazas, cercos colectivos e individuales. Las insólitas y destempladas amenazas de algunos jeraracas militares, con la total anuencia del alto gobierno, que en sí mismos constituyen claros llamados a la rebelión y la ruptura constitucional. Todo eso debe ser enfrentado apelando a la conciencia ciudadana y a los valores que conquistamos como venezolanos el 23 de enero de 1958.

Fiscalización, cuestionamiento, observancia, denuncia, canalización de demandas ciudadanas. Casi se nos ha olvidado qué quiere decir tener un diputado cerca, con sentido común, conectado a la calle, dispuesto a encrespar los ánimos y denunciar lo punible. Lo que un parlamentario con voluntad y agallas es capaz de aportar en una democracia es lo necesita este sistema con la urgencia de un fármaco para un paciente en terapia intensiva.

Se ha obtenido un resultado electoral satisfactorio, con una cantidad de diputados muy superior a la esperada. Esta circunstancia nos ha hecho olvidar de momento las inocultables fallas organizativas de la Mud; la lentitud y ausencia de contundencia de su mensaje y la enorme lentitud de sus respuestas ante temas que no admiten demoras.

Las amenazas descritas deben ser enfrentadas por una Mud reformateada, que refresque sus organismos decisores colegiados, incorpore a todo el país nacional y le otorgue suficiente autonomía funcional a los partidos. Se ha dicho que en eso trabajan intensamente en este momento. Pues bien: es hora de ir concretando.

No perdamos de vista un aspecto del problema: por mucho que amenace y expropie, el gobierno presenta un serio déficit de gobernabilidad y está comprobando cómo en su despelote e improvisación se le escurre de forma irremediable aquella otrora imbatible popularidad. Las evidencias de desespero son recurrentes. Las declaraciones del general Rangel son el último síntoma.

En la desmovilización gana el gobierno. Con la participación estamos vivos. La tensión que se origine en la lucha cívica que lleve adelante un movimiento nacional combativo pero pacífico fortalecerá la causa de la democracia y terminará por desenmascarar a quienes quieren secuestrarla. La causa de la Constitución, la ley fundamental, el libro rector que regula la vida de los ciudadanos, hace rato que no le pertenece al chavismo.

Este será el robo del siglo. Enrique Pereira

Continuado, descarado y sin control. Cómo extraído de una novela del “Far West” Jessy James luce tal como un infante de pecho -con todo y sus revólveres al cinto- al lado de esta estirpe de forajidos que carga con todo en sus alforjas, en una loca carrera por acabar con lo que queda. Este gobierno expropiador ha venido usando el argumento de una revolución de pueblo para ir paulatinamente arrebatando a la sociedad sus medios de producción y sus propiedades históricas, también la paz, la concordia y la posibilidad de progreso.

Este gobierno permitió que sus secuaces se llenaran de dinero en los bancos boliburgueses, en las casas de bolsa, que ellos mismo promovieron y no ejercieron las necesarias pautas de control, que el estado debe reservarse, para al final, culpar a todo el mundo de una debacle financiera. Se apropiaron de los bancos y si bien han pagado la garantía que establece Fogade, dejaron en el vacio a una inmensa cantidad de compañías y personas que tienen atrapado su dinero en esas operaciones expropiadas. Los seis mil quinientos clientes de Econoinvest no han visto su dinero. Si usted piensa que este gobierno tiene un sistema ordenado para registrar los compromisos que ha adquirido con la expropiación de fincas, bancos, compañías comerciales y casas de Bolsa, se equivoca de largo a largo. Las acreencias que ha tomado exceden cualquier calculo que usted pueda anticipar y no existe ninguna razón para que usted cobre antes que los acreedores de prestaciones sociales, por ejemplo, que llevan un quinquenio esperando. Menos cobraran los promotores de edificios, en los que el gobierno ya asomó que transferiría la propiedad a los compradores.

¿Dónde estaba el organismo regulador y dónde estaba el gobierno que con sus acciones promovió esta debacle financiera? ¿Dónde queda la responsabilidad de un gobierno que incitó públicamente a la caída del Banco Federal, para producir castigo a sus declarados enemigos? ¿Dónde está la justicia que no ha producido el castigo a Fernández Berruecos a Chacón Escamillo y otra larga lista de amigos del régimen que salieron por la puerta trasera? Allá están detenidos, con los más grandes privilegios, en espera de que pase el vaporón para salir a disfrutar sus dineros.

Este es un gobierno que permite que una poblada de camisas rojas se lleve las pertenencias personales de el dueño de una finca, y arrebata esa propiedad sin ningún pago de al menos las bienhechurías, a sus legitimas dueños. Cuando se acaba la justicia, se acaba la razón.
Una nueva diligencia está rodando hacía sus captores. Acabarán con las clínicas privadas, y con ese acto, los venezolanos no tendremos medicina de calidad a la mano. Este estado entiende mal su poder regulador y lo convierte en desordenada intervención que daña más de lo que arregla.
¿Por qué no hicieron lo propio cuando miles de contenedores de comida se podrían en nuestros puertos?

¡Aló, exprópiese! . David Uzcátegui


Indignación, miedo y conmoción ha causado la devastadora ola de expropiaciones que el Presidente de la República ha puesto a correr en los últimos días. En 34 días, 26 empresas pasaron a manos del Estado. Y lo primero que debemos resaltar es que no se trata de expropiaciones en el sentido verdadero del término.

Al mandatario le encanta eso de gritar ¡Exprópiese! en cadena nacional de radio y TV, restregando en los rostros de ciudadanos indefensos cuánto poder tiene, cómo la revolución lo autoriza para saltarse los más elementales principios jurídicos de universal aplicación.

Y vale la pena aclarar primero que nada que la expropiación es una figura legal que sí existe, pero que es muy distinta al enorme disparate que se está haciendo actualmente en Venezuela, un verdadero atropello a la propiedad privada.

La expropiación debe ser con fines de utilidad pública, es decir, que se demuestre que para un beneficio del colectivo es imprescindible disponer del bien expropiable; se decide mediante profundos y serios estudios de especialistas -abogados, ingenieros- quienes documentan el caso. Y finalmente es ejecutada por el Poder Judicial, no por el Presidente.

Por si esto fuera poco, se les paga un precio justo, tras un avalúo, a los afectados. Ninguno de estos supuestos se cumple en el terremoto expropiatorio venezolano. Más bien estamos cerca de las confiscaciones, las cuales no compensan al propietario; pero suponen que son bienes mal habidos. Caso que no tiene nada que ver con lo que hemos presenciado.

El Gobierno comenzó estatizando empresas privadas eficientes como La Electricidad de Caracas y Cantv. Una decisión cuestionable, dada la manifiesta impericia del Estado para administrar empresas y el deterioro del servicio que suele venir tras estas decisiones. Sin embargo, el régimen alegó "razones de seguridad", que suelen ser la justificación de acciones de este tipo. Está bien, al menos se compraron las empresas, se pagó.

Pero es tal la voracidad, el ansia de poder, la soberbia y el deseo de venganza, que no fue suficiente. Había que echarle el guante a más y a más y a más. Y el dinero no alcanzaba. Por mucho que nos entre gracias al petróleo, es también mucho lo que se va en mantener la grosera estructura clientelar de la burocracia gubernamental y en hacerle propaganda a la revolución por el mundo, en comprar aliados, en mantener franquicias revolucionarias en otros países. Por eso, lo que se quiere se toma y ya.

Las excusas para las más recientes expropiaciones -vamos a llamarlas así- son insólitas. De Owens Illinois, prestigiosa empresa multinacional fabricante de vidrio, se dice que explota a sus trabajadores. De los complejos habitacionales tomados a la fuerza, se asegura que iban retrasados en su construcción.

Para ninguno de los casos expuestos, la vía era la expropiación o confiscación. Existen instancias legales, cuando los países funcionan como debe ser. Existen fallos judiciales para ordenar lo que hay que hacer. Existen multas. Nada de eso se hizo aquí.

Si el retraso en las obras es excusa para expropiar, entonces hay que tomar el Bus Caracas, por ejemplo. Y si los atropellos a los trabajadores son excusa para expropiar, vamos a preguntarle a los empleados públicos que no pueden tener sindicatos, qué piensan.

Desde hace rato el cemento y las cabillas están en manos del Gobierno; pero la construcción se encuentra peor que nunca. Que para muestra baste este botón. El delirio del Gobierno nos lleva a la ruina como país.

raulamiel@gmail.com

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