LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA. JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE

Pareciera que ha pasado mucho tiempo desde que las protestas contra la censura, el cierre de RCTV y la violación de la libertad de expresión, llenaban parte de nuestra cotidianidad. Al igual que eran tan comunes y frecuentes las manifestaciones estudiantiles en toda Caracas, que ya nadie las notaba aunque le pasaran por un lado.

Eran años en que el gobierno se jactaba de su buen talante democrático enfrentando las críticas de quienes lo tildaban de dictadura o cuasi dictadura. Hasta Moratinos, el canciller de España en aquel entonces, se atrevió a calificar de normal la libertad de expresión en Venezuela.

Los casos, aunque aislados, de manifestantes, incluidos policías, dirigentes sindicales o gremiales, identificados con la oposición, que fueron víctimas de la represión, detenidos y que actualmente se encuentran presos, fueron en alguna forma ejemplarizantes.

Que duda cabe, el régimen sabe dosificar la represión y mandar mensajes a la población. Fue entonces, que nos dimos cuenta que la vinculación de algunos protagonistas de la protesta pública con determinados actos delictivos era una forma de hacer política; una manera de represión sofisticada, que utilizaba a la ley y a los jueces, dos pilares del estado de derecho, en contra de la ciudadanía. Un viejo resabio de los gobiernos autócratas y de las dictaduras militares de antaño.

Esta criminalización de la protesta, que utiliza la ley contra sí misma, convirtiendo en delito la libertad de expresión política, acaba de tener dos nuevos ejemplos. Nos referimos a los casos de Miguel Ángel Hernández y de los usuarios del Metro de Caracas.

El primero ocurrió a principios de año, en un estadio de beisbol de Margarita, durante la Serie del Caribe, cuando al dirigente de Voluntad Popular se le ocurrió vestir una franela con una expresión que señalaba su descontento y desdén con la revolución de Hugo Chávez. Claro que la forma de decirlo, fue lo que no gustó, pues en la frase que le ha dado la vuelta al mundo, y si no, la terminará de dar dentro de poco, se utiliza el verbo defecar en su acepción más común, popular, y si se quiere vulgar. Pues resulta ahora, que se le seguirá un juicio a Miguel Ángel por el delito de insultar a los jefes del gobierno encargados de hacer la revolución. Más allá de la falta de fundamento jurídico que tiene semejante acusación, pues la revolución no es una institución o entidad pública que aparezca señalada en el Código Penal, y de que los delitos de vilipendio y ofensa a la majestad o imagen de los poderes públicos hayan sido execrados de las leyes penales del mundo moderno, lo que va a recordar la opinión pública es el atentado que este juicio penal supone contra la libertad de expresión ciudadana y el derecho a la critica política que tienen los votantes.

El segundo, mucho más reciente, se dio en la estación de Propatria, donde un grupo de impotentes usuarios, cansados del constante abuso que sufren en el Metro de Caracas, manifestaron su malestar y descontento contra el pésimo servicio, y la burla, añadiría yo, que supone tratar de utilizar el transporte subterráneo a diario. Este caso es quizás más significativo que el anterior, pues no se trata de una protesta política propiamente dicha, al menos directa, contra el jefe del Gobierno o el Ejecutivo Nacional. Por el contrario, se trata de gente de pueblo, de un colectivo que manifestó su malestar con un servicio publico que es de vital importancia en una ciudad saturada como Caracas y que debe usar necesariamente. Treinta y tres personas resultaron detenidas por la acción policial que acabó violentamente con la protesta y que los llevó a un tribunal penal de control donde fueron indiciados por "terrorismo, asociación para delinquir y alteración del orden público". Actualmente, se encuentran en libertad.

Esperemos que estos casos, que junto con los otros ya conocidos han copado la escena de estos doce años de gobierno, sean recordados algún día, cuando se escriba la historia de la protesta política en Venezuela.

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