Sabiendo la dificultad de extraditar a España al etarra deportado a Venezuela en los años ochenta, Arturo Cubillas Fontán, por ser ciudadano venezolano, el juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, dio un paso decisivo y pidió al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que solicite al de Hugo Chávez revocarle la nacionalidad y extraditar a quien hoy aún trabaja como funcionario público del gobierno bolivariano. Al inculpado no se le ha apartado de su cargo en el Ministerio de Agricultura y Tierras porque el Ejecutivo nacional considera que “hay que esperar a que terminen las investigaciones para aclarar si existe una vinculación entre él y la banda terrorista ETA”.
Sin duda, la solicitud sugerida por el juez Velasco sería la más correcta, la menos costosa en términos de imagen política para el gobierno español y la más probable, no tanto porque Miguel Ángel Moratinos ─quien hace pocos días aseguró en forma tajante que Cubillas podría juzgarse sin ser extraditado─ salió de la cartera de Asuntos Exteriores, sino porque el ministro del Interior y ahora también vicepresidente primero y portavoz del gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que cursarían la solicitud formal a las autoridades venezolanas inmediatamente después de la petición del juez.
Sin duda, la solicitud sugerida por el juez Velasco sería la más correcta, la menos costosa en términos de imagen política para el gobierno español y la más probable, no tanto porque Miguel Ángel Moratinos ─quien hace pocos días aseguró en forma tajante que Cubillas podría juzgarse sin ser extraditado─ salió de la cartera de Asuntos Exteriores, sino porque el ministro del Interior y ahora también vicepresidente primero y portavoz del gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que cursarían la solicitud formal a las autoridades venezolanas inmediatamente después de la petición del juez.
La presión doméstica por una extradición, en particular por parte del Partido Popular y organizaciones civiles de derechos humanos, junto a las evidencias que aparecen cada día sobre el nexo y labores ilícitas de Cubillas con la ETA y otros grupos terroristas del mundo, son factores difíciles de soslayar para el Ejecutivo español y para la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez.
En todo caso, lo que sí parece poco probable es que el gobierno venezolano le responda positivamente al español y revoque la nacionalidad a Cubillas para luego extraditarlo, pese a que la propia Constitución venezolana contempla esa posibilidad ante un posible fraude de ley. La línea oficialista de Venezuela ha sido clara desde un principio: acogerse al Tratado de Extradición suscrito entre Venezuela y España en 1990 aún vigente, cuyo artículo 8 señala que si la parte requerida no extradita a una persona por poseer la nacionalidad de ese país, deberá someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente. De allí que desde el presidente Chávez, pasando por la fiscal general Luisa Ortega Diaz y hasta el embajador venezolano en Madrid, Isaías Rodríguez, hayan asegurado que el presunto entrenador de etarras en territorio venezolano será investigado, mas no extraditado, pese a haberse dictado una orden internacional de busca y captura en su contra. Pero lo más grave, en mi opinión, es que también es poco probable que Cubillas sea investigado en forma imparcial y finalmente juzgado por los actuales tribunales venezolanos, los cuales son uno de los más desacreditados del continente americano. La justicia venezolana bajo el gobierno de Hugo Chávez ha sido la más cuestionada de la historia venezolana contemporánea por organismos e informes internacionales de las Naciones Unidas; el Parlamento Europeo; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la organización Human Rights Watch; y varios colegios de abogados de América Latina. Dentro y fuera de Venezuela, prospera la desconfianza en un sistema de justicia evidentemente polítizado y sin autonomía.
El inicio de lo que seguramente será un largo proceso de investigación (y tal vez de juicio) de Cubillas en Venezuela, pondrá al gobierno de Rodríguez Zapatero en una posición más débil y desventajosa ante su país y la opinión pública mundial. Y ello, más otros casos no resueltos como la expropiación y militarización en Venezuela de la empresa canaria Agroisleña, terminarán por afectar lo que el ex canciller español Moratinos y el embajador venezolano en Madrid Isaías Rodríguez consideran “las mejores relaciones bilaterales del mundo”.
Maria Teresa Romero
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