miércoles, 15 de septiembre de 2010

EL OBSCURO NEGOCIO DEL CONTRATO DEL METRO. FREDDY RÍOS RÍOS.

No me hace falta el Gulag, Camboya o Europa para sospechar que una izquierda ideológica puede encubrir una política fascista y una moral espúrea. Tomas Abraham.

Después de Pudreval, Chávez y su gente no tienen compón, los casos de corrupción florecen como espinito, y todo arranca cuando convirtió a PDVSA en la pulpería del régimen, estaba

consciente en el año 2002 que la espita a la corrupción, abierta y sin freno, se expandiría por el régimen. PDVSA se convirtió en Putrevsa, sin control alguno por parte del Auditor Interno, la Contraloría General y los auditores externos, se convirtió en una caja negra inauditable, fuente primaria de la corrupción política que se cuela por todas las rendijas de la administración y en especial del alto gobierno.

La importaciones y las contrataciones externas, los desconocidos acuerdos comerciales suscritos, abrieron además la participación de altos funcionarios de gobiernos amigos, traders, comisionistas y agentes, que participaron y participan activamente en el Festín de Baltasar. Ali Baba y los cuarenta l

adrones son unos niños de pecho, comparados con la mafia que gobierna.

La estatización de empresas nacionales y extranjeras, la emisión de bonos de la república, la importación de viviendas, alimentos, plantas industriales completas, medicamentos, dotación de hospitales, triangulaciones, contratos de construcción otorgados sin licitación a empresas nacionales e internacionales y compras militares conforman una vasta telaraña de negocios sucios como no se había visto en la historia de la república.

Todos los males del país y especialmente la inseguridad, la inflación, la pobreza, el desabastecimiento, el deterioro de la red educacional y asistencia pública, el desempleo, son básicamente consecuencias de la corrupción en su sentido más amplio, como lo define la propia ley.

El Caso Gürtel.

La Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abrió una investigación por una supuesta trama de corrupción, como consecuencia de la Operación Gürtel adelantada por los investigadores españoles. Entre las investigadas se encuentra la empresa Constructora Hispánica, que ha realizado diferentes obras en muchas comunidades de ese país, y está siendo investigada por su presunta vinculación con el denominado “caso Gürtel” y la trama de cobros ilegales, de facturas falsas, financiamiento político ilegal y posible legitimación de capitales, montada por el empresario Francisco Correa, con estrechos vínculos. El presidente de Construcciones Hispánicas, ha sido llamado a declarar en varias oportunidades y Alfonso García Pozuelo, directivo de la misma ha sido imputado por el supuesto pago de 1,6 millones de euros a la organización que dirigía Correa.

La Agencia Tributaria española sostiene que por corrupción, sólo en el año 2003, Constructora Hispánica pagó al menos, 600.000 euros, a través de empresas de maletín que emitían facturas falsas y que además dispusieron el dinero en efectivo en billetes de 500 euros, de las cuentas bancarias de la sociedad. La Agencia Tributaria, el SENIAT español, asegura que no conoce el destino de estos flujos de tesorería maquillados, que se declaran pagados a personas intermediarias vinculadas al entramado de corrupción.

Se ha iniciado en ese país una investigación judicial por la trama de corrupción política, a cual se le atribuye vinculación con el PP, la cual se ha iniciado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la mira en el pago de comisiones por la adjudicación de obras públicas. Parte de esas comisiones, según los indicios, podrían haber llegado a la tesorería del PP.

Enrique Carrasco y Alfonso García Pozuelo son nombres que surgen en los documentos de contabilidad requisados en el curso de la operación judicial contra red de corrupción que dirigía Francisco Correa, ya imputado. Sus nombres figuran vinculados al supuesto pago de comisiones ilegales, que se compartían entre los participantes del tinglado de corruptelas mediante la adjudicación de contratos.

Alfonso García Pozuelo, también ha sido imputado. Es presidente de la Constructora Hispánica - parte del consorcio de la rehabilitación del Metro- y canceló, según la investigación, 925.000 euros a la organización dirigida por Francisco Correa.

El grupo Essentium, controlado por la familia Monje Tuñón, ha volatilizado la identidad de Constructora Hispánica y la ha rebautizado como Assignia Infraestructuras, un portavoz de esta empresa en declaraciones dadas recientemente en Caracas, como repuesta a la rueda de prensa donde se denunciaron las irregularidades de la contratación, afirmó que ello, era un simple cambio de nombre, que en nada modificaba el contrato suscrito entre el Consorcio y el Metro. Vale señalar que tanto Construcciones Hispánicas, como Assignia, tienen el mismo domicilio en Madrid.

El Contrato del Metro.

Recientemente un grupo de ex Ministros y un ex Contralor General de la Republica, denunciaron las posibles irregularidades en la contratación por adjudicación directa a un Consorcio constituido en Madrid el 25/09/2008, del contrato para ejecutar la rehabilitación de la Línea 1 del Metro por la cantidad de US$ 1.863 millones. Los fondos serian provistos por FONDEN, incluyendo un adelanto de US$ 200 millones.

Para la rehabilitación de dicha línea, el Ministro de Infraestructura, presentó al Presidente de la Republica el Punto de Cuenta en cual fue aprobado. En el mismo ha debe estar anejo, el Acto Administrativo, que motiva la aprobación, con los particulares y características relativas al carácter vinculante del mismo. El 03/04/2008 el Ministro de Infraestructura, teniendo como sustento la aprobación del Presidente, aprueba la contratación por adjudicación directa, ignorando las actuaciones legales que había suscrito tanto en la promulgación, como en la modificación de la Ley de Contrataciones, las cuales generan per se, responsabilidad penal, civil y administrativa.

Debe destacarse que en el ínterin, el 10/03/2008 el Presidente aprobó en consejo de Ministros, la publicación de la Ley de Contrataciones Públicas, la cual derogó la Ley de Licitaciones. Quince días más tarde el 25/03/2008 se modifica y ordena la reimpresión de dicha Ley. Es de hacer notar que la Disposición Transitoria Primera de la misma, prorrogó la vigencia de la prohibición de las adjudicaciones directas. Es decir, que la adjudicación al consorcio español del contrato de rehabilitación del Metro, violaba una disposición expresa de la nueva Ley, modificada a la carrera.

El 25/09/2008 se constituyó en Madrid una Unión Temporal de Empresa (CONSORCIO), entre las cuales participaba Constructora Hispánica, empresa que desde el año 2007 se vinculaba a la trama de corrupción del empresario Francisco Correa, que estaba siendo investigada dentro de la Operación Gürtel, y el cual podría tener alguna conexión con el caso conocido como operación Astapa.

Ocho días después de la constitución del consorcio en Madrid, el 03/10/2008 se firma en Caracas el contrato MC-4094, entre el Metro de Caracas y el consorcio constituido ocho días antes. Sin duda alguna la administración chavista tiene una aventajada escuela de negocios Robolucionarios. Es la eficacia del descontrol como política de un régimen que no tiene institucionalidad, porque los órganos de control son dependientes de la hegemonía militar, y están a cargo de una sargentería obsecuente y cómplice.

Un Contrato Chimbo.

Para la fecha en que el Presidente de la Republica tomó la decisión de iniciar el procedimiento, estaba vigente la Ley de Licitaciones, en consecuencia el contrato de marras se regía por esa ley y no por la Ley de Contrataciones Públicas, aun cuando el sustento de la adjudicación directa era la urgencia de realizar la rehabilitación de la línea 1, con una empresa que no existía, cuando el Presidente, el Ministro de Infraestructura y el Presidente del Metro toman las respectivas decisiones administrativas.

El Acto Administrativo motivado que dio inicio al proceso adjudicatario en forma directa, se presume inexistente, porque resulta casi increíble que el total del contrato y los 200 millones de dólares de adelanto existían, estaban determinados, calculados, ofertados, 240 días antes que existiese el consorcio (UTE). Milagros de la necrofilia o premonición de paleros para los negocios redondos, “Hecho en Socialismo”.

Llama la atención además, que el argumento de “urgencia” para la adjudicación directa, pareciera ser la regla de oro de las contrataciones del régimen, dando un plazo de tres años y seis meses, y cuatro años para la ejecución de las obras, a los cuales si se añaden los retardos propios de las empresas militarizadas como el Metro de Caracas C.A., se podrían convertir en cuatro años y cuatro años ocho meses. Esa urgencia reglamentaria solamente es eficaz cuando se la aplica Cilia a las focas de la Asamblea Nacional. Aquí y ahora no hay urgencias, solo negocios particulares y destrucción galopante de toda la infraestructura del país, despilfarro de recursos, falta de mantenimiento y corrupción.

También abre un cúmulo de interrogantes el hecho que ni el Ministro, ni el Presidente del Metro, ni las Consultorías Jurídicas de ambos entes, ni la Procuraduría General de la Republica, así como ninguno de los abogados que participaron en la redacción y revisión del contrato se diesen cuenta de la vigencia, por efecto de la disposición transitoria de la Ley de Licitaciones en materia de adjudicación directa. ¿Dónde estaba el Procurador General?

Con las perlas de este contrato se puede hacer collares para adornar la corrupción del régimen. A titulo ilustrativo se pueden formular preguntas, que requieren respuestas del régimen y especialmente de la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría: ¿Si no existía el consorcio, como se pudo precisar el monto ofertado por la realización de la obra? ¿Es una coincidencia feliz que el monto contratado sea el mismo que se colocó en el acto motivado? ¿Hay urgencia para la realización de una obra cuando el plazo de ejecución del contrato es de tres años seis meses a cuatro años o de cuatro años a cuatro años y ocho meses? ¿Es posible que el Ministro de Infraestructura, que firmó en el Consejo de Ministros, tanto en la Ley de Contrataciones Públicas como su modificación, siete días después, no se haya dado cuenta de la Disposición Transitoria Primera? ¿La Procuraduría General de la Republica no revisa los contratos de interés público, que el país suscribe con empresas extranjeras por cantidades milmillonarias? ¿Ningún funcionario investigó en internet el historial de las empresas que formaban el consorcio? ¿Los servicios de información del estado Venezolano no tenían ninguna información del escándalo Gürtel? ¿No llamó la atención que la empresa COBRA, integrante del consorcio, tiene un capital pagado de 31 mil euros? ¿Existe un contrato de fiel cumplimiento que proporcione garantías a la Republica? Si el Presidente aprobó en la cuenta del Ministro US$ 200 millones, ¿por qué en el contrato aparece un adelanto de 100 millones? ¿Quién pulverizó los 100 millones y donde está la diferencia? ¿Fue una equivocación de buena fe o una sobrefacturación? ¿El contrato tiene efectos retroactivos? ¿La retención de un porcentaje pagado por cada evaluación otorga a la Republica una garantía de fiel cumplimiento? ¿Cuál es la tasa de cambio aplicable al contrato, dadas las modificaciones que ha sufrido el valor de las divisas? ¿Por qué todas las clausulas del contrato favorecen al contratista?

Las repuestas a estas interrogantes debe ofrecerlas el gobierno. Mientras el pesado silencio de la impunidad pasea los pasillos de los tribunales, mientras la justicia se ponga en manos de militantes de la obediencia debida, mientras los 3 chinos de PDVAL sean los responsables de Pudreval, el país seguirá dando tumbos, barranco abajo, hasta que se construya una nueva mayoría, capaz de entender el reto, que es necesario construir entre todos una unidad convencida que el fascismo estalinista debe ser derrotado democráticamente.

El contrato para la Rehabilitación de la Línea 1 del Metro, sin duda es producto de la desviación del desdichado precepto leninista, que los sindicatos son la correa de transmisión entre las masas y el partido, sustituido por la práctica somocista que la corrupción es la correa de transmisión de la robolución militarista.

Freddy Rios Rios.

friosrios@gmail.com

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