El régimen venezolano tiene como objetivo acabar con todos los espacios característicos de la democracia y de la verdadera participación ciudadana, es por esta razón que ahora ha emprendido una cacería de brujas contra las organizaciones no gubernamentales (ONG)
Una de las ONG que más se ha destacado en el campo electoral es SUMATE, que ha estado involucrada en todos los eventos referendarios y electorales,
a partir del Referéndum Consultivo para pedir el Revocatorio del Presidente Chávez.
Debido a que SUMATE, se ha dedicado a estudiar las Leyes que rigen los procesos electorales en Venezuela, que es una organización sumamente seria que goza de credibilidad en la ciudadanía, que hace los debidos reclamos con toda responsabilidad y muy bien fundamentados, el gobierno la ha emprendido contra la ONG.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 16 de la Convención Americana de los Derechos Humanos "Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás".
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA, ha fijado que cualquier límite a las agrupaciones civiles debe respetar lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos.
SUMATE, al igual que otras ONG ha ejercido su derecho con fines totalmente lícitos y democráticos, han recibido financiamiento del exterior, lo cual también está cubierto por la citada Convención del organismo Panamericano (OEA).
Lo anterior molesta al Ministerio Público que realiza investigaciones sobre el recibo de estos fondos por parte de las ONG, olvidando dos asuntos relevantes A) que si ha habido un gobierno interventor en los asuntos internos de otros países este ha sido el gobierno revolucionario de Venezuela. B) Que en la Asamblea Nacional reposa el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, el cual establece que todos los recursos que reciban las organizaciones y agrupaciones civiles deben ir a un fondo que administrará el Ejecutivo, el cual lo distribuirá posteriormente.
Es decir si se llegara a aprobar la Ley de Cooperación Internacional y el Ejecutivo manejara los fondos a los que han aplicado las ONG, esos fondos dejarían de ser para las ONG que cualificaron para recibirlos, sino que pasarían a ser administrados por el Ejecutivo, que los repartiría a discreción. Automáticamente esta “viveza” por parte del Ejecutivo, dejaría de ser un “atentado que podría calificar como traición a la patria”, para transformarse en un “límpido” proceso de cooperación. Todo depende pues de quien administre los fondos, si es el Ejecutivo son bienintencionados, si se trata de una ONG independiente del gobierno entonces son malintencionados.
Por supuesto el Caso de SUMATE fue llevado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia en la cual Francisco Carrasquero (Si, el mismo que siendo “neutral” se suponía representaría en el Consejo nacional Electoral (CNE) el equilibrio entre el oficialismo y la oposición en el Referéndum Revocatorio Presidencial, quien luego dejaría ver con toda “tramparencia”, cual era su verdadero color. Luego de su “tramparente” gestión, fue premiado con el nombramiento como magistrado en este “magno” Tribunal, entonces ya sabemos cual es el tipo de sentencia que podía esperarse de tan inefable magistrado.
La Sala Constitucional del TSJ, en su fallo número 796, del pasado 22 de julio, 2010, mediante una sentencia redactada por Carrasquero “puso en duda la legalidad de las actividades de la asociación civil, luego de que uno de sus integrantes reconociera que sus planes y proyectos son financiados por la National Endowment for Democracy (NED), fundación que depende del Congreso estadounidense”.
El TSJ rechazó una demanda interpuesta por SUMATE hace más de un año contra el referendo donde se aprobó la reelección indefinida, por considerar que está sometida “a la línea de actuación “del Gobierno de Estados Unidos y que representa los intereses de este último y no los de un grupo de venezolanos.
En la sentencia se afirma: los fondos recibidos por Súmate son "una típica manifestación de la política intervencionista de una potencia extranjera", la cual busca "incidir en los asuntos internos del Estado venezolano, toda vez que la aportación de recursos, es sin duda, una de las modalidades a través de las cuales se sirven los distintos centros de poder (entre ellos otros estados), para el fomento de sus intereses, incluso, fuera de sus fronteras".
Indudablemente Carrasquero se olvidó de los cientos de millones que ha regalado el primer mandatario venezolano alrededor del mundo para expandir su revolución, o, quizás lo recuerda muy bien y por eso se refiere a las modalidades aplicadas por los diferentes centros de poder.
La Sala agregó que el financiamiento que reciben las ONG por parte de instancias foráneas las hace dependientes y "las somete a la línea de actuación que determina el financista para que continúe la asignación de los fondos". (Evidentemente Carrasquero se olvida de Petrocaribe y del ALBA)
El máximo juzgado, en su dictamen, recordó que el recibir recursos de Estados extranjeros "con la intención de emplearse en perjuicio de la República, los intereses del pueblo, actos políticos o sociales, económicos etc., podría eventualmente configurar el delito previsto en el artículo 140 del Código Penal". Dicha norma se refiere al delito de traición a la patria.
También en este caso Carrasquero olvida que SUMATE defiende la transparencia electoral, el respeto a las condiciones electorales que constituyen los derechos políticos de los venezolanos, que garantizan que el voto sea verdaderamente para elegir Cabe preguntarle al magistrado ¿Si defender la transparencia electoral es un delito, qué es entonces, el abominable fraude electoral?
El magistrado Pedro Rondón Haaz fue el único de los seis miembros de la Sala que salvó el voto. Rechazó el fallo que tilda a Súmate de agente de EEUU. Dijo que la Corte pidió a Venezuela "abstenerse de restringir los medios de financiación de las organizaciones de derechos humanos y deben además permitir y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos extranjeros...". Rondón Haaz cree que sus colegas faltaron a sus obligaciones (Diario El Universal)
Ricardo Estévez , representante de SUMATE declaró a Unión Radio que, "las formas de financiamiento son un mecanismo que está claramente establecido en leyes que rigen a las ONG, incluso está establecido en el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la protección a las organizaciones civiles, justamente para que reciban este tipo de financiamiento".
Simplemente lo que quiere el régimen es confiscar todos los espacios y derechos que impliquen libertad para la nación.
mechemon99@yahoo.co.uk
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